Santos Osiel Castañeda Rivera

Expediente 1031/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1031/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Santos Osiel Castañeda Rivera
  • Congreso del Estado de Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de este año, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Culiacán, dependiente de la Oficina de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual allegó copia certificada de la entrega del cheque expedido a favor del quejoso, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que hiciera pronunciamiento alguno. Por consiguiente, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo de pago con número de folio 11-000627333, de nueve de octubre de dos mil diecinueve, por las cantidades de $**********y ********, expedido a nombre del aquí quejoso(foja 15), en relación con fojas 32 y 33, para el efecto de que le sean devueltas tales cantidades que pagó por la aplicación del artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la parte peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en el referido recibo de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 03, tercer párrafo). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, el citado recibo de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la impetrante de amparo, la cantidad de $1,114.00 (mil ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en el monto total del recibo 11-000627333, de nueve de octubre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $12,252.00 (doce mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones". Mediante oficio SATES-DJ-DAAP-191/2021 de doce de marzo de este año, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Culiacán, dependiente de la Oficina de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, allegó copia certificada de la entrega del cheque expedido a favor del quejoso Santos Osiel Castañeda Rivera, por la cantidad de $14,316.10 (catorce mil trescientos dieciséis pesos 10/100 moneda nacional), anexando al efecto copia certificada del cheque póliza respectivo, que se dice firmado de recibido por el quejoso. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió. Por tanto, de conformidad con en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, remite copia certificada del cheque ********************, de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, por la cantidad de $******************** (******************** 10/100 moneda nacional) a nombre del aquí quejoso ********************. No obstante lo anterior, REQUIÉRASE al Recaudador de Rentas de Culiacán, con residencia en********************, para que dentro del término TRES DÍAS siguientes a la notificación de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. APERCIBIDA que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalada en primer término.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de ocho de febrero de este año, remite copia certificada del cheque ********************, de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, por la cantidad de $******************** (catorce mil trescientos dieciséis 10/100 moneda nacional), a nombre del aquí quejoso ********************. No obstante lo anterior, REQUIÉRASE a la Oficina de Recaudación de esta ciudad, para que dentro del término TRES DÍAS siguientes a la notificación de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. APERCIBIDA que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalada en primer término. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta mediante el cual ********************solicita que se requiera a la autoridad responsable por el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio; al respecto dígasele que se esté a lo ya acordado.

  4. Principal

    REQUIÉRASE nuevamente a la autoridad vinculada con el cumplimiento de la sentencia de amparo, para que informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior. APERCIBIDA; Por otra parte, en atención a lo que solicita el autorizado de la parte quejosa que se requiera a la autoridad, dígasele que se esté a lo ya acordado.

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