Santiago Salas Ferrari
Expediente 1380/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Santiago Salas Ferrari
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, que dicho Tribunal Federal calificó de legal el impedimento formulado por la titular de este órgano jurisdiccional, por lo que se ordenó remitir los autos del juicio de amparo 1380/2022, del índice de este juzgado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para que lo turne entre los demás Jueces de Distrito; acúsese recibo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción f, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, misma que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se provee: Respecto a lo solicitado por el referido órgano de control constitucional, se informa que el veinticinco de octubre del presente año, se recibió oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria dictada el catorce del aludido mes y año, dentro de los autos del impedimento 83/2022 de su índice; así como el juicio de amparo 1160/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado; sin embargo, la suscrita se declaró impedida de conocer dicho juicio, por lo que se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para la calificación de la causa de impedimento planteada. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió a trámite el impedimento planteado, el cual fueron registrado con el expediente ********************. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el catorce del mes y año en curso, dentro de los autos del impedimento 83/2022 de su índice; así como el juicio de amparo 1160/2022, promovido por Rita María Antonia Ferrari Marchioni y Santiago Salas Ferrari, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1380/2022-VIII. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo 321/2019-III, del índice de este Juzgado, se advierte que el quejoso Santiago Salas Ferrari realizó diversas manifestaciones denostativas en contra de esta juzgadora, lo que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio y al efecto se transcriben: "para el Juez octavo de distrito no darle la personalidad para defenderse en un proceso administrativo NO ES CAUSAL DE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO FUNDAMENTAL Y QUE SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DICHA MORAL SE PUEDE DEFENDER. [.] Esto significa que la Juez del Octavo Distrito ha desvirtuado el principio de ProPersona, por un principio ProAutoridad, defender el sistema de impunidad que sufre México para que las autoridades sigan violentando sistemáticamente los derechos humanos de los quejosos, recordando que el grado de impunidad que existe en México es similar a países en estado de guerra. Es decir, la impunidad deriva de las decisiones que toma el sistema jurídico mexicano. La posible solución o arreglo que hizo la Juez del Octavo Distrito en el Estado, es que hablo con alguien de la SEGE para avisar sobre este amparo, desecha el amparo, SEGE no quita los RVOEs para que no podamos interponer otro amparo, según esto mis representadas "ganan al no quitarles los RVOEs" y no sale toda la corrupción y múltiples violaciones a los derechos humanos ocasionadas por diversas autoridades de la SEGE. Así no pierde la parte quejosa y no sale la corrupción que reina en el estado mexicano." Con lo anterior se pone de relieve que en distinto juicio de amparo, tramitado en este mismo órgano de control constitucional, el citado Santiago Salas Ferrari, ha sostenido que la suscrita actúa de forma contraria a la ley y a la Constitución Federal, lo que demuestra que ha puesto en duda la manera en que esta juzgadora se conduce en sus actos judiciales, incluso expuso que la suscrita tuvo un "arreglo" con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. En consecuencia, se estima que tales hechos, actualizan la causa de impedimento legal prevista en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que son del contenido siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [...] VI. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. [.]" "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: [...] II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;" De los anteriores preceptos se desprenden las causas por las cuales los jueces se deben declarar impedidos para conocer de los juicios de amparo sometidos a su potestad. Las hipótesis previstas en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se traducen en la explícita consideración del funcionario judicial ubicado en el supuesto respectivo, que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver un asunto; así como en el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia -la amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes-. En estas condiciones, esta juzgadora sostiene que tal situación influye en mi ánimo y objetividad para continuar conociendo de este juicio de amparo. Las manifestaciones de la parte quejosa derivan en que surja una enemistad manifiesta; pues dichas expresiones producen animadversión en mi ánimo y, objetividad, con lo cual se estima que existe causa justificada a fin de declararme impedida para continuar conociendo de este juicio. Situación que es conforme con los criterios definidos por el Máximo Tribunal del País, en cuanto a que la enemistad manifiesta corresponde al ámbito subjetivo del juzgador que se considera impedido, que es precisamente el que debe estar provisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad de su actuación jurisdiccional, por ello, la sola manifestación de un juzgador en el sentido de tener enemistad manifiesta con las partes, que le impide resolver con objetividad e imparcialidad el asunto respectivo, tiene un peso importante y una presunción de veracidad dentro de nuestro sistema jurídico, en atención a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, a que está sujeta la carrera judicial, en términos del artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 46/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA EN SU CONTRA POR UNA DE LAS PARTES, SU ABOGADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO DE AMPARO. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 105/2006 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO.", para calificar de legal la causa de impedimento por enemistad manifiesta prevista en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, se debe valorar la manifestación expresa del juzgador en el sentido de que se ubica en dicho supuesto, y el señalamiento que haga de una causa objetiva y razonable que justifique esa circunstancia. De este modo, si manifiesta encontrarse impedido para conocer del juicio de amparo, en cualquiera de sus etapas, por la enemistad respecto de alguna de las partes, sus abogados o representantes, dicha afirmación es suficiente para calificar de legal el impedimento planteado, independientemente de que exista una denuncia penal o querella interpuesta en su contra por alguno de ellos, en que se contengan expresiones injuriosas o calumnias en su contra, o de cualquier otra circunstancia, pues para que se actualice la causa de impedimento señalada, es intrascendente la actitud o la conducta de las partes o sus representantes, siendo única y exclusivamente determinante para valorar dicho impedimento la apreciación subjetiva del juzgador en el sentido de que, en su fuero interno, siente afectada la objetividad o imparcialidad con la que debe conducirse en el juicio. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 51, 52, 53, 54 y 58 de la Ley de la materia, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los autos originales de este juicio, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para la calificación de la causa de impedimento planteada. Lo anterior, en la inteligencia de que idénticos planteamientos fueron declarados procedentes en los impedimentos 06/2020, 02/2021 y 07/2021 todos ellos del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese este acuerdo a la parte promovente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55 del tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 1996, por no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.
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