Santos Mejia Aviles
Expediente 415/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Santos Mejia Aviles
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida Santa Aurora Mejía Torrejón, por su propio derecho, y en representación de Santos Mejía Avilés; por tal motivo, queda firme el proveído mencionado, para los efectos legales correspondientes. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por tanto, se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del dos de agosto de dos mil veinticinco, toda vez que se concedió la suspensión de plano; de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, en relación con el artículo 18, fracción I, inciso a), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En términos del capítulo quinto, al artículo 15 del citado Acuerdo General, se determina que el presente juicio no es de relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como se precisó en la certificación que antecede. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE LA QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATIRIO DE 2 DE JUNIO DE 2022, SE NOTIFICA LA DETERMINACION SIGUIENTE: Mexicali, Baja California, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el escrito presentado por Santa Aurora Mejía Torrejón, registrado con el número 9508, en cuanto a su contenido, téngasele por desahogada la prevención ordenada en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, provéase lo que en derecho corresponda respecto al contenido de la demanda. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucional, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: Precisado lo anterior, conviene destacar que de la lectura integral a la demanda de amparo y del escrito aclaratorio que se provee, se advierte que la parte quejosa reclama al Director del Hospital General de Zona de la Clínica Número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, los siguientes actos: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE AUTORIDAD SE RECLAME. a) La omisión consistente en no cumplir con su deber legal de brindar una adecuada asistencia médica integral y servicios de salud de calidad, en todas sus formas y niveles a la parte quejosa de nombre SANTOS MEJIA AVILES, para su bienestar físico, mental y emocional. b) La omisión y negativa de realizar los protocolos para brindarle los medicamentos y servicios necesarios para tratar su padecimiento de ANEMIA POR DEFICIENCIA DE PROTEINAS, ASOCIADA A DESNUTRICIÓN Y ENFERMEDAD CRONICA, con el fin de preservar su salud y vida lo más posible. c) La omisión y negativa de realizar los protocolos para brindarle los medicamentos y servicios necesarios para tratar su padecimiento de DERRAME PLEURAL BILATERAL, con el fin de preservar mi salud y vida lo más posible. d) La omisión y negativa de realizar los protocolos para brindarle los medicamentos y servicios necesarios para tratar su padecimiento de FALTA DE PLAQUETAS, con el fin de preservar mi salud y vida lo más posible. e) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en que peligre y esté en riesgo su salud y su vida." De lo transcrito se advierte que la parte quejosa promovió el presente controvertido a fin de combatir diversas omisiones de la autoridad responsable relativas al derecho a la salud del agraviado Santos Mejía Avilés. Ahora bien, al respecto esta Juzgadora advierte que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción III, de la referida legislación, que precisan lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.; [.]" Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; [.]" De los preceptos reproducidos se advierte que además de las causales de improcedencia que señala el numeral 61 de la Ley de amparo, también podrán advertirse éstas, de los diversos dispositivos de la Constitucional Policita de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. Luego, el artículo 63 de la Ley de Amparo, en su fracción III, refiere que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando la parte quejosa fallezca durante su tramitación, únicamente cuando el acto que reclame solo afecte derechos estrictamente personales, dicha disposición coincide con el contenido del artículo 16 primer párrafo de la Ley de Amparo, que a la letra dice (énfasis añadido): "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión." [.] De lo anterior, se puede establecer que para la actualización del sobreseimiento por muerte del quejoso deben de concurrir los elementos siguientes: La muerte del quejoso durante la tramitación del juicio de amparo, y Que el acto reclamado sólo afecte a su persona, es decir derechos estrictamente personales. En el caso, se actualizan ambos elementos. Por lo que respecta al primero, cabe destacar que el autorizado de la parte quejosa, por promoción presentada el dieciocho de abril del año curso, hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que Santos Mejía Avilés había fallecido. En atención a la información proporcionada, por auto de diecinueve de abril de la presente anualidad, se requirió al Oficial del Registro Civil, con sede en esta ciudad, para que remitiera copia certificada del acta de defunción del citado quejoso. En consecuencia, por auto de veintisiete de abril de la misma anualidad, se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción 2125, remitida por la Oficial de Registro Civil 01 del 24 Ayuntamiento de Mexicali, de la que se desprende que el impetrante Santos Mejía Avilés falleció; documental que al ser expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, lo que ponen de manifiesto que, durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, sobrevino la muerte del quejoso. Asimismo, el segundo de ellos se satisface de la propia demanda de amparo y escrito aclaratorio, toda vez que se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia Federal, contra diversas omisiones de la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona de la Clínica Número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, relativas al derecho a la salud del agraviado Santos Mejía Avilés, esto es, omisión y negativa de realizar los protocolos para brindarle los medicamentos y servicios necesarios para tratar sus padecimientos. Por lo que, es inconcuso que los actos reclamados en esta instancia constitucional, sólo afectaban al agraviado Santos Mejía Avilés en su persona, de ahí que no sea posible que, en su caso, subsista algún interés en la continuación del juicio de amparo. Lo que sin duda actualiza la causal de improcedencia establecida en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse la demanda con motivo del fallecimiento del quejoso Santos Mejía Avilés. En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia, procede desechar la demanda por lo que respecta a Santos Mejía Avilés. Por otra parte, respecto a la diversa quejosa Santa Aurora Mejía Torrejón también procede el desechamiento de la demanda de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. [...]" De los transcritos artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprenden dos presupuestos procesales del amparo: a) Instancia de parte agraviada, consistente en que la acción constitucional de amparo, únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad; y, b) Legitimación procesal, que se traduce en que el quejoso podrá promover el amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. En este orden de ideas, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal y el numeral 6, párrafo primero del primer ordenamiento citado, este último interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente si no se promueve a instancia de parte agraviada, o bien, si quien promueve el amparo carece de legitimación procesal. Pues bien, se afirma que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia invocada en virtud de que el presente juicio fue promovido por Santa Aurora Mejía Torrejón por propio derecho y en representación de Santos Mejía Avilés, y como se asentó en párrafos anteriores, el acto reclamado se hizo consistir en diversas omisiones de la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona de la Clínica Número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, relativas al derecho a la salud del agraviado Santos Mejía Avilés, esto es, omisión y negativa de realizar los protocolos para brindarle los medicamentos y servicios necesarios para tratar sus padecimientos; por tanto, es inconcuso que, la afectación se traduce en derechos personales de este último, por tanto no existe instancia de parte agraviada de la primera en mención. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 34/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, página: 1086, de registro digital: 2019390, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." En estas condiciones, al evidenciarse la falta de instancia de parte agraviada en el presente controvertido se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por lo que hace a la quejosa Santa Aurora Mejía Torrejón. Finalmente, glósese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el diverso escrito de cuenta registrado con el número 9509, signado por Santa Aurora Mejía Torrejón, mediante el cual pretende ampliar la demanda de origen, sin embargo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden en los que se estableció el desechamiento de plano de la demanda. Sin que sea obstáculo a dicha determinación de desechamiento, el que la promovente, intentara ampliar la demanda, toda vez que con ello en nada variaría lo antes analizado, esto es así, ya que del contenido del referido ocurso de ampliación, no se advierten nuevos actos reclamados, sino que únicamente se narraron diversos antecedentes, en tal virtud, las causales de improcedencia señaladas con anterioridad quedan incólumes, aun y con el libelo que se provee.
- Principal
Agréguese el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual exhibe copia simple de certificado de defunción expedido por la Secretaría de Salud y del contrato de prestación de servicio de uso inmediato celebrado entre la hija del quejoso y la moral Grupo Gayosso Sociedad Anónima de Capital Variable, referentes a la defunción del aquí quejoso. Atento a lo anterior, con copia simple del certificado de defunción expedido por la Secretaría de Salud, anexado por el promovente, gírese oficio al Registro Civil del Ayuntamiento de Mexicali y Registro Civil del Estado de Baja California, ambos con sede en esta ciudad, a fin de que, dentro del plazo de tres días, informen a este juzgado si cuentan con el acta de defunción a nombre de *********** y, en caso afirmativo, remitan copia certificada de la misma; apercibidos que de no hacerlo así, les será impuesta una multa.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, mediante el cual Ricardo García Chávez, en carácter de apoderado legal de la parte quejosa, desahoga la vista otorgada en proveído de uno de abril del año en curso, por lo que, se le tiene realizando manifestaciones respecto el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, por lo cual, se procederá a verificar si el fallo protector dictado en este juicio ha quedado cumplido. Efectos de la Sentencia Ahora bien, debe decirse que el veintiocho de abrii de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Nadia Alejandra Ruíz Dueñez, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Lleve a cabo el desahogo de las pruebas en el juicio laboral 621/2014-VI del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a fin de que se concluya la etapa probatoria.." Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia A efecto de acreditar el cumplimiento otorgado a la sentencia antes citada, la autoridad responsable remitió auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós dictada en el juicio burocrático de origen 621/2014-VI, mediante el cual, se desprende que otorgó a las partes un término de cuarenta y ocho horas para que presentaras sus alegatos por escrito. Documental que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, analizando las manifestaciones del promovente en el escrito mediante el cual desahogó la vista otorgada con el cumplimiento otorgado a la resolución, se estima que le asiste la razón, esto en razón del contenido del citado auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós remitido por la autoridad responsable, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la sentencia que otorgó la protección de la justicia de la unión. Por lo que no puede declararse cumplido el fallo protector. Aunado a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la mencionada ley, en caso de incumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, haciéndoles saber que el incumplimiento al fallo actualiza el delito previsto en el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la ley de la materia.
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