Santos Alberto Aguilar Poot
Expediente 840/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Santos Alberto Aguilar Poot
- Santos Alberto Aguilar Poot y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo, l presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
aviso....Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos en los cuales obran agregadas las constancias remitidas por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad señalada como responsable en este asunto. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, a juicio de quien resuelve en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo aplicable. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, Constitucional y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, si en el presente caso el acto reclamado se hizo consistir en la negativa emitida por las autoridades responsables el trece de abril de dos mil veinte, de inscribir el título de propiedad marcado con el número cincuenta y ocho de doce de diciembre de dos mil diecinueve, respecto del predio marcado con el número ciento nueve letra "E" de la calle doce de la localidad y municipio de Telchac Pueblo, Yucatán, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Lo anterior es así, en tanto que, previamente a instar la acción constitucional, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo, por las razones que a continuación se expondrán. La Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en sus artículos 198 y 199 establecen: "Artículo 198. Se crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la Consejería Jurídica, el cual se regirá por lo previsto en esta Ley, su Estatuto Orgánico, el Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. "Artículo 199. El Instituto tiene por objeto llevar a cabo las funciones públicas correspondientes al Registro Público y al Catastro en el Estado, mediante la coordinación de estos servicios, en los términos de los planes y programas de la Administración Pública estatal, de esta Ley, de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables." De la transcripción de los citados artículos se advierte que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es un órgano público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán. Ahora, el artículo 4 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán dice: "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. (.)" Del citado precepto desprende que los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "ARTICULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. (REFORMADO, D.O. 18 DE JULIO DE 2017) Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." "ARTICULO 7. Serán partes en el procedimiento: I.- El actor. II.- El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "ARTICULO 8. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión". De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. Siendo que en el presente caso la autoridad responsable es precisamente un órgano público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 4° fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, así como los artículos 1°, 7° y 8° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado consistente en la negativa emitida por las autoridades responsables el trece de abril de dos mil veinte, de inscribir el título de propiedad marcado con el número cincuenta y ocho de doce de diciembre de dos mil diecinueve, respecto del predio marcado con el número ciento nueve letra "E" de la calle doce de la localidad y municipio de Telchac Pueblo, Yucatán, procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que el peticionario debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, puede obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional también se advierte en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales 23, 24, 25 y 26 de la citada Ley. Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva; Conforme al artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, el magistrado deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, como el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable; El artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). En términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo aplicable, el Juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la paralización de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 23, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el diverso 16 de la misma legislación, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. Como se observa de los numerales antes trascritos, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 223170, que dispone: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías". Asimismo, como se analiza a continuación, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad. Aquellas excepciones reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo, son las siguientes: Tercero extraño a juicio; en el caso, al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento. En la demanda no fue impugnada alguna norma general. De las constancias que fueron anexadas al informe justificado de la autoridad responsable, específicamente el oficio reclamado se citaron diversos artículos de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán; Código Civil; Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; y otras; de ahí que el acto que se reclama se encuentre fundado. No pasa inadvertido para este órgano judicial que el quejoso, en el escrito de demanda, aduce violaciones a los artículos 1, 8, y 16 constitucionales. Sin embargo, si bien es cierto que el principio de definitividad, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, admite como una de sus excepciones aquella que opera cuando solamente se aleguen, en contra del acto reclamado, violaciones directas a ese ordenamiento, también lo es que no tiene aplicación cuando tales argumentos se mezclan con alegatos relativos a la transgresión a preceptos secundarios. Ello es así, puesto que, si al lado de violaciones a derechos de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, se hace valer la transgresión directa de preceptos constitucionales, el ocursante no queda relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria aplicable, pues de lo contrario, imperaría el arbitrio de los quejosos, quienes por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, junto con la transgresión a preceptos secundarios podrían optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En efecto, aunque hay ocasiones en las que el afectado no tiene obligación de agotar previamente a la promoción del amparo los recursos ordinarios que la ley del acto prevé, ello ocurre cuando únicamente aduce violaciones directas a la Constitución Federal. Sin embargo, si no alega solamente ese tipo de violaciones, sino también la de preceptos legales, es incuestionable que no se está en el caso de excepción al principio de definitividad mencionado, toda vez que sólo se carece de la oportunidad de hacer valer recursos ordinarios cuando en el acto de molestia no se precisan los motivos que lo originan ni se cita disposición legal alguna. Por ello, si el quejoso conoce cuál es la ley que se le está aplicando, y sabe exactamente de qué autoridad emanan los actos reclamados, entonces no se encuentra en el estado de incertidumbre que lo autorice a dejar de observar el principio de definitividad que rige en la materia; destacándose que en el caso, el quejoso tuvo conocimiento de la negativa desde el momento en que presentó su demanda de amparo, pues en ella refiere que le fue negado lo solicitado desde el trece de abril de dos mil veinte, lo cual evidencia el conocimiento integral de los aspectos ya señalados. Resulta aplicable por similitud de razón la Jurisprudencia XXI.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Página 87, del Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." En consecuencia, el quejoso estaba obligado a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda y de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Como apoyo a las consideraciones precedentes se cita la tesis de jurisprudencia con número de registro 237480 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 175-180, Tercera Parte, página 119, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos en los cuales obran agregadas las constancias remitidas por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad señalada como responsable en este asunto. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, a juicio de quien resuelve en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo aplicable. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, Constitucional y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, si en el presente caso el acto reclamado se hizo consistir en la negativa emitida por las autoridades responsables el trece de abril de dos mil veinte, de inscribir el título de propiedad marcado con el número cincuenta y ocho de doce de diciembre de dos mil diecinueve, respecto del predio marcado con el número ciento nueve letra "E" de la calle doce de la localidad y municipio de Telchac Pueblo, Yucatán, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Lo anterior es así, en tanto que, previamente a instar la acción constitucional, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo, por las razones que a continuación se expondrán. La Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en sus artículos 198 y 199 establecen: "Artículo 198. Se crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la Consejería Jurídica, el cual se regirá por lo previsto en esta Ley, su Estatuto Orgánico, el Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. "Artículo 199. El Instituto tiene por objeto llevar a cabo las funciones públicas correspondientes al Registro Público y al Catastro en el Estado, mediante la coordinación de estos servicios, en los términos de los planes y programas de la Administración Pública estatal, de esta Ley, de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables." De la transcripción de los citados artículos se advierte que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es un órgano público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán. Ahora, el artículo 4 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán dice: "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. (.)" Del citado precepto desprende que los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "ARTICULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. (REFORMADO, D.O. 18 DE JULIO DE 2017) Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." "ARTICULO 7. Serán partes en el procedimiento: I.- El actor. II.- El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "ARTICULO 8. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión". De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. Siendo que en el presente caso la autoridad responsable es precisamente un órgano público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 4° fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, así como los artículos 1°, 7° y 8° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado consistente en la negativa emitida por las autoridades responsables el trece de abril de dos mil veinte, de inscribir el título de propiedad marcado con el número cincuenta y ocho de doce de diciembre de dos mil diecinueve, respecto del predio marcado con el número ciento nueve letra "E" de la calle doce de la localidad y municipio de Telchac Pueblo, Yucatán, procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que el peticionario debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, puede obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional también se advierte en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales 23, 24, 25 y 26 de la citada Ley. Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva; Conforme al artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, el magistrado deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, como el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable; El artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). En términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo aplicable, el Juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la paralización de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 23, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el diverso 16 de la misma legislación, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. Como se observa de los numerales antes trascritos, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 223170, que dispone: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías". Asimismo, como se analiza a continuación, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad. Aquellas excepciones reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo, son las siguientes: Tercero extraño a juicio; en el caso, al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento. En la demanda no fue impugnada alguna norma general. De las constancias que fueron anexadas al informe justificado de la autoridad responsable, específicamente el oficio reclamado se citaron diversos artículos de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán; Código Civil; Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; y otras; de ahí que el acto que se reclama se encuentre fundado. No pasa inadvertido para este órgano judicial que el quejoso, en el escrito de demanda, aduce violaciones a los artículos 1, 8, y 16 constitucionales. Sin embargo, si bien es cierto que el principio de definitividad, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, admite como una de sus excepciones aquella que opera cuando solamente se aleguen, en contra del acto reclamado, violaciones directas a ese ordenamiento, también lo es que no tiene aplicación cuando tales argumentos se mezclan con alegatos relativos a la transgresión a preceptos secundarios. Ello es así, puesto que, si al lado de violaciones a derechos de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, se hace valer la transgresión directa de preceptos constitucionales, el ocursante no queda relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria aplicable, pues de lo contrario, imperaría el arbitrio de los quejosos, quienes por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, junto con la transgresión a preceptos secundarios podrían optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En efecto, aunque hay ocasiones en las que el afectado no tiene obligación de agotar previamente a la promoción del amparo los recursos ordinarios que la ley del acto prevé, ello ocurre cuando únicamente aduce violaciones directas a la Constitución Federal. Sin embargo, si no alega solamente ese tipo de violaciones, sino también la de preceptos legales, es incuestionable que no se está en el caso de excepción al principio de definitividad mencionado, toda vez que sólo se carece de la oportunidad de hacer valer recursos ordinarios cuando en el acto de molestia no se precisan los motivos que lo originan ni se cita disposición legal alguna. Por ello, si el quejoso conoce cuál es la ley que se le está aplicando, y sabe exactamente de qué autoridad emanan los actos reclamados, entonces no se encuentra en el estado de incertidumbre que lo autorice a dejar de observar el principio de definitividad que rige en la materia; destacándose que en el caso, el quejoso tuvo conocimiento de la negativa desde el momento en que presentó su demanda de amparo, pues en ella refiere que le fue negado lo solicitado desde el trece de abril de dos mil veinte, lo cual evidencia el conocimiento integral de los aspectos ya señalados. Resulta aplicable por similitud de razón la Jurisprudencia XXI.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Página 87, del Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." En consecuencia, el quejoso estaba obligado a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda y de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Como apoyo a las consideraciones precedentes se cita la tesis de jurisprudencia con número de registro 237480 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 175-180, Tercera Parte, página 119, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad señalada como responsable en este asunto, mediante el cual remite diversas constancias relacionadas con el acto aquí reclamado las cuales se reservan para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
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