Santos Choreño Monroy

Expediente 629/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Santos Choreño Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo, por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, y carecer de relevancia documental.

  2. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente. Así mismo se le requiere a la parte quejosa para la devolución de documentos

  3. Principal

    Se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, así como los subsecuentes por medio de lista, la cual se fija en los estrados de este juzgado federal; lo anterior, hasta en tanto señale señale domicilio certero para oír y recibir notificaciones. En virtud de lo anterior se notifica por lista auto en mención, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda de amparo promovida por ------por propio derecho, mediante la cual, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la agente del Ministerio Público adscrita a la agencia del Ministerio Público de Agencias Foráneas de Emiliano Zapata, Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Partiendo de esa premisa, se considera por manifiesto, cuando el motivo de improcedencia se presenta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda instaurada y lo indudable, ocurre en la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante, de tal forma, que aun cuando se admitiera dicha demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar los contendientes como elementos de prueba. Resulta ilustrativa sobre el particular, aplicada por analogía la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En la inteligencia que la aplicación de la jurisprudencia integrada con la ley anterior, según el numeral sexto transitorio, continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley actual. Análisis, el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS 1.- DE LA C. AGENTE LA C. AGENTE (SIC) DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÙBLICO DE AGENCIAS FORÁNEAS DE EMILIANO ZAPATA MORELOS: La omisión de iniciar la carpeta de investigación por los delitos que se le hubiesen causado a la quejosa." 2.- DEL ALMIRANTE RETIRADO JOSE ANTONIO ORTIZ GUARNEROS, COMIDIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: La omisión de brindarme la debida protección en mis bienes respecto del terreno de mi propiedad." 3.- DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS: La omisión de brindarme la debida protección en mis bienes respecto del terreno de mi propiedad." Del análisis de lo anterior, este juzgado de Distrito considera que se actualiza las causas de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 20, inciso c), fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las siguientes consideraciones. En efecto, el citado artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de la materia, establecen que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto 61 en cita en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que deriven de alguna disposición contenida en la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la 29/03/24 17:21:56 improcedencia del juicio protector de derechos humanos tenga apoyo en alguna disposición en la Carta Magna. Ahora, el artículo 20, apartado "C", fracción VII, de la Constitución General de la República, cuyo contenido expresa los derechos de la víctima o del ofendido en los procesos penales, reformada el dieciocho de junio de dos mil ocho, dice: "Artículo 20. [.] C) De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el precepto 1091 , fracción XXI consagra como un derecho de la víctima u ofendido, impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el Código en cita y en las demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, también se considera importante transcribir el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá 1 Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; 29/03/24 recurso alguno." Ahora, se resalta que el Código Nacional de Procedimientos Penales, entró en vigor en el Estado de Morelos, el nueve de marzo de dos mil quince, de acuerdo al artículo primero transitorio del decreto número dos mil cincuenta y dos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de esta entidad, el siete de enero de ese año. Precisado lo anterior, se advierten los siguientes aspectos: a) Las decisiones y omisiones del Ministerio Público, entre ellas, la determinación de abstenerse de la investigación de los delitos, es susceptible de ser impugnada ante el juez de control. b) El juez de control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos decisión del Ministerio Público, así como ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal. La porción normativa referida donde indica que las "decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en por la víctima u ofendido ante el juez de control", se traduce en la potestad de esos sujetos para agotar el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penal en contra de las determinaciones destacadas, derecho el cual no incide hasta el punto de considerarlo como una obligación de las víctimas u ofendidos. Es decir, ese derecho al tener su génesis en lo dispuesto por la fracción VII, inciso "C", artículo 20 Constitucional, se debe considerar como la prerrogativa de las víctimas u ofendidos de impugnar cierto tipo de determinaciones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, lo cual engloba dos aspectos: 1. El derecho del gobernado (víctima u ofendido) quien podrá o no agotar ese medio ordinario de defensa. 2. La obligación de la autoridad (juez de control), respecto la admisión y decisión en definitiva de la queja. Los dos puntos destacados, no pueden llegar al extremo de considerar al derecho de las víctimas u ofendidos como una imposición que dé cabida incluso a una interpretación restrictiva de esa prerrogativa. Ahora, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso. La doctrina señala que el recurso es la institución jurídica mediante la cual la persona física o moral, presuntamente afectada por una resolución jurisdiccional o administrativa, la impugna ante la propia autoridad o bien ante una diversa, al considerar que le causa los agravios que haga valer, concluyéndose con una nueva resolución confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la resolución impugnada. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica. Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (verbigracia: inconformarse, recurrir, etcétera) debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Así, lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, al tenor de una interpretación sistemática y funcional de los precepto ante mencionado en relación con los diversos artículos 129, 212, 213, 214, 2162 del compendio normativo en cita, comprende también los actos u omisiones del Ministerio Público derivadas de su facultad investigadora que tengan como efecto paralizar tal función, pues a través de ello el juez puede efectuar un control de la legalidad en la actuación -positiva o negativa- del Ministerio Público de la función investigadora. Por lo tanto, si el acto que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional es la omisión iniciar la carpeta de. investigación con motivo de la denuncia por la probable comisión del delito de despojo, en agravio de esta, sin agotar el medio de impugnación ordinario, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de amparo, en relación con el numeral 20, inciso "C", fracción VII, de la constitución federal, pues es un derecho fundamental de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el ministerio público emita dentro de la carpeta de investigación. En relatadas circunstancias, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del ministerio público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; y que por tanto, es obligatorio para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que precederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Pues se estima que de lo contrario, se impondría al quejoso (víctima u ofendido) un mayor gravamen o dilación, pues en términos de la legislación ordinaria, en audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. De lo que se colige que el Ministerio Público tiene la obligación de llevar a cabo una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia garantizando el respeto a los derechos de las partes, y para controlar su legalidad el esquema procesal del sistema acusatorio prevé que la víctima u ofendido pueden impugnar diversas determinaciones y omisiones en esa fase de investigación, ante el juez de control pues la Constitución Federal facultó a éste para conocer de impugnaciones de esa índole. Sirve de apoyo a las consideraciones antes vertidas tienen sustento en la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2018 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, agosto de 2018, Libro 57, Tomo I, materia penal, número de registro 2017641 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y establecen lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De tal forma que se concluye que, si bien las omisiones y dilaciones que alega el quejoso, constituyen una afectación al A artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Por lo expuesto, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de amparo, en relación con el numeral 20, inciso "C", fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual se desecha de plano la demanda de amparo intentada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Domicilio y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizadas a las personas propuestas para tal fin. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Del juicio en línea. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas necesarias para la tramitación del presente sumario, en atención al fenómeno social de salud pública denominado COVID-19, continúen con la tramitación del presente sumario constitucional mediante el esquema de "Juicio en línea"; por lo que, en caso de optar por este medio las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuarán por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Se desecha la demanda de amparo en términos de lo precisado en los numerales 61 fracciones XX Y XXIII de la ley de amparo.

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