Santos Manuel Cotorra Domínguez
Expediente 433/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Santos Manuel Cotorra Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger las copias solicitadas a las personas propuestas para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 433/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el doce de julio de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el secretario Adolfo Jiménez Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
doce de julio de dos mil dieciocho Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 433/2018-IIl, promovido por Santos Manuel Cotorra Domínguez, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este juzgado, Santos Manuel Cotorra Domínguez, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de las autoridades cuyas denominaciones correctas son 1) Presidente Municipal, 2) Síndico municipal, 3) Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos 4) Director de Hacienda, Licencias y Reglamentos y 5) Coordinador de la Regiduría de Hacienda, todos del Ayuntamiento de Axochiapan, Estado de Morelos. (fojas 2 a 33) SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de marzo de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. (fojas 34 a 38) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde tiene ejecución material el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: El acta de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho, efectuada por las autoridades citadas del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado a las autoridades 1) Presidente y 2) Síndico Municipal, ambas del Ayuntamiento de Axochiapan, Estado de Morelos, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 69 a 71), sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por tanto, procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial VI.2°.J/308, consultable en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1994, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Así como la tesis VI.2º.A.4 K, visible en la página 903, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes. "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir los informes justificados de forma conjunta, las autoridades 3) Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos 4) Director de Hacienda, Licencias y Reglamentos y 5) Coordinador de la Regiduría de Hacienda, todos del Ayuntamiento de Axochiapan, Estado de Morelos, negaron el acto reclamado; sin embargo, sus negativas se encuentran desvirtuadas con el contenido de los informes y de las propias copias certificadas del acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho, que anexó el Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos del Ayuntamiento de Axochiapan, Estado de Morelos, de las que se advierte que las responsables fueron quienes ordenaron y ejecutaron el acto combatido; documentales que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables en sus informes justificados alegan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, porque la aquí quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige la tramitación del juicio de amparo, porque considera que tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, I.3º.C. J/39, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Pag. 1214, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE.", que establece que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, sino que debe estimarse que aun contra actos que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado consistente en el acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;..." Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional consistente en el acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho, procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Axochiapan, Estado de Morelos, esto es Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos; Director de Hacienda, Licencias y Reglamentos; así como Coordinador de la Regiduría de Hacienda, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En ese sentido, se tiene que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61 de la ley reglamentaria, texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Así, el principio de definitividad destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En ese sentido, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto que reclama atinente al acta de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho, en esta contienda puedan ser modificado o revocado mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad 5514 del dieciséis de julio de dos mil diecisiete, aplicable a la fecha en que se emitió el acto reclamado, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. De las anteriores disposiciones, resulta evidente que la parte quejosa, tiene la posibilidad de impugnar el acto que reclama consistente en el acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho atribuido al 3) Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos, 4) Director de Hacienda, Licencias y Reglamentos y 5) Coordinador de la Regiduría de Hacienda, todos del Ayuntamiento de Axochiapan, Estado de Morelos, a través del juicio de nulidad, a fin de que pueda ser anulada en términos del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Esto es así, porque de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones o resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos. Lo que acontece en el presente caso, porque el acto que aquí se pretende combatir, tiene la naturaleza descrita en líneas precedentes, al tratarse de un acto ordenado y ejecutado por entes del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. Entonces, el aquí quejoso, tiene derecho a controvertir el acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías, que refiere violatoria de derechos, al ser una actuación emanada del Ayuntamiento, que afirma le afecta en sus derechos; por tanto resulta evidente que el quejoso tiene la posibilidad de impugnar el acto que reclama, a fin de que pueda ser anulado en términos del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2ª./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En tales condiciones queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto a las autoridades 3) Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos 4) Director de Hacienda, Licencias y Reglamentos y 5) Coordinador de la Regiduría de Hacienda, todos del Ayuntamiento de Axochiapan, Estado de Morelos. Ahora bien, por cuanto a la suspensión del acto reclamado, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sus numerales del 43 y 109 al 116 establecen que: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal." Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la ley de la materia disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto o actos reclamados, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. Sobre el plazo para decidir sobre la suspensión, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, determinó en la jurisprudencia 2ª./J 19/2015, que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. En efecto, de la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2ª./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia, prevé que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa respectivos, si el acto reclamado carece de fundamentación, situación que no acontece tomando en cuenta que en el acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho, se observa que las autoridades que lo instruyen, han fundado su proceder, ya que citaron disposiciones del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Axochiapan, Morelos, Reglamento de Mercados del Municipio de Axochiapan, así como Reglamento de Licencias Comerciales Industriales y de Servicios del Municipio de Axochiapan, Morelos (fojas 30 y 31). Lo que implica que el acto reclamado sí tiene fundamentación, con independencia de que tal precepto legal sea o no aplicable o esté indebidamente citado; bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XXI.2º. J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 83, registro 209892, Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página 87, Octava Época, de la literalidad siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." Así como en la siguiente tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 212868, Tomo XIII, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia." Al margen que no sólo se alegaron violaciones directas a la Constitución; sin embargo, para que se surta la hipótesis de excepción que contiene el artículo 61, fracción XX es necesario que el acto reclamado carezca de fundamentación, lo que en el caso no aconteció ya que las responsables el emitir el acta de inspección y decomiso de once de marzo de dos mil dieciocho, citaron disposiciones del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Axochiapan, Morelos, Reglamento de Mercados del Municipio de Axochiapan, así como Reglamento de Licencias Comerciales Industriales y de Servicios del Municipio de Axochiapan, Morelos, aunado a que el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en una ley y no en un reglamento, como se aprecia de lo expuesto y de los conceptos de violación formulados. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna consistente en el acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho, lo que hace que sea obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. Por ende al no haberse satisfecho de manera previa a la interposición de la demanda es inconcuso que adolecen de definitividad y por ende el amparo es improcedente en su contra porque existe un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Samuel Manuel Cotorra Domínguez, contra el acto atribuido al 1) Presidente Municipal, 2) Síndico municipal, 3) Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos 4) Director de Hacienda, Licencias y Reglamentos y 5) Coordinador de la Regiduría de Hacienda, todos del Ayuntamiento de Axochiapan, Estado de Morelos, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe hasta hoy doce de julio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. 29834, 29835, 29836, 29837 y 29838
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de la autoridad responsable mediante el cual remite copia certificada del expediente administrativo que formó con motivo del acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías de once de marzo de dos mil dieciocho entendida con el quejoso Santos Manuel Cotorra Domínguez, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio del Delegado de la autoridad responsable, mediante el cual solicita se deje sin efecto la multa impuesta a Ricardo Tepozteco Onofre en su carácter de Regidor de Hacienda, Licencias y Reglamentos del Ayuntamiento Municipal de Axochiapan, Morelos, por los motivos que expone; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes. En atención a lo solicitado, indíquese al Delegado de la autoridad responsable promovente que no es dable acordar de manera favorable lo peticionado, ya que pretende que se revoque o modifique una determinación propiamente dictada en este asunto, que no puede ser revocada o modificada por el suscrito de manera oficiosa, atendiendo al principio de certeza jurídica que rige el presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito tampoco puede regularizar el procedimiento en el juicio para el efecto de que se deje sin efecto la multa impuesta por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, puesto que la imposición de ésta, no constituye una omisión a lo acordado en dicho auto, atendiendo a los términos en que se pronunció; lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.3o.C.77 C del rubro "REGULARIZACION DEL PROCEDIMIENTO, LOS TRIBUNALES NO DEBEN REVOCAR SUS PROPIAS RESOLUCIONES AL DECRETAR LA."; por tanto, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que estime convenientes, en contra del auto que ordenó la imposición de una multa, ya que solo puede ser revocado o modificado mediante el recurso de queja. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se desprende que mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se reservó el acuerdo conducente a la inspección ofrecida por el impetrante de amparo, hasta en tanto obraran las documentales requeridas en dicho proveído, lo que ya aconteció, por lo que se provee: Se tiene por anunciada la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso. Ahora bien, analizados los puntos propuestos para el desahogo de la inspección ofrecida, se desprende que en autos obran las constancias materia de los puntos de mérito, como son, el padrón de comerciantes de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el acta circunstanciada de inspección y decomiso de mercancías, así como el expediente administrativo formado con motivo del acta circunstanciada de inspección de once de marzo de dos mil dieciocho; puesto que fueron allegadas al informe justificado y al oficio de cuenta; por lo anterior y, a efecto de no retardar el procedimiento, se estima innecesario el desahogo de la inspección judicial ofrecida por el quejoso mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; puesto que su finalidad fue la de verificar la existencia de dichas documentales, en relación al procedimiento administrativo que aduce el quejoso, sin embargo, como ya quedó asentado, tales constancias ya obran en fotocopias certificadas en autos del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. ISA*
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