Santiago Valencia Torres
Expediente 2557/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2557/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Santiago Valencia Torres
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Que del análisis de los presentes autos se advierte que no obran en autos las constancias de notificación de las autoridades responsables correspondientes a los oficios 4378/2018 y 4379/2018, del auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se ordenó el archivo del presente expediente. En consecuencia, se ordena reexpedir los oficios de referencia, para los efectos legales conducentes, insertando en éstos, el auto relativo a ello. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (foja 2218 y 2219), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que por ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de revisión 359/2018 determinó conceder el amparo, para los efectos siguientes: ".Son esencialmente fundados los conceptos de violación tendentes a evidenciar la falta de fundamentación y motivación del acto. En efecto, para arribar a tales conclusiones, se parte de las premisas fijadas en la jurisprudencia del Pleno de Circuito transcrita con antelación y que, con mayor detalle, se desarrollan en la ejecutoria de la cual emana. Entre ellas, destacan por la vinculación con el presente asunto, que los artículos 183, 184, 188 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco "establecen que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se encuentra facultado para asignar la competencia territorial de los órganos en que ejercerán funciones los jueces especializados y mixtos, pudiendo readscribirlos cuando la necesidad del servicio lo requiera y sea posible y que en la hipótesis de que para la primera adscripción haya varias vacantes, se tomará en cuenta la calificación, antigüedad, desempeño y nivel de estudios." También considera que cuando los quejosos "alegan un derecho preferencial que surge del resultado de su participación en diversos concursos de oposición libre, para integrar lista de reserva de jueces estatales de primera instancia, por lo que con independencia del lugar de prelación que hayan ocupado, es evidente que se encuentra incorporado un derecho de preferencia en sus esferas jurídicas." En este orden de ideas, es inconcuso que por el derecho incorporado a la esfera jurídica del quejoso éste tiene la potestad legal de exigir que sea tomado en cuenta en las adscripciones que realice el Consejo de la Judicatura, para lo cual debe basarse en los factores objetivos ya destacados y que están previstos por el artículo 190, que dice: "Artículo 190. En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad; y IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente." No es óbice para concluir lo anterior, la circunstancia destacada por el Juez de Distrito, en relación con la especialización del concurso en que fue aprobado el quejoso, toda vez que, por una parte, ese factor no fue considerado por el Pleno de Circuito como una limitante al derecho adquirido para ser tomado en cuenta en las diferentes adscripciones, ya que, incluso, como lo alega el peticionario y lo reconoce la responsable, con la reforma realizada al artículo 181, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de treinta y uno de julio de dos mil catorce, en la actualidad sólo establece una categoría que es la de "Juez de Primera Instancia", pues suprimió la distinción entre "Juez de Primera Instancia Especializado" (anterior fracción I) y "Juez de Primera Instancia Mixto" (anterior fracción II). Además, en el caso concreto, la plaza asignada corresponde a un Juzgado Civil y el tercero interesado resultó aprobado (al igual que el quejoso), en una especialidad distinta del juzgado asignado, concretamente en materia penal en la especialidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, lo cual evidencia que la especialización del concurso en que resultó elegido el interesado no constituye, en sí misma, un obstáculo para la adscripción. Tampoco obsta lo que destacan las responsables, en cuanto a que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, al plasmarse los diversos factores que se tomaron en cuenta para la adscripción del tercero interesado, como son su calificación en el concurso, su antigüedad o experiencia profesional, entre otros factores, sin embargo, esa valoración se realizó sin tomar en cuenta al aquí quejoso y los méritos que este tuviera para ser adscrito en el cargo. De ahí que, en ese sentido, la transgresión a los derechos fundamentales del quejoso se presenta, no porque la responsable tomara en cuenta los méritos del tercero interesado sino, precisamente, por no tomar en cuenta los factores del aquí quejoso, para luego de ponderarlos unos y otros, emitir una resolución fundada y motivada apoyada en los datos objetivos previstos por la norma. En este orden de ideas, si a la fecha en que se llevó a cabo esa adscripción, diez de octubre de dos mil diecisiete, tanto el tercero interesado como el quejoso eran concursantes aprobados para ocupar el cargo de Juez de Primera Instancia pendientes de adscripción, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de Circuito "en la hipótesis de que para la primera adscripción haya varias vacantes, se tomará en cuenta la calificación, antigüedad, desempeño y nivel de estudios", que en este caso corresponden a los del quejoso y del tercero interesado. Al no hacerlo así, este tribunal considera que la responsable vulneró los principios fundamentales de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, así como la fundamentación y motivación previstos por los artículo 14 y 16 constitucionales y lo conducente es, siguiendo igualmente los lineamientos fijados por el Pleno de Circuito, conceder el amparo para el efecto de que deje insubsistente el acto reclamado y emita uno nuevo en el que, purgando el vicio detectado, consistente en no tomar en cuenta al quejoso en esa designación, realice una valoración de los méritos de él y del tercero interesado, para lo cual se deberá apegar a los parámetros objetivos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, concretamente en su artículo 190, fundando y motivando debidamente su resolución, para lo cual conserva plenitud de jurisdicción..". Al respecto, por oficio 2783/2019 (foja 2167), el delegado de la autoridad responsable del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el trece de noviembre de dos mil diecinueve, de la cual se advierte que dejó sin efectos el Acuerdo Plenario derivado de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el diez de octubre de dos mil diecisiete, en el cual, con plenitud absoluta de jurisdicción, se otorgó la primera adscripción del tercero interesado **********, al Juzgado octavo en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y en la misma emitió un nuevo dictamen en el que valoró y analizó lo previsto por el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es decir la calificación obtenida en el concurso de oposición, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional, y en su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad y el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. Constancias que, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos, pues en ejercicio de su competencia y atribuciones, realizó las gestiones tendentes al desahogo de las pruebas materia del acto reclamado; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue mas allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual refiere que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, ya que, en su opinión, la autoridad no podía elegir entre su lista y la del tercero interesado, toda vez que al haber resultado vencido este último, tenía que valorar a los diversos vencedores de la lista en la que resultó electo, hecho lo anterior, estaría en condiciones de analizar la factibilidad para ocupar el cargo entre el quejoso y el tercero interesado. Al respecto dígasele que no le asiste la razón en cuanto a lo que pretende, dado que los efectos que señala no fueron los establecido en la ejecutoria de amparo. Además, se le recuerda que, al haber sido emitido el nuevo dictamen con plenitud de jurisdicción, no es dable analizar la legalidad del mismo (si se apega o no al artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco), sino únicamente si ?como lo ordeno el colegido?, que se le tomara en cuenta para la designación impugnada (reverso foja 2,128 del tomo III del presente sumario). Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Devolución cuadernos de pruebas. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, devuélvanse las mismas a efecto de que sea ella quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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