Santos Agüero Torres

Expediente 241/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
241/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Santos Agüero Torres
  • Juez de Primera Instancia En Materia Penal del Sistema Acusatorio Y Oral del Distrito de San Pedro, Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Escrito. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por el tercero interesado, por el que solicita copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio. Acuerdo. Al respecto, con motivo de la emisión de los acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, y demás relativos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de "distanciamiento social" y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, entréguense las copias que solicita, vía versión electrónica, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Lo anterior tiene como finalidad mantener las medidas de aislamiento social y sana distancia durante la emergencia sanitaria, es decir, con ello se evita o minimiza la exposición a los factores de riesgo que suelen facilitar el contagio por la enfermedad de Covid-19, lo cual naturalmente puede derivar del proceso tradicional de fotocopiado a costa del ocursante. Por consiguiente, una vez que proporcione un correo electrónico al cual pueda hacérsele llegar las mismas y las labores del juzgado lo permitan, envíese las copias digitalizadas de lo que se solicita en el expediente en que se actúa, a fin que el interesado pueda descargarlo en su equipo de cómputo, debiendo agregarse al expediente la constancia de su envío. En la inteligencia que deberá incluirse la evidencia criptográfica correspondiente, pues con ello se otorga a las constancias digitales el valor copia certificada electrónicamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente al tercero interesado VICTOR ARTURO ZAMORA LÓPEZ.

  3. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante oficio recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, se exhibió el escrito de demanda de Santos Agüero Torres, en la cual solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra el acto reclamado que a continuación se transcribe: "(.) En la emisión de la orden de aprehensión, comparecencia o cualquier otra medida cautelar o preventiva tendiente a privarlo de su libertad". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal y por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 241/2022-IB, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Asimismo, mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se proveyó respecto a la inexistencia de las autoridades ahí indicadas. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: 1) La orden de aprensión o detención, así como su inminente ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Encargado de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de San Pedro, Coahuila, Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Laguna II, Unidad de Investigación y Litigación Uno y Dos, adscritas a la Delegación Regional Laguna II, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en San Pedro, Coahuila, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si las autoridades negaron la existencia de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a quien resuelve a abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Inexistencia de autoridad. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con la inexistencia de las autoridades denominadas Unidad de Atención y Decisión Temprana sin detenido y Unidad de Tramitación Masiva de Casos, ambas adscritas a la Delegación Regional II, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza y Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal, adscrita a la Delegación Regional II, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que haya hecho manifestación alguna respecto a las citadas autoridades; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y se tienen como inexistentes a las autoridades indicadas. Cobra aplicación a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno época, tomo XXIII, enero de 2016, página 2329, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados". Notifíquese.

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