Santos Mebel Urías Gámez

Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Santos Mebel Urías Gámez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta remitido por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con asiento en esta ciudad; lo anterior, sin efecto legal alguno, toda vez, que por auto de doce de septiembre del año en curso, se ordenó el archivo en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado actual de los presentes autos, de los cuales se desprende que el quejoso , no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida el nueve de agosto de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede a calificar el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos de la sentencia. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: Se cobre a la parte quejosa únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos moneda nacional), por concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, respecto del recibo de pago con número de operación **********, expedido por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la aquí quejosa. Se reintegre la parte que cubrió en exceso. Asimismo, se cobre la cantidad correspondiente al impuesto universitario, tomando como base la tarifa de derechos a pagar una vez aplicado el estímulo a que se refiere el artículo mencionado.". Ejecutoria de la sentencia. El trece de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito se aclaró respecto el punto 1 de los efectos para quedar de la siguiente manera: Se cobre a la parte quejosa únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos moneda nacional), por concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, respecto del recibo de pago con números de operación ***********, expedidos por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la aquí quejosa." En esa misma fecha causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Cumplimiento. Mediante oficios números DJF.-7813-I/2023 y DJF.- 7814-I/2023, el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitió copia autorizada de los cheques respectivamente, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, ambos por la cantidad de $13,850.02 (trece mil ochocientos cincuenta pesos 02/100 moneda nacional), expedido a favor del quejoso y, de la credencial de elector de éste. Documental de la que se advierte que el tres de los actuales, se devolvió al promovente del amparo el excedente de la cantidad enterada por concepto de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado; lo que se corrobora con la copia de su identificación oficial en la que obra su firma de recibido. Así, se tiene que la autoridad vinculada con el cumplimiento realizó la devolución por la cantidad de $27,700.04 (veintisiete mil setecientos pesos moneda nacional); numerario que resulta de restar $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional) -importe estipulado para el derecho recibido- a la tarifa de $16,104.67 (dieciséis mil ciento cuatro pesos moneda nacional) -cobro realizado por el derecho declarado inconstitucional-; multiplicado por dos, que fueron los servicios prestados al quejoso. Luego, la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al oficio número DJF.-12097/-I-2023, adjuntó copia autorizada del cheque *********, de la referida institución bancaria por la suma de $1,662.00 (mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), expedido a favor del quejoso; con lo que acredita la devolución de la cantidad correspondiente al impuesto universitario, tomando como base la tarifa de derechos a pagar declarada constitucional, tal y como se estableció en el último de los efectos precisados en la sentencia. Motivo por el cual, mediante proveídos de veintinueve de junio y veinticinco de julio, ambos del año en curso, se requirió a la parte agraviada para que compareciera ante dicha dependencia a recoger el documento en cuestión; sin que a la fecha haya acreditado dicha circunstancia, aun y cuando en autos obra constancias de que fue notificada de dicha circunstancia. Acto seguido, mediante proveído de nueve de los actuales se dio vista a la parte quejosa, sin que haya desahogado la misma. En consecuencia, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Archivo y valoración documental. En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; así como, en el capítulo Séptimo, punto sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha y transcurrido dicho plazo, procédase a su transferencia. Finalmente, se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado actual de los presentes autos, de los cuales se desprende que el quejoso , no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida el nueve de agosto de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede a calificar el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos de la sentencia. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: Se cobre a la parte quejosa únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos moneda nacional), por concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, respecto del recibo de pago con número de operación **********, expedido por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la aquí quejosa. Se reintegre la parte que cubrió en exceso. Asimismo, se cobre la cantidad correspondiente al impuesto universitario, tomando como base la tarifa de derechos a pagar una vez aplicado el estímulo a que se refiere el artículo mencionado.". Ejecutoria de la sentencia. El trece de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito se aclaró respecto el punto 1 de los efectos para quedar de la siguiente manera: Se cobre a la parte quejosa únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos moneda nacional), por concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, respecto del recibo de pago con números de operación ***********, expedidos por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la aquí quejosa." En esa misma fecha causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Cumplimiento. Mediante oficios números DJF.-7813-I/2023 y DJF.- 7814-I/2023, el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitió copia autorizada de los cheques respectivamente, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, ambos por la cantidad de $13,850.02 (trece mil ochocientos cincuenta pesos 02/100 moneda nacional), expedido a favor del quejoso y, de la credencial de elector de éste. Documental de la que se advierte que el tres de los actuales, se devolvió al promovente del amparo el excedente de la cantidad enterada por concepto de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado; lo que se corrobora con la copia de su identificación oficial en la que obra su firma de recibido. Así, se tiene que la autoridad vinculada con el cumplimiento realizó la devolución por la cantidad de $27,700.04 (veintisiete mil setecientos pesos moneda nacional); numerario que resulta de restar $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional) -importe estipulado para el derecho recibido- a la tarifa de $16,104.67 (dieciséis mil ciento cuatro pesos moneda nacional) -cobro realizado por el derecho declarado inconstitucional-; multiplicado por dos, que fueron los servicios prestados al quejoso. Luego, la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al oficio número DJF.-12097/-I-2023, adjuntó copia autorizada del cheque *********, de la referida institución bancaria por la suma de $1,662.00 (mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), expedido a favor del quejoso; con lo que acredita la devolución de la cantidad correspondiente al impuesto universitario, tomando como base la tarifa de derechos a pagar declarada constitucional, tal y como se estableció en el último de los efectos precisados en la sentencia. Motivo por el cual, mediante proveídos de veintinueve de junio y veinticinco de julio, ambos del año en curso, se requirió a la parte agraviada para que compareciera ante dicha dependencia a recoger el documento en cuestión; sin que a la fecha haya acreditado dicha circunstancia, aun y cuando en autos obra constancias de que fue notificada de dicha circunstancia. Acto seguido, mediante proveído de nueve de los actuales se dio vista a la parte quejosa, sin que haya desahogado la misma. En consecuencia, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Archivo y valoración documental. En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; así como, en el capítulo Séptimo, punto sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha y transcurrido dicho plazo, procédase a su transferencia. Finalmente, se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que mediante proveídos de treinta de marzo, diecisiete de mayo y veintinueve de junio, todos del año en curso, la autoridad vinculada con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Sin que la parte quejosa compareciera ante dicha dependencia a recoger los documentos que amparan la cantidad declarada inconstitucional; lo anterior, aun y cuando en autos obra constancias de que fue notificada de dicha circunstancia. Conforme a lo anterior, a efecto de acatar lo previsto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con los oficios y anexos, a los que recayeron los autos referidos en el párrafo que antecede, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga debiendo exponer, en su caso, las razones particulares por las cuales considera que existe exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia, apercibida que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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