Santos Alfonso Serrano Méndez
Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Santos Alfonso Serrano Méndez
- SANTOS ALFONSO SERRANO MÉNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, dado que se negó la definitiva. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a la destrucción del presente asunto. Documentos originales. Se advierte que no obran documentos originales ni billetes de depósito exhibidos por las partes, por lo que no ha lugar a dar vista.
- Principal
Se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no fue recurrida la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse SOBRESEÍDO EL ASUNTO y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración. Incidente de suspensión. Toda vez que se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y procédase a la destrucción del duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Documentos originales y anexos. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo,S E R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por XXXX, contra los actos y autoridades precisados en los resultandos primero y cuarto, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Escrito signado por el quejoso XXXXXXXXX Pretende ampliar su demanda; sin embargo, con fundamento en el numeral 111 de la Ley de Amparo a criterio de quien ahora provee es improcedente respecto de las autoridades que precisa, en virtud de que ya fueron señaladas en el escrito inicial de demanda; por tanto, ya son parte de la litis en el presente asunto. Ahora, pretende ampliar la demanda por cuanto hace a los actos siguientes: Reclamo de la Agencia Especializada de Combate a la corrupción la orden de investigación dentro de las carpetas de investigación con motivo de la denuncia formulada por el representante legal del XXXXXXXXXX, en contra del ahora quejoso,(.) y De los agentes Ministeriales adscritos a la Unidad de Apoyo Policial adscrito a la Agencia Especializada de Combate a la corrupción de la Fiscalía General del Estado, reclamo el oficio de investigación y molestias generadas en mi domicilio. Se advierte que el quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables la orden de investigación emitida dentro de las carpetas de investigación que afirma fueron iniciadas en su contra con motivo de la denuncia formulada por el representante legal del XXXXXXXXX, así como su ejecución; por lo que respecta a dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: XXXXXXXXXXX De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que éste únicamente puede promoverse por aquella persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo y los citados preceptos, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1. Puede promover el representante legal o apoderado; 2. Puede promover cualquier otra persona en su nombre, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento criminal; 3. Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 4. Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso particular el presente juicio de amparo resulta improcedente, respecto de los actos precisados, toda vez que no lesionan los derechos fundamentales del quejoso, ya que el acto de autoridad que pudiera lesionar sus derechos sería la resolución en donde se ordene su captura por el juez que corresponda conocer y resolver sobre la petición del Ministerio Público. En esas condiciones, toda vez que la orden de investigación dentro de las carpetas de investigación que refiere, así como su ejecución no causa daño o perjuicio a las personas contra las que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, que en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese sentido para el caso de que se tramitara una carpeta de investigación instruida en contra del aquí quejoso, ésta previa a su judicialización se integra con una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a sus presuntos responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, pues se insiste, la petición de captura está supeditada a la determinación que en su caso se hiciera al juez que conozca del asunto. Máxime que de los informes con justificación de las autoridades señaladas como responsables se advierte que negaron los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la ampliación de demanda de amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia señalada.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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