Santos Requena Carreon

Expediente 693/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
693/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Santos Requena Carreon

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Autoridad devuelve exhorto Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estadio de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ... por lo que una vez que transcurra temporalidad, se acodará lo que en derecho resulte procedente.

  2. Principal

    ... Vista la certificación secretarial ... solicítese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, que de no existir impedimento legal dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído informe el resultado de la diligencia solicitada y devuelva a este juzgado la comunicación oficial en comento, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para hacerlo.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de partes. Por recibida la demanda de amparo promovida electrónicamente por ***, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales S. R. M., contra el acto que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, en el Estado de San Luis Potosí, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 693/2022. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Desechamiento. Del análisis de la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte que se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de cuenta carece de firma electrónica y autógrafa de Santos Requena Carreón, lo que trae como consecuencia que se deba desecharse. Los referidos artículos 61, fracción XXIII y 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". De la lectura del segundo precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado, salvo los casos de excepción; esto es, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "instancia de parte agraviada" previsto por el artículo 107 Constitucional, fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Principio que reproduce el artículo 6 de la Ley de Amparo, pues señala que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; lo que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En ese sentido, la persona física que sea parte en un procedimientos jurisdiccional, expresará su voluntad a través de la firma que plasme en los escritos con los que comparezca en éstos; formalidad indispensable para dar curso a su escrito de petición; y cuando no sepan o no puedan firmar lo hará otra persona a su ruego; sin embargo, imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Siguiendo esta línea de pensamiento, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece la posibilidad promoverlo mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando una firma electrónica cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal; órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. De ahí que, la firma electrónica es un requisito esencial y necesario en los procedimientos presentados en línea para acreditar la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento; y en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En el caso a estudio, de la simple observación del escrito que se provee se advierte que no obra la firma autógrafa ni electrónica del promovente Santos Requena Carreón; por lo que, al carecer de ella dicho ocurso no tiene ningún valor; en consecuencia, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo. Tampoco puede mandarse prevenir para que se subsane esa omisión, ni tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se trata de una omisión de los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Sin que, como se advirtió en párrafos precedentes, en el caso, el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que es evidente que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyos casos para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en nombre del directamente agraviado, aunque sean menores de edad; por ello, el asunto no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el arábigo 3º, párrafo último, del citado ordenamiento legal. Sin que se soslaye que, el promovente refiera que acude a la instancia constitucional en representación de su menor hija de identidad reservada identificada con las iniciales S.R.M., argumentando que ésta no puede recibir los alimentos que consigna en su favor; pues, al margen que no aporta prueba, que demuestre aunque sea en forma iniciara que se encuentra en peligro la seguridad física, psicología o emocional de la infanta de mérito, para superar la regla general ante la falta de firma en un escrito de demanda, no es posible soslayar esa carencia para admitir la demanda. Además, no pasa inadvertido para esta juzgadora, que si bien la firma electrónica que aparece en la demanda de mérito corresponde al autorizado de la parte quejosa; sin embargo, como se mencionó en párrafos precedentes, el juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada electrónicamente a nombre de Santos Requena Carreón, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales S. R. M. Notificación Toda vez que en el escrito de demanda se señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Hinojosa esquina con Cristóbal Colon Sur número 653, de la colonia Guadalupe Mainero, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con fundamento en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al promovente, hecho lo cual deberá devolver lo actuado por la misma vía. Notifíquese y por exhorto al promovente.

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