Santos Alexander Guevara Sanchez

Expediente 1983/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1983/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Santos Alexander Guevara Sanchez
  • Delegado O Responsable Y Personal A Su Mando de la Oficina de Representacion del Instituto Nacional de Migracion Reynosa, Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia en que sobreseyó en este juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace constar que no se encuentra pendiente de devolver documento original importante o de valor a la parte quejosa.

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1983/2022-3-M, promovido a favor de Santos Alexander Guevara Sánchez y José Aníbal Díaz Nolasco.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Enseguida, se da cuenta con la promoción registrada con folio 15810, consistente en el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Pública adscrita a este Juzgado, el cual se relacionará de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. A continuación, el Secretario da lectura al escrito de demanda, así como a las demás constancias de autos y con el informe de suspensión de plano de la autoridad responsable (foja 22). A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe aludido, al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, en el periodo de pruebas, el Secretario de Juzgado hace constar que no se cuenta con pruebas por relacionar, por lo que se cierra dicha fase. En la etapa de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la representación social, en la intervención ministerial 526/2022 (fojas 29 y 30). A lo que el Juez acuerda: Téngase por reproducidos los alegatos de referencia y al no haber más que reproducir se cierra esta etapa. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez pasa a dictar la siguiente S E N T E N C I A: Vistos los autos del juicio de amparo 1986/2022-3-M; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, Juan Diego López Argüelles promovió juicio de amparo a favor de Santos Alexander Guevara Sánchez y José Aníbal Díaz Nolasco, contra actos del Delegado o Responsable y personal a su mando, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, de quien reclamó esencialmente, la privación de libertad con objeto de deportación. SEGUNDO. En siete de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número de expediente 1983/2022-3-M y se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, una vez ratificada la misma se admitió y se ordenó pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado; dar al representante social de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en de quienes reclamó esencialmente, la privación de libertad con objeto de deportación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, (registro 192097) página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. El Representante Local del Instituto Nacional de Migración, de esta localidad, al rendir informe negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario, que desvirtuara dicha negativa (foja 22). Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Tomo VI, 236, del Apéndice 2000 (registro 917818), del rubro y contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" Consecuentemente, debe SOBRESEERSE el presente juicio de derechos fundamentales, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1, fracción I, 61, 62, 63, 73, 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1983/2022-3-M, promovido a favor de Santos Alexander Guevara Sánchez y José Aníbal Díaz Nolasco, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero de esta resolución y por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...Visto lo de cuenta; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de Gustavo Alfredo Zamora Loya, en el que formula alegatos, toda vez que este juicio de amparo se dictó sentencia el ocho del mes y año en curso.Cúmplase. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Diego López Argüelles, en favor de Juan Diego López Argüelles en favor de Santos Alexander Guevara Sanchez y Jose Anibal Diaz Nolasco, de nacionalidad Salvadoreña, contra actos del Delegado o responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1983/2022-3-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, deportación, o expulsión del país e incomunicación, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente se encuentran internos en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que los quejosos directos en su calidad de extranjeros (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubiquen en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogado particular; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables Delegado o responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecuten en agravio de los quejosos, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruyan la inmediata libertad de Santos Alexander Guevara Sanchez y Jose Anibal Diaz Nolasco, de nacionalidad salvadoreña, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfaga los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante las autoridades responsables quienes cuentan con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que los quejosos puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si los quejosos no acreditan que iniciaron el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si los quejosos, una vez liberados, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se comprometen a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, y la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplió con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente fueron sorprendidos intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportado por autoridades migratorias de ese país. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Si la privación de libertad de los quejosos obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de Santos Alexander Guevara Sanchez y Jose Anibal Diaz Nolasco, de nacionalidad Salvadoreña, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de éste. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que los justiciables fueron puestos a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerla a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, las autoridades responsables deberán ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrán hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíqueseles la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de los quejosos, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece Santos Alexander Guevara Sanchez y Jose Anibal Diaz Nolasco; de ser así, les notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme al párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que el o los directos quejosos no sean localizados como recluidos o albergados en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que los quejosos hubiesen sido puesto a disposición de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que los quejosos no entiendan el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que los mismos entiendan y comprendan lo que se les está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que la parte quejosa no ratifiquen la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Paseo de las yucas, número 418, entre Río Tajo y Boulevard Alvaro Obregón, código postal 88720, de la Colonia Valle Verde, de esta ciudad, designando el correo electrónico diegolarguelles-10@hotmail.com. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico solicitado, con el nombre de usuario "DIEGOARGUELLES", por lo que se comisiona al Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones administrativas tendientes a dar cumplimiento a esta determinación. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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