Santos Geraldina Echeverría de Paz

Expediente 2288/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2288/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Santos Geraldina Echeverría de Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diariero Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 19 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de veinte días que establece el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, otorgado mediante proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que la parte quejosa acreditara haber entregado para su publicación los edictos relativos al emplazamiento de los terceros interesados ********************y ********************, sin que a la presente fecha lo hiciera. Por lo que se desprende que la parte quejosa dejó el presente juicio en total abandono y mostrando su evidente falta de interés en la prosecución del mismo. En mérito de lo anterior y tomando en consideración que, si bien el Juez de Distrito está obligado a llevar a efecto ciertos actos de carácter procesal, a fin de no paralizar el procedimiento, ello no excluye a la parte quejosa de la obligación de promover en el juicio de amparo, con el objeto de continuar con el procedimiento correspondiente. De tal modo que, si en el presente caso, se han agotado todos los medios legales de localización donde pudieran ser encontrados los terceros interesados ********************y ********************, a efecto de ser debidamente emplazados, sin que éstos hayan sido exitosos y para ello, la parte quejosa al estar obligada a darle trámite a los edictos correspondientes, a fin de que sean publicados y cumplir así con el emplazamiento a juicio de la referida parte tercera interesada, sin que lo haya hecho. Por tanto, resulta evidente que con dicha conducta retarda y entorpece indefinidamente la función de administrar justicia, ya que la no integración del juicio, contraviene el principio que al respecto consagra el artículo 17 Constitucional, por lo que, se estima que ante la evidente falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del juicio, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de mayo de dos mil veintitrés y, por ende, se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto; lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por cuanto a su contenido y alcance, la jurisprudencia 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211, del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186587, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, para su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el Juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causal de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso el quejoso." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con tres minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente la constancia levantada por la Secretaría de este Juzgado el día quince de mayo del presente año, con motivo de la comparecencia de la quejosa ******************** en la cual se le hizo entrega de los edictos ordenados en proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que proceda a su publicación. Por tanto, este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente hasta en tanto transcurra el plazo de veinte días hábiles, otorgado a la parte quejosa en el citado proveído de once de mayo actual, o bien, la impetrante acredite a este juzgado, haber entregado para su publicación los multicitados edictos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente innominado a fin de determinar la imposibilidad económica de la parte quejosa para sufragar el costo de la publicación de los edictos para emplazar a los terceros interesados Raúl Israel Rivas Moguel y Brenda Martínez Camacho, derivado del juicio de amparo número 2288/2022-III-B, promovido por********************, contra los actos que reclama del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambas autoridades con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, ante la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados Raúl Israel Rivas Moguel y Brenda Martínez Camacho, el suscrito juzgador previno a la parte quejosa a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto donde pudieran ser emplazados a juicio los terceros interesados en cita, bajo el apercibimiento que de no cumplir con dicha exigencia, dentro del plazo otorgado para tal efecto, se procedería conforme a lo dispuesto en la primera parte del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. CUARTO. Por proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, ante la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados Raúl Israel Rivas Moguel y Brenda Martínez Camacho, se tuvo por presentada a la parte quejosa solicitando su emplazamiento a juicio por medio de edictos y manifestando su imposibilidad de cubrir los gastos para la publicación de los mismos. En tal virtud se ordenó que por cuerda separada se diera trámite al presente incidente innominado, el cual se admitió en la misma fecha, motivo por el cual se dio vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniese y ofrecieran pruebas, y una vez transcurrida dicha vista, así como habiéndose recabado las probanzas que se estimaron pertinentes para resolver, por auto de tres de mayo del presente año, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente innominado de conformidad con lo establecido en los artículos 27, fracción III, inciso c), 66 y 67 de la Ley de Amparo. SEGUNDA. Mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, el suscrito Juez emitió un proveído, cuya parte conducente es la siguiente: ". Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de la quejosa Santos Geraldina Echiverría de Paz, por medio del cual, en cumplimiento a la prevención efectuada por auto de trece de los corrientes, manifiesta que desconoce el domicilio actual de los terceros interesados Raúl Israel Rivas Moguel y Brenda Martínez Camacho, solicitando que se les emplace al presente juicio por medio de edictos; asimismo, manifiesta que carece de los medios económicos para sufragar los gastos de publicación de los edictos que al efecto se ordenen. En consecuencia, a fin de determinar si la quejosa se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 27, fracción III, inciso c), y con fundamento en los numerales 66 y 67, todos de la Ley de Amparo, con copia certificada del referido memorial, fórmese el expediente relativo y tramítese por cuerda separada el incidente innominado respectivo, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, con relación a la petición de la quejosa y que se ordene la publicación de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de la Materia, se suspende en lo principal el presente juicio de amparo, y déjese sin efecto legal alguno la audiencia constitucional señalada para el día diez horas con veintitrés minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; y se reserva señalar nueva fecha y hora para su celebración, hasta en tanto se resuelva el incidente de mérito; hágase del conocimiento de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe." Ahora bien, en su escrito recibido en dicho proveído de veintiuno de abril último, la quejosa********************, manifestó bajo protesta de decir verdad, que se encontraba imposibilitada económicamente para sufragar la publicación de los edictos tendientes al emplazamiento a juicio de los terceros interesados Raúl Israel Rivas Moguel y Brenda Martínez Camacho, por lo que solicitó que se valorara su condición económica para cubrir dichos edictos y que a la postre fueran sufragados por el Consejo de la Judicatura Federal. En la especie, la parte quejosa no ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su insolvencia económica; por lo que deviene INFUNDADA la solicitud, ya que no acreditó su insolvencia económica para sufragar el costo de las publicaciones de los edictos que se ordenarán en autos del juicio de amparo de donde deriva el presente incidente para emplazar a la nombrada parte tercero interesada. En efecto, en el presente asunto no es legalmente justificado autorizar el pago de las publicaciones de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ya que la parte quejosa no acreditó carecer de la capacidad económica para sufragar el pago de las publicaciones por edictos; lo anterior, toda vez que como ya se estableció, no se ofreció prueba alguna tendiente a acreditar su insolvencia económica. Lo anterior es así, pues por analogía y de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En este sentido, el Juez deberá valorar las particularidades del caso, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos hay indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero interesado. Lo que no sucede en la especie, ya que como se señaló anteriormente, la parte quejosa no acreditó estar imposibilitada económicamente para cubrir el pago de referencia, pues solo en este supuesto podrá determinarse que sea el Consejo de la Judicatura Federal, quien a su costa, publique los edictos para emplazar a la parte tercero interesada. En las relatadas consideraciones, dígasele a la parte quejosa que subiste el apercibimiento decretado mediante proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, en cuanto que el emplazamiento de la parte tercera interesada por medio de edictos, se hará a costa suya. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c), 66 y 67 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: ÚNICO. Se determina que la quejosa********************, tiene capacidad económica para sufragar el pago de los edictos ordenados en autos del juicio de amparo 2288/2022-III-B, por lo que subiste el apercibimiento decretado mediante proveído de trece de abril de dos mil veintitrés; lo anterior, por las razones precisadas en la última consideración de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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