Santos Germán García
Expediente 622/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Santos Germán García
- Juez de Control Penal del Distrito Judicial Uno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Devolución de disco compacto. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obra un disco compacto remitido por la autoridad responsable denominada "juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora" al momento de rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo del citado disco compacto. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad en cita. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de agosto de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de derechos; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que si bien se concedió la medida cautelar provisional, en definitiva se negó dicha medida. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
dieciocho de julio de dos mil veintidós Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con doce minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso, y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, e informes justificados. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes rendidos por las autoridades responsables. Y dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado, porque no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Además, se acota que la presente resolución no versará sobre los actos que se reclamaron a la autoridad que el quejoso denominó jefe de grupo de la Agencia de Investigación Criminal encargado del Departamento de Ordenes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; toda vez que durante la tramitación del presente juicio se declaró inexistente y se ordenó suspender comunicación con ésta. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades pertenecientes al Juzgado Oral Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su especial naturaleza la probanza de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 622/2022; al tenor de los considerativos: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por razón de turno, se recibió escrito el doce de mayo de dos mil veintidós, Alberto Olivas Mexia, en representación de Santos German García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados al juez de control Oral Penal del Distrito Uno, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. En la misma fecha, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informes justificados; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, párrafo segundo, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos de reclamo emanan de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo en relación con las constancias que integran el juicio, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de comparecencia o aprehensión dictada en contra del quejoso en la causa penal 1216/2022, y su ejecución. IV. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados: Director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la Base Operativa Hermosillo. Agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión y Comparecencia. Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Querellas y Citaciones. Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas. Juzgado Oral Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora. Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." V. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. VI. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alberto Olivas Mexia, en representación de Santos German García, respecto de los actos precisados en el apartado III, por las razones expuestas en el considerativo IV de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó el licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el licenciado Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. dieciocho de julio de dos mil veintidós
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