Santos Leonardo Bracamonte Magaña

Expediente 1267/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1267/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Santos Leonardo Bracamonte Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por losórganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.2" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la omisión de proveer lo conducente en relación al recurso de revocación presentado mediante escrito de veintiocho de abril de esta anualidad, dentro del juicio de origen 823/2021. En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, el auto de veintiséis de mayo del año en curso, en el que admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en autos del juicio de origen 823/2021. 2 Visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues por auto de veintiséis de mayo del año en curso, admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en autos del juicio de origen 823/2021. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito firmado por Arturo Ascencio Salazar García, autorizado del tercero interesado Manuel Jesús Baldenebro Arredondo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone el recurso de queja contra el auto de diez de mayo de dos mil veintidós, en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado de las autoridades señaladas como responsables en este asunto. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso c), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Miguel Rosales León, la suspensión definitiva respecto de las consecuencias del acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento de la parte quejosa al expediente laboral 403/2019, promovido por Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de resolver en definitiva el proceso laboral de origen, en caso de que no se hubiere hecho, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia relativa al juicio principal de que derivan estos autos incidentales, o, en caso de que exista un fallo definitivo, se abstengan de ejecutar el laudo relativo, únicamente en lo relacionado a la plaza laboral a la que alude tener derecho el impetrante. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 281 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, y una vez notificadas la totalidad de las partes en el presente asunto, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico, a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a efecto de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Por otra parte, agréguese a los autos el diverso escrito presentado por Arturo Ascencio Salazar García, autorizado del tercero interesado Manuel Jesús Baldenebro Arredondo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, solicita se le fije una contragarantía para poder continuar con el procedimiento en autos de juicio 403/2019, proveniente de la Junta Especial número nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. En esa virtud, de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Amparo, se concede la solicitud presentada, tomando en consideración dos aspectos: 1) La restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías; y, 2) El pago de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Por tanto, para que surta efectos el beneficio otorgado, deberán fijarse las garantías atendiendo en forma discrecional a la naturaleza del acto reclamado, el monto de los daños y perjuicios que pudieran causarse al agraviado con su ejecución, considerando el tiempo en el que pueda ser resuelto el juicio de amparo. En consecuencia, el tercero interesado deberá exhibir la siguiente garantía: a) La cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 moneda nacional); misma que se fija de manera discrecional, al no contarse con mayores elementos para ser cuantificada y tomando en consideración el proceso cuya continuidad se ordenó suspender; aunado a que, para que surtiera efectos la medida suspensional definitiva, se fijó a la parte quejosa, la diversa suma de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que se estima pertinente que la contragarantía fijada constituya el equivalente a un cincuenta por ciento más de la garantía primigenia. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en su artículo 877, las garantías ante los órganos jurisdiccionales podrán realizarse en cualquiera de las formas establecidas en ley; pero tratándose de las que se realicen mediante depósito en dinero o en valores ante los órganos jurisdiccionales, se recibirán mediante billete, certificado, u otro instrumento análogo. En la inteligencia, que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, éste deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 901 del mencionado Acuerdo; con la aclaración de que éste Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses o rendimientos, ni con la administración del citado depósito, toda vez que esto corresponde al Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por lo que la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 883 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del mencionado Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dicho depósito; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2ª/J.193/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1386, del tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUÉLLA SURTA SUS EFECTOS. De la interpretación sistemática del referido Acuerdo General 17/2007, frente al objetivo perseguido con la creación del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, dispuesto en el título décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deriva que en tanto el propósito del Fondo es mejorar la administración de justicia y los recursos financieros que lo forman, las previsiones dispuestas por ese Acuerdo se orientan a normar la recepción y manejo de esos ingresos, en relación con la actuación de los entes que interactúan en esa dinámica, distintos del justiciable. Por eso, los artículos 28 y 32 del citado Acuerdo, que prevén ciertos requisitos formales que deben contener los certificados o billetes de depósito que como garantía se exhiban ante los órganos jurisdiccionales (monto de la cantidad depositada; no generación de intereses para el depositante y la autorización para que se solicite y reciba información del depósito a la institución crediticia), no establecen mayores requisitos que los dispuestos por la Ley de Amparo para que surta efectos la suspensión, porque lejos de representar una potencial carga para el quejoso en la exhibición de la caución respectiva, constituyen parámetros para el control y manejo de tales documentos, que sólo trascienden en la relación existente entre el órgano jurisdiccional, la institución depositaria y el Fondo de Apoyo, a quienes les resulta obligatoria su observancia." Ahora bien, se estima pertinente destacar que la exhibición de la contragarantía, única y exclusivamente produciría el efecto de que se continúe con prosecución del proceso laboral natural, En ese sentido, una vez que sea exhibida la contragarantía de marras, deberá comunicársele a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales antes ponderados. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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