Santos Quijada Urban

Expediente 1449/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1449/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Santos Quijada Urban

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DESTRUIBLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega serán destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1449/2022-VI, promovido por Santos Quijada Urban, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Santos Quijada Urban; auto admisorio de seis de diciembre de dos mil veintidós, e informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada de diversas documentales deducidas del expediente laboral 196/2018. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1449/2022-VI, promovido por Santos Quijada Urban, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Santos Quijada Urban, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que precisó en su demanda; el que consideró violatorio de sus derechos fundamentales. SEGUNDO. Trámite. El seis de diciembre de dos mil veintidós la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 1449/2022 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado correspondiente; se ordenó emplazar al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza laboral y porque tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, de la demanda de amparo y de la ampliación de ésta, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable Actos reclamados Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. ? El acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 196/2018, en el que se declaró el cumplimiento total del laudo y se ordenó el archivo definitivo del expediente. No es óbice a la precisión realizada, el hecho de que el justiciable haya señalado como autoridad responsable a la Junta Especial -como órgano colegiado- y no al Presidente de ésta. Habida cuenta de que el que dictó el acuerdo reclamado fue el Presidente de la junta responsable y el informe justificado lo rindió, precisamente este. De igual forma, tampoco es inadvertido que el justiciable señaló como acto reclamado la omisión de vigilar el cumplimiento del laudo. Sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo -particularmente de los conceptos de violación- y de las constancias de autos, se observa que el quejoso se duele de que la autoridad responsable declaró cumplido el laudo y ordenó el archivo. De manera que en realidad controvierte el acuerdo señalado de forma destacada y el acto identificado como omisión, de hecho, es un vicio de inconstitucionalidad que se atribuye al citado acuerdo. Por lo que, en todo caso, si la responsable incurrió en una omisión, debe examinarse como concepto de violación al resolverse el fondo de la cuestión planteada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su respectivo informe justificado el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que se tienen por ciertos. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente 196/2018, exhibidas con el informe justificado y que obran agregadas en autos. Lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. CUARTO. Causal de improcedencia fundada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Definitividad. De oficio se advierte que este juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, al no haber promovido el recurso de revisión contra actos del Presidente ejecutor. En efecto, la porción normativa mencionada establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si el quejoso no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecido. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones. A saber, que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En relación con el acto reclamado -acuerdo dictado por el Presidente ejecutor que declara cumplido el laudo y ordena el archivo- importa recordar que la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, en su artículo 849 establece que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. De modo que este recurso ordinario -en los casos que resulte procedente- debe agotarse antes de acudir a la instancia constitucional. Ahora, para clarificar la procedencia del mencionado recurso de revisión, es pertinente recordar que la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación ha interpretado el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo en diversas ocasiones. Empero, es de resaltarse lo resuelto en la contradicción de tesis 57/2002-SS, en la que sostuvo -en esencia- los siguientes razonamientos: > De los artículos 939, 940, 949 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que la ejecución del laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje, corresponde llevarla a cabo al Presidente. > El análisis sistemático de los artículos 849, 850, 851 y 852 de la legislación federal en estudio, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También, que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas juntas. En la segunda hipótesis, conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. > De los artículos 614, 616, 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, se sigue que es el Presidente de la Junta, y no esta, es quien tiene, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. > Por tanto, los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si el Presidente de alguna Junta declara prescrita la acción para ejecutarlo o se niega a declararlo así, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los Presidentes o Funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. > Es así, ya que una vez que es dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual por disposición expresa de los artículos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde llevarla a cabo a los Presidentes de las Juntas; debiendo entenderse que como la solicitud de que se decrete la prescripción de la ejecución se hace precisamente en esta etapa, es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio Presidente y no a la Junta como órgano colegiado, pues esta última no tiene facultades para ello, toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los Presidentes. > En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el Presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo, ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616. > Lo que se corrobora con la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del Presidente de una Junta, emitidos en el período de ejecución de los laudos; pues el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario, con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral, la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las Juntas, en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo, de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. > Por lo tanto, el precepto no es restrictivo, en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo; sino también a todas aquéllas que aunque no tengan estas características, se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. > Entonces, la determinación del Presidente de una Junta laboral que niega o decreta la prescripción de la ejecución del laudo, es una resolución que aun cuando no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste; sin embargo, se emite en el período de ejecución, lo cual la hace recurrible. Estas consideraciones anteriores dieron sustento a la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 186133, de título y subtítulo: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.". Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral C.D.T. 390/2014-9, través del cual el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala declaró cumplido. En contra de esta determinación, a pesar de que no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste; sí se emite en el período de ejecución, lo cual la hace recurrible a través del mencionado recurso de revisión. Es así, debido a que el referido acuerdo es un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declara su cumplimiento y ordena el archivo del asunto. Sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto Sirve de sustento a la conclusión alcanzada, la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, toda vez que el acuerdo reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revisión de actos del Presidente ejecutor, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable; es dable estimar que en la especie no se cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. De modo que la acción de tutela constitucional resulta improcedente en la medida que la parte afectada -actora en el juicio de origen- estaba constreñida a agotar las instancias ordinarias para remediar la actuación que ahora controvierte. Por lo que al no haberlo hecho, actualizó el motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que no se actualiza alguna de las excepciones que prevé esa misma porción normativa; a saber: - La resolución reclamada no trata sobre actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - El acto reclamado tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezcan providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. - La parte quejosa no es extraña al juicio de origen. - No se reclama un auto de vinculación a proceso. - La procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Sobre este punto, conviene abundar que el hecho de que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, contra el acuerdo que declara cumplido el laudo y ordena el archivo del asunto, esté clarificada por la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no significa que se actualice el último supuesto de excepción a que se hizo referencia -interpretación adicional-; sino que, por el contrario, con motivo del criterio jurisprudencial aludido -de carácter obligatorio tanto para la autoridad responsable, como para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo- se otorga certeza al gobernado sobre la procedencia del referido medio de impugnación. Da cuenta de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO". Así las cosas, al cobrar actualidad la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con apoyo en la fracción V del numeral 63 del ordenamiento invocado, se impone sobreseer en el juicio respecto de la autoridad responsable y acto reclamado precisados. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. En ese sentido, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Santos Quijada Urban, por propio derecho, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo del presente fallo; por los motivos expuestos en el quinto considerando de este. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando del presente fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que transcurre el término establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual se tuvo por rendido el trece de enero del presente año. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintitrés.********************Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; del informe dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.********************Asimismo, téngasele remitiendo a la autoridad responsable copia certificada de diversas documentales deducidas del expediente laboral ********************; documentales que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo.********************Notifíquese.********************

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano