Santos Bueno Garcia

Expediente 48/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 42 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
48/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Santos Bueno Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Incidental

    En Culiacán, Sinaloa, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal del exhorto 53/2022, orden 53/2022, del índice de este juzgado. En atención a lo anterior, infórmesele al Juzgado oficiante que la comunicación de mérito se tuvo por recibida en auto de catorce de febrero de este año. Notifíquese.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a doce de agosto de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte el quejoso señaló como actos reclamados el bloqueo y suspensión de actos y operaciones de servicio de la cuenta bancaria 111-00667-001-2, del Banco Regional Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; Tarjeta de Crédito 4555456727480241, del BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; así como la orden de cancelación de la póliza de seguro de autos 474599370, todo ello con motivo de la resolución de garantía 332/2019, derivada de la actualización del acuerdo de bloqueo 230/2019 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera. En la demanda de amparo señaló haber tenido conocimiento el quince de diciembre de dos mil veintiuno del congelamiento de sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, se desprende el dos de diciembre de dos mil diecinueve la parte quejosa presento escrito de fecha veintiséis de noviembre del mismo año en el que solicita fecha y hora para la garantía de audiencia (foja 487), que mediante oficio 110/F/B/7385/2019, se señaló fecha y hora para a efecto de que se impusiera del acuerdo 230/2019 (foja 489), con fecha de veintiuno de enero de dos mil veinte se celebró la comparecencia por parte de la aquí quejosa (foja 495), posteriormente en oficio 110/F/B/1217/2020 de diecinueve de febrero de dos mil veinte se tuvieron por recibidas diversas manifestaciones y pruebas dentro del expediente 332/2019, luego, el veintidós de septiembre de dos mil veinte (foja 521) la autoridad responsable Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le hizo de conocimiento la resolución de Garantía de Audiencia número 332/2019, virtud obra firma de conocimiento. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De conformidad con dichos preceptos, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la parte quejosa ha consentido expresa o tácitamente el acto reclamado; existe consentimiento tácito cuando el juicio de amparo se promueve fuera del plazo previsto en el transcrito numeral 17. Tal situación responde al principio de seguridad jurídica orientado a evitar que el gobernado haga uso de la vía de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate; o bien, de manera tácita al no promover el juicio constitucional en los plazos legales. Así, el consentimiento para efectos de la improcedencia que nos ocupa, debe entenderse como la manifestación de voluntad del solicitante de amparo, quien opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Así, lo asentado al inicio denota que el veintidós de septiembre de dos mil veinte (foja 521), la quejosa tuvo conocimiento de la resolución dictada en la Garantía de Audiencia 332/2019. Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, el cinco de enero de dos mil veintidós, es evidente que se hizo fuera del plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que dicho acto se encuentre dentro de las excepciones previstas en el numeral en comento. Sin que obsten las manifestaciones que formula la quejosa en escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós en este juzgado, virtud señala que en la fecha que se le notifico no se había hecho del conocimiento de manera íntegra la resolución de garantía de audiencia 332/2019; pero al ser parte, estuvo en aptitud de comparecer ante la responsable e imponerse de dicha resolución o bien interponer juicio de amparo y, en su caso, haber ampliado demanda por conceptos de violación una vez tuviera pleno conocimiento de los motivos y fundamentos de esa resolución. Por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado en acuerdo de dieciocho de julio del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional; esto es, se dejan sin efecto las diez horas tres minutos del dieciocho de agosto del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional del presente sumario. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese de manera personal.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. En Culiacán, Sinaloa, a doce de agosto de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte el quejoso señaló como actos reclamados el bloqueo y suspensión de actos y operaciones de servicio de la cuenta bancaria 111-00667-001-2, del Banco Regional Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; Tarjeta de Crédito 4555456727480241, del BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; así como la orden de cancelación de la póliza de seguro de autos 474599370, todo ello con motivo de la resolución de garantía 332/2019, derivada de la actualización del acuerdo de bloqueo 230/2019 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera. En la demanda de amparo señaló haber tenido conocimiento el quince de diciembre de dos mil veintiuno del congelamiento de sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, se desprende el dos de diciembre de dos mil diecinueve la parte quejosa presento escrito de fecha veintiséis de noviembre del mismo año en el que solicita fecha y hora para la garantía de audiencia (foja 487), que mediante oficio 110/F/B/7385/2019, se señaló fecha y hora para a efecto de que se impusiera del acuerdo 230/2019 (foja 489), con fecha de veintiuno de enero de dos mil veinte se celebró la comparecencia por parte de la aquí quejosa (foja 495), posteriormente en oficio 110/F/B/1217/2020 de diecinueve de febrero de dos mil veinte se tuvieron por recibidas diversas manifestaciones y pruebas dentro del expediente 332/2019, luego, el veintidós de septiembre de dos mil veinte (foja 521) la autoridad responsable Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le hizo de conocimiento la resolución de Garantía de Audiencia número 332/2019, virtud obra firma de conocimiento. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De conformidad con dichos preceptos, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la parte quejosa ha consentido expresa o tácitamente el acto reclamado; existe consentimiento tácito cuando el juicio de amparo se promueve fuera del plazo previsto en el transcrito numeral 17. Tal situación responde al principio de seguridad jurídica orientado a evitar que el gobernado haga uso de la vía de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate; o bien, de manera tácita al no promover el juicio constitucional en los plazos legales. Así, el consentimiento para efectos de la improcedencia que nos ocupa, debe entenderse como la manifestación de voluntad del solicitante de amparo, quien opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Así, lo asentado al inicio denota que el veintidós de septiembre de dos mil veinte (foja 521), la quejosa tuvo conocimiento de la resolución dictada en la Garantía de Audiencia 332/2019. Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, el cinco de enero de dos mil veintidós, es evidente que se hizo fuera del plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que dicho acto se encuentre dentro de las excepciones previstas en el numeral en comento. Sin que obsten las manifestaciones que formula la quejosa en escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós en este juzgado, virtud señala que en la fecha que se le notifico no se había hecho del conocimiento de manera íntegra la resolución de garantía de audiencia 332/2019; pero al ser parte, estuvo en aptitud de comparecer ante la responsable e imponerse de dicha resolución o bien interponer juicio de amparo y, en su caso, haber ampliado demanda por conceptos de violación una vez tuviera pleno conocimiento de los motivos y fundamentos de esa resolución. Por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado en acuerdo de dieciocho de julio del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional; esto es, se dejan sin efecto las diez horas tres minutos del dieciocho de agosto del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional del presente sumario. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese de manera personal.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, se encuentra transcurriendo el termino de quince días otorgado a la autoridad responsable Institución Bancaria, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat a efecto de que rinda su respectivo informe justificado. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DE DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido por la parte quejosa mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto de la vista otorgada en auto de diecisiete de junio de ese año, y ofrece prueba. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formuladas las manifestaciones que vierte en forma de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que remite, mismas que será tomada en consideración al resolver en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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