Santos Álvarez Vidal
Expediente 456/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 72 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 72
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Santos Álvarez Vidal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 72.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informa devolución de despacho. Agréguese a los autos las promociones de cuenta; en su atención, se tiene a la Jueza Segunda Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, informando que mediante oficio 1849/2023 remitió el despacho 749/2023 (con número de orden 1259/2023-V), del índice de este juzgado federal; toda vez que mediante auto de catorce de noviembre del año en curso, fue recibida dicha comunicación oficial. Secretario informa entrega de oficio. Por otra parte, se tiene al Secretario General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo informando que entregó el despacho 835/2023 (con número de orden 1428/2023-V) a la Jueza Tercera Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, a efecto de que realice lo ordenado en el mismo. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Solicita se remita expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en su atención, se tiene a Jorge Alberto Camacho Velázquez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Santos Álvarez Vidal, solicitando el presente expediente se remita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, para que resuelva sobre del incumplimiento de sentencia en que han incurrido las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos de Tlanalapa, Hidalgo. Sin embargo, mediante auto de veinticinco de septiembre del año en curso se ordenó girar despacho al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, en turno, a efecto de que, en auxilio de la Justicia Federal, comisionara al actuario judicial de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio de las autoridades referidas e hiciera entrega de los oficios a través de los cuales se les requirió nuevamente el cumplimiento, sin que a la fecha obre en autos dicha comunicación, de la que se desprenda que fueron entregados. Se requiere estado procesal. Del acuse de recibo que obra en el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la comunicación oficial referida en el párrafo que antecede fue turnada al Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, por lo tanto, se solicita a dicha autoridad para que efecto de que, dentro del plazo de tres días, informe el estado procesal que guarda el despacho 749/2023-V-A (número de orden 1259/2023), del registro de este órgano federal y, en caso de que se encuentre diligenciada, la devuelva de manera inmediata, o bien, manifieste la imposibilidad para practicar lo encomendado. En esas condiciones, envíese dicho comunicado a través del servicio de mensajería Estafeta..M-V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Requerimiento. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de treinta de agosto pasado, se requirió a las autoridades responsables y a sus superiores jerárquicos a fin de que cumplieran con la resolución interlocutoria de catorce de agosto de dos mil veintitrés y acreditaran haber dado la orden de acatar dicha resolución, respectivamente; sin que al momento exista constancia de que así lo hicieron. En primer término, cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo y se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días; asimismo, como lo prevé el diverso 194 de la misma ley, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última, cumplir con el fallo protector. Además, la Ley de Amparo prevé un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento. En primer lugar, la imposición de una multa; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, al tratarse de un juicio de amparo indirecto, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo y la consignación ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Es preciso recalcar que dichas sanciones y responsabilidades son aplicables tanto a las autoridades responsables, como a aquellas que tengan el carácter de superiores jerárquicos y a las que sean vinculadas al cumplimiento; lo anterior, conforme a los preceptos 192, 194 y 197 de la legislación antes invocada. Así, si dichas autoridades cumplen la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si no cumplen con la sentencia de amparo aún después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento que podrá concluir con la separación del cargo y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, cuyo contenido es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Se requiere cumplimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Presidente y Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, a efecto de que den cumplimiento a lo determinado en la resolución interlocutoria de catorce de agosto de dos mil veintitrés, lo que deberán de comunicar a este juzgado federal, en el término de cinco días, en el entendido de que a dicho informe deberán acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del segundo párrafo del artículo 192 invocado. Requerimiento a los superiores jerárquicos. En el entendido que para los efectos del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, los superiores jerárquicos de las autoridades responsables son el Ayuntamiento y Presidente del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, de conformidad con los artículos 29 y 60, fracción I, inciso l), de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; por lo tanto, se requiere a las citadas autoridades para que, dentro del mismo plazo, acrediten haber dado la orden de cumplir con el requerimiento contenido en este proveído, como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 160, Novena Época, del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de la omisión sancionada, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las responsables. Notificación por despacho. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, gírese despacho al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, en turno, a efecto de que, en auxilio de la Justicia Federal, comisione al actuario judicial de su adscripción, para que se constituya en el domicilio de las autoridades referidas, y haga entrega de los oficios que deriven de este auto, los cuales deberán ser agregados a la comunicación procesal. En el entendido que, de rehusarse a recibirlos deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Se solicita atentamente al referido juez del orden común, para que una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva la comunicación que se envía. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la resolución incidental dictada el catorce de agosto pasado, no fue recurrida dentro del término de cinco días previsto por el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Se requiere cumplimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Presidente y Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, a efecto de que den cumplimiento a lo determinado en la resolución interlocutoria de catorce de agosto de dos mil veintitrés, lo que deberán de comunicar a este juzgado federal, en el término de diez días siguientes en que sean notificados del presente auto, en el entendido de que a dicho informe deberán acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del segundo párrafo del artículo 192 invocado. Es preciso recalcar que dichas sanciones y responsabilidades son aplicables tanto a las autoridades responsables como a aquellas que sean vinculadas al cumplimiento; lo anterior, conforme a los preceptos 192, 194 y 197 de la legislación antes invocada. Requerimiento a los superiores jerárquicos. En el entendido que para los efectos del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, los superiores jerárquicos de las autoridades responsables son el Ayuntamiento y Presidente del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, de conformidad con los artículos 29 y 60, fracción I, inciso l), de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; por lo tanto, se requiere a las citadas autoridades para que, dentro del mismo plazo, acrediten haber dado la orden de cumplir con el requerimiento contenido en este proveído, como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 160, Novena Época, del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de la omisión sancionada, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las responsables..M-V
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