Santos Jimenez Arizmendi

Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
106/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Santos Jimenez Arizmendi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 106/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, recibido en línea, en virtud de que dicho ocurso cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Santos Jiménez Arizmendi; en esas condiciones, háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, considerando que se encuentran resueltos los autos incidentales relativos al juicio de amparo 106/2023, remítase el cuaderno único del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar, formando cuaderno de antecedentes con copia certificada de las principales constancias, al cual se agregará el presente acuerdo; solicitando el acuse de recibo correspondiente, con la precisión de que no se exhibió garantía en el citado incidente. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que en virtud de que el juicio principal relativo a este asunto se envió a otro juzgado por incompetencia, no es de relevancia documental, por lo que los cuadernos de antecedentes derivados del juicio e incidente de suspensión a que este asunto se contrae son susceptibles de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, recibido en línea, en virtud de que dicho ocurso cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Santos Jiménez Arizmendi; en esas condiciones, háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, considerando que se encuentran resueltos los autos incidentales relativos al juicio de amparo 106/2023, remítase el cuaderno único del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar, formando cuaderno de antecedentes con copia certificada de las principales constancias, al cual se agregará el presente acuerdo; solicitando el acuse de recibo correspondiente, con la precisión de que no se exhibió garantía en el citado incidente. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que en virtud de que el juicio principal relativo a este asunto se envió a otro juzgado por incompetencia, no es de relevancia documental, por lo que los cuadernos de antecedentes derivados del juicio e incidente de suspensión a que este asunto se contrae son susceptibles de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, recibido en línea, en virtud de que dicho ocurso cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; en esas condiciones, háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, considerando que se encuentran resueltos los autos incidentales relativos al juicio de amparo 106/2023, remítase el cuaderno único del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar, formando cuaderno de antecedentes con copia certificada de las principales constancias, al cual se agregará el presente acuerdo; solicitando el acuse de recibo correspondiente, con la precisión de que no se exhibió garantía en el citado incidente. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que en virtud de que el juicio principal relativo a este asunto se envió a otro juzgado por incompetencia, no es de relevancia documental, por lo que los cuadernos de antecedentes derivados del juicio e incidente de suspensión a que este asunto se contrae son susceptibles de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 106/2023, promovido por Santos Jiménez Arizmendi. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y turnado el ocho de febrero siguiente al Juzgado Decimoquinto de Distrito en dicha ciudad, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 10-16). SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de febrero siguiente, la titular del referido órgano jurisdicción acordó: declarar su incompetencia legal por razón de territorio para conocer del asunto, al estimar que los actos reclamados y sus consecuencias tienen ejecución material en la ciudad de Veracruz, Veracruz y, por tanto, ordenar su remisión al Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, para su conocimiento (fojas 27-32). Turnado que fue el asunto a este Juzgado Cuarto de Distrito en Boca del Río, Veracruz (foja 1) en proveído de quince de febrero siguiente, se acordó: aceptar la competencia planteada en los términos propuestos; formar el expediente 106/2023; admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; notificar a las partes la radicación del asunto; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 41-45). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 55-56 y 94-96) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 164-165). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO ÚNICO. Incompetencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, estima que, en el caso particular, surge un motivo de incompetencia superveniente de este órgano jurisdiccional para resolver el presente asunto, de acuerdo con las consideraciones que enseguida se darán. En efecto, del expediente se observa que la Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 106/2023 de su índice, en lo conducente, estimó: ".Se considera que los actos reclamados tienen ejecución material en un lugar donde no ejerce jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito; debido a que la investigación administrativa y el procedimiento administrativo disciplinario de los cuales derivan los actos reclamados, fueron instaurados contra la parte quejosa por conductas que le fueron atribuidas en su cargo de policía adscrito al Agrupamiento de Veracruz-Boca del Río, municipios en los que no se tiene jurisdicción..." (fojas 27-32) Asimismo, por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgador Federal acordó aceptar la competencia planteada, dado que los actos reclamados consistentes en la investigación administrativa SSP/AI/FR/165/5°/2020 y el procedimiento administrativo disciplinario SSP/CHJ/082/2022, instaurados contra el quejoso, así como sus consecuencias legales, surtían sus efectos en la ciudad de Veracruz, Veracruz, lugar en el que el quejoso labora como policía tercero, es decir, dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional (fojas 41-45). No obstante, se precisa que dicha conclusión se realizó de manera preliminar en ese momento, dado que tanto de la demanda de amparo como de las documentales que acompañó a la misma el quejoso, en ese análisis previo se desprendía que las consecuencias de la investigación administrativa y el procedimiento administrativo disciplinario que combate, tenían sus efectos en el lugar en que el quejoso laboraba como policía tercero, a saber, en Veracruz, Veracruz. Sin embargo, una vez impuesto el suscrito de las constancias que las autoridades responsables acompañaron a sus informes justificados, se pone de manifiesto que las posibles consecuencias de dichos actos no iniciaron su ejecución en Veracruz, Veracruz, sino que iniciaron y en su caso continuarán surtiendo sus efectos en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, lugar donde se encontraba adscrito el quejoso al momento en que se le notificó que debía comparecer a la investigación administrativa de que se trata. Lo anterior se corrobora con el contenido de las siguientes constancias: a). El oficio SSP/C.G.P.I.P.T.C./1576/2021, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Coordinador General de la Policía Intermunicipal de Poza Rica - Tihuatlán - Coatizintla, dirigido al aquí quejoso Santos Jiménez Arizmendi en su carácter de "POLICÍA ADSCRITO A LA C.G.P.I.P.T.C POZA RICA, VERACRUZ" con el que se hace su conocimiento que debía comparecer a las doce horas del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, a deducir sus derechos en la investigación administrativa SSP/AI/FR/165/5°/2020 (foja 138). b). La notificación personal del aludido oficio practicada al quejoso el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, por parte del policía tercero Antonio de Jesús Barreda Sobrevilla, ante los testigos de asistencia Alondra Angelina Mata Colín y Alejandro Marcelo Juárez (foja 139). c). El acta de hechos de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, levantada por el Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, en la que se hizo constar que el quejoso no se presentó en esas instalaciones a deducir sus derechos en la investigación administrativa de mérito, a pesar de encontrarse debidamente notificado de su comparecencia en su domicilio laboral actual, según se advertía de la razón de notificación de veinte de octubre del mismo año (foja 135). De dichas documentales se constata que las consecuencias de los actos reclamados en el presente juicio de amparo por el quejoso, iniciaron su ejecución en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, lugar donde se encontraba adscrito al momento en que se le notificó que debía comparecer a deducir sus derechos en relación con los hechos atribuidos en la investigación administrativa SSP/AI/FR/165/5°/2020. Esa circunstancia por sí sola actualiza la hipótesis de competencia que se contempla en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de dicho artículo se desprenden tres hipótesis que determinan la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, a saber: a) Aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Ante el que se presente la demanda, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. c) Aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Las reglas procesales de competencia enunciadas en los incisos a) y b), son aplicables a los actos reclamados que tienen ejecución material; la primera, precisa que, si el acto ha sido ejecutado, trata de ejecutarse o se llegara a ejecutar en un solo lugar, es competente el juez de esa jurisdicción; la segunda refiere que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito será competente el juez ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Finalmente, la tercera regla, se refiere a los actos que no tienen ejecución material, supuesto en el cual, será competente el juez ante quien se presente la demanda. Cabe agregar, que en el primer supuesto es competente aquel juez de distrito en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se materialicen, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción; es decir, la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación de la competencia, pues se reitera el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los jueces de distrito. En el caso concreto, como se anticipó, las consecuencias de los actos reclamados que se traducen en la posible remoción del quejoso en su cargo de policía, derivadas de la investigación administrativa SSP/AI/FR/165/5°/2020 y del procedimiento administrativo disciplinario SSP/CHJ/082/2022, se verían materializadas en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, pues allí se encuentra actualmente adscrito el quejoso en su fuente laboral y, se insiste, será en ese lugar donde, en su caso, sea removido de su cargo. Sin que pueda considerarse que los actos reclamados iniciaron su ejecución en Veracruz, Veracruz y ahora continúan su ejecución en Poza Rica, Veracruz, lo que de suyo implicaría que operara la regla de competencia prevista en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a que: es competente para conocer del asunto el juez ante quien se presente la demanda, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. Ello así, porque como ya se dijo, si bien de un inicio de manera preliminar se estimó que las consecuencias de los actos reclamados tenían sus efectos en Veracruz, Veracruz, lugar en que el quejoso laboraba como policía tercero, lo cierto es que se demostró que en ningún momento las consecuencias de los actos reclamados iniciaron o tuvieron ejecución en dicha ciudad, sino que lo hicieron en Poza Rica, Veracruz; motivo por el cual no opera en el caso la hipótesis de competencia del artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por identidad de razón, sirve de apoyo a lo aquí concluido, la tesis I.9o.P.198 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se lee: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN MILITAR EN ACTIVO CONTRA ACTOS QUE TRAEN APAREJADA UNA EJECUCIÓN MATERIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN SU PERSONA. SI NO SE ADVIERTE QUE DICHOS ACTOS PUEDAN TENER EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO O QUE HAYAN COMENZADO A EJECUTARSE EN UNO DE ELLOS Y SIGAN EJECUTÁNDOSE EN OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DONDE SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN O ZONA MILITAR EN QUE SE ENCUENTRE DESTACAMENTADO EL QUEJOSO. Si de la demanda de amparo y de las constancias que integran el expediente respectivo, se advierte que el quejoso, quien tiene la calidad de militar, integrante en activo de las Fuerzas Armadas Nacionales, reclama actos que, atento a su naturaleza, traen propiamente aparejada una ejecución material, la cual, desde luego, tendrá lugar en su persona, y no se advierte que dichos actos puedan tener ejecución en más de un Distrito o que hayan comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigan ejecutándose en otro; es inconcuso que se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por ende, la autoridad jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, lo será aquella que tenga esa potestad dentro de la circunscripción territorial donde esté la instalación o zona militar en que se encuentre destacamentado y, por ende, físicamente el quejoso. Una interpretación a contrario sensu, implicaría admitir que quedaría en potestad del gobernado el elegir, a su gusto o conveniencia, al Juez de amparo y que por el simple hecho de haber prevenido éste sería el competente para resolver el juicio, sin considerar la circunstancia de la territorialidad de su jurisdicción o donde deba o vaya a surtir efectos la ejecución material del acto reclamado." En esas condiciones, con apoyo en el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, al haber surgido el motivo superveniente anteriormente explicado, el suscrito juzgador declara su incompetencia legal por razón de territorio para resolver el presente asunto y, se estima que resulta competente para hacerlo el Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo. Sirve de respaldo a esta decisión, la tesis II.2o.P.12 K (10a.) que dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARARSE LEGALMENTE INCOMPETENTE, DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SI EN EL TRÁMITE DEL ASUNTO SE MODIFICÓ EL SUPUESTO QUE LA ORIGINABA, AUN CUANDO ESTA DETERMINACIÓN SEA CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN UN CONFLICTO COMPETENCIAL. En la jurisprudencia 2a./J. 126/2012 (10a.), publicada en la página 1459, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE PREVALECER LA AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA RESPECTO DE LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES COMPETENCIALES.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que cuando existe pronunciamiento derivado de un conflicto competencial, en donde un Tribunal Colegiado de Circuito fija su postura con base en la atribución legal para conocer de un asunto, dicha resolución adquiere la categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional, la cual es irrebatible, indiscutible e inmodificable; por tal motivo, en el recurso de revisión en el que se impugna la sentencia de amparo indirecto, el tribunal de alzada ya no puede cuestionar esa decisión. No obstante, existen casos en los que en el trámite del juicio sobreviene un hecho que modifica la situación que prevalecía al resolverse el conflicto competencial y que influye directamente en la competencia del juzgador federal, lo que se conoce como incompetencia superveniente, prevista en el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de tal manera que, cuando acontezca lo anterior, aun en el supuesto de que un Tribunal Colegiado de Circuito haya resuelto el conflicto competencial teniendo a la vista sólo la demanda de amparo, el Juez de Distrito debe declararse legalmente incompetente, después de celebrada la audiencia constitucional; sin que ello signifique desconocer el citado criterio jurisprudencial, ya que el supuesto fáctico que origine la decisión del Tribunal Colegiado que resolvió el conflicto competencial cambió en la tramitación del expediente." (Lo subrayado y resaltado es propio de esta sentencia) Por otra parte, se considera que en autos obran las constancias suficientes para dictar la sentencia correspondiente, pues corren agregados los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, por lo que podría resolverse sobre la constitucionalidad de este juicio, salvo algún motivo de improcedencia o sobreseimiento, una vez que arriben los presentes autos ante el juez de Distrito declinante; empero, de considerar que son necesarias mayores constancias para la resolución del caso, estará en aptitud de requerir las que considere procedentes, pero en lo que respecta a este juzgador se ha determinado no posponer más el pronunciamiento de incompetencia aquí contenido. Es aplicable, en cuanto a la facultad del juez competente receptor de los autos de validar la audiencia constitucional celebrada o no hacerlo, la jurisprudencia 36/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." En mérito de lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, a fin de que, de estimarlo así, resuelva el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en los sistemas electrónicos respectivos. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por Santos Jiménez Arizmendi. SEGUNDO. Remítanse los originales del presente expediente al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, para los efectos precisados en esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el 1. Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. Ahora, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como sus delegados a las personas que cita. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable de mérito, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. Notifíquese en términos de ley.

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