Santos López Hernández
Expediente 541/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/10/2020
Partes del expediente
- Santos López Hernández
Actuaciones
- Principal
mil veinte. Vista; la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, en que se desechó la demanda de amparo promovida por ++++ Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
I. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 541/2020-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º. A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que al rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."1 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Lo anterior, en atención a que la demanda de amparo, fue elaborada a nombre de ****, lo que evidencia la falta de firma del directamente interesado en la promoción de la demanda que se provee, precisamente por no contener ni la firma autógrafa ni electrónica del denominado como quejoso, sin que esta omisión pueda considerarse una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo. Es así, pues el artículo 107, fracción I, Constitucional, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese mismo sentido, el artículo 6°, de la ley de la materia, el cual dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y, sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal, apoderado o de su defensor. Por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, lo que constituye un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, pues un escrito sin firma, debe ser considerado como un simple papel que no contiene expresión de voluntad alguna. Ahora bien, es necesario precisar que el artículo 3°, párrafos segundo, cuarto, quinto y último párrafo,2 de la Ley de Amparo, establece que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. Por su parte, es menester destacar que los artículos 16 y 17,3 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, precisa que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, en los referidos preceptos se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15, de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, lo que en el caso no acontece, dado que el acto reclamado se trata de la orden de búsqueda, localización, presentación y aprehensión y su ejecución. Asimismo, del precepto 45,4 del Acuerdo de referencia, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. En ese sentido, el artículo 52, párrafo tercero,5 del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular. Del análisis armónico de dichos numerales se obtiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Por consiguiente, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino solo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso concreto, se advierte que el escrito de demanda recibido no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene firma autógrafa o electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, del ocurso de cuenta se advierte que no hay evidencia criptográfica alguna que denote la firma electrónica o autógrafa del quejoso ***, que deben contener las promociones que se presenten de forma electrónica, la cual, como se señaló, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De ahí que al carecer de la firma electrónica del nombrado como quejoso, no se tenga por plasmada la voluntad de éste de promover la demanda recibida a su nombre, esto es, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Guarda aplicación las jurisprudencias de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.6 DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.7 Sin que altere la anterior determinación, la circunstancia que el quejoso en el capítulo de antecedentes haya precisado que tiene el temor que pueda ser trasladado a diverso centro penitenciario, toda vez que tal actuación no se ubica como un supuesto de urgencia previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo8 , ni por el diverso 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales,9 que establecen las hipótesis de los asuntos que pueden ser considerados como urgentes y que pudiera darle esa legitimación para presentar su escrito sin su firma autógrafa o criptográfica. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas condiciones, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 6 y 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. III. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para efecto de recibir y oír notificaciones el que cita en su escrito, y como autorizada en términos amplios del referido precepto legal, a ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones. V. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo pide, de conformidad con el acuerdo 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a sus autorizados para que bajo su más estricta responsabilidad, hagan uso de cámaras fotográficas y/o lectores ópticos, para efectos de obtener reproducciones de las constancias de autos, con la salvedad de que se les hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se les proporcione se les fincará responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis I.3o.C.725 C, cuyo rubro es del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A ***.
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