Santiago Salas Ferrari
Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Santiago Salas Ferrari
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL PERITO LUIS CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA, LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se tiene por recibido y se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el Vicefiscal Científico de la Fiscalía General del Estado. Determinación Del contenido del aludido oficio se advierte que dicha autoridad informa al Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado el nombre del perito en materia contable que se designa a efecto de desahogar la prueba pericial en materia contable dentro del presente juicio, siendo este el perito Luis Carlos Rodríguez García. En virtud de lo anterior, túrnense los presentes autos a la actuaria de este órgano, a efecto de que se constituya en las instalaciones de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, para que con fundamento en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiera al citado perito, a efecto de que manifieste si está en aptitud de prestar el auxilio como perito por parte de este juzgado en materia contable, por lo que se le ponen a la vista las constancias que integran el presente juicio de amparo 433/2021-I, a fin de que se imponga de su contenido y pueda determinar lo conducente; en el entendido de que, la aceptación y protesta del cargo conferido, podrá hacerlo al momento de la notificación ante la presencia de la actuaria judicial o bien, dentro del término de tres días siguientes al de la notificación de esta determinación, pudiendo presentarse en las instalaciones de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, ubicado en Avenida Palmira número 905 (ala b, piso sexto), Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, en esta ciudad. Asimismo, comuníquese al citado profesionista, que cuenta con un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, deberá protestar el fiel y legal desempeño del cargo, manifestando si se encuentra en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 51 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al perito Luis Carlos Rodríguez García.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido vía electrónica por la parte quejosa, en atención a su contenido se provee: Estado de autos Visto el estado de los autos, de sus constancias se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito recibido el tres de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de San Luis Potosí, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, la aquí quejosa demandó el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental; Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí y Delegación de Villa de Pozos del municipio de San Luis Potosí, los actos que hizo consistir en lo siguiente: No procede ampliación de demanda Ahora bien, del escrito que remite la aquí quejosa se advierte que pretende ampliar su demanda de amparo, respecto de las autoridades que enseguida se indican, a quienes reclama los actos que a continuación se describen: Del Ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí: - La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada el siete de junio de dos mil veintiuno. - La omisión de cuidar, dar mantenimiento y reparar el área verde del camellón ubicado en calle ****************. De la Fiscalía General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí: - La omisión de dar respuesta al escrito de denuncia formulada el treinta de julio de dos mil veintiuno. Y del maestro ******, Director de Normatividad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado de San Luis Potosí: - La falta de fundamentación y motivación del oficio ******************. Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 111 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley." Del citado numeral se observa, particularmente de la fracción segunda, que para que sea factible la ampliación, ésta debe guardar una estrecha relación con los actos originalmente reclamados. Luego, conforme a los antecedentes transcritos con antelación, se arriba a la conclusión de que los actos que ahora reclama la impetrante son autónomos y distintos a los señalados inicialmente en el presente juicio de amparo, en los que el reclamo esencialmente se basó en el permiso, documento o autorización a través del cual se autorizó derribar, arrancar, tumbar, talar, sacar de raíz, tronar, matar o trasplantar los árboles y plantas que describió la parte quejosa en su escrito de demanda. En tanto que en su ocurso de cuenta pretende formular la ampliación de que se trata, respecto de la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada el siete de junio de dos mil veintiuno, en la que dijo presentar una denuncia, queja o reporte, ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí y demandó la omisión de dar mantenimiento al área que describió y por otro lado, formuló una denuncia el treinta de julio del mismo año, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por la probable comisión del delito ambiental previsto en el artículo 298 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. De ahí que resulte incuestionable que, adverso a lo que sostiene la impetrante, no existe relación alguna entre los actos reclamados inicialmente, que como se dijo, consisten medularmente en la autorización o permiso expedido para quitar los árboles y plantas que señaló la quejosa de mérito en su escrito de demanda. Por lo cual, con apoyo en el numeral 111, fracción II de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener a la quejosa de mérito por ampliando su demanda de amparo, por lo que a dichos actos se refiere. Citándose como apoyo a la determinación anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia PC.X. J/13 P (10a.), del título y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA AL QUEJOSO PARA QUE LA AMPLÍE CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, CUANDO LA RECLAMADA EN LA DEMANDA INICIAL RESULTÓ INEXISTENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 155/2016 de su índice, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE.", estableció que la exigencia de que los actos novedosos guarden estrecha relación con los impugnados inicialmente, prevista en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, constituye un requisito de procedencia de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, el cual tiene influencia en la fijación de la litis y obliga a los órganos jurisdiccionales a verificar que entre los actos reclamados exista una vinculación cercana y a argumentar sobre la existencia o inexistencia de esa relación. Bajo ese contexto, cuando se reclama una orden de aprehensión de forma genérica que resulta inexistente a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no es procedente que el Juez de Distrito prevenga al quejoso para que amplíe su demanda inicial respecto de una diversa orden dictada durante el trámite del juicio de amparo. Ello es así en virtud de que, en primer lugar, la orden de aprehensión reclamada inicialmente, que resultó inexistente, no puede guardar relación con la dictada después de la presentación de la demanda de amparo, dado que un acto inexistente no tiene relación con otro que surge con posterioridad; aunado a lo anterior, en segundo lugar, la orden de aprehensión reclamada de manera genérica no guarda estrecha relación con una diversa emitida durante el trámite del juicio constitucional, pues esta última no es consecuencia del reclamo inicial, ni lo modifica o complementa de modo alguno; de igual forma, la eficacia de lo reclamado inicialmente no se encuentra condicionado a la emisión de aquélla, sino que los actos revisten autonomía. Por lo anterior, en el supuesto apuntado, no se satisface el requisito de procedencia de la ampliación de la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo." En consecuencia, remítase el escrito original de ampliación a la Oficina de Correspondencia de Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con transcripción de este acuerdo, a efecto de que sea registrada como nuevo asunto y se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, previa copia autorizada que se deje en autos. 1 Registro digital: 2020956, Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, página 1149. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J./ 7/2020 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla."2 En la inteligencia de que al tratarse de dos diversos actos independientes entre sí, deberá remitirse el escrito 2 Visible bajo el registro 2022181, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el nueve de octubre de dos mil veinte. de ampliación referido, por duplicado, a fin de que se provea lo que en derecho corresponda, respecto de la demanda que se promueve en contra de: Ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí, a quien se reclama: - La omisión de dar respuesta a su solicitud formulada el siete de junio de dos mil veintiuno. - La omisión de cuidar, dar mantenimiento y reparar el área verde del camellón ubicado en calle Tranquilidad en San Nicolás de los Jassos. Así como en contra de la Fiscalía General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a quien se atribuye: - La omisión de dar respuesta al escrito de denuncia formulada el treinta de julio de dos mil veintiuno. Se desecha respecto del diverso acto reclamado a la Dirección de Normatividad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí Ahora bien, del escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa también señala como autoridad responsable a: Maestro***************, Director de Normatividad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a quien atribuye: - La falta de fundamentación y motivación del oficio ******************. En relación a lo anterior, este Juzgado estima que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma, en atención a las consideraciones que enseguida se exponen. I. Marco jurídico El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Asimismo, el numeral 61 fracción XXIII de la citada legislación prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". II. Análisis En concepto de esta juzgadora, del análisis íntegro del escrito de ampliación de demanda se advierte que lo que la parte quejosa efectivamente reclama, es: - La falta de fundamentación y motivación del oficio******************. Ahora, respecto del citado acto reclamado la suscrita juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o, fracción II, del referido ordenamiento, en virtud de que, a quien la impetrante señaló como autoridad responsable, no puede considerarse como tal, respecto del acto que se le pretende atribuir, para efectos del juicio de amparo, al no reunir los requisitos que establece el ordinal referido en segundo término de la Ley de la materia. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita aquéllos que produzcan similares efectos que vulneren la esfera del gobernado. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b). Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c). Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d). Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano del estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el estado y el gobernado es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad y el particular, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. De ahí que, si en el caso concreto el informe que se señala como acto reclamado fue emitido en el presente juicio, a solicitud de este órgano jurisdiccional, a fin de integrar debidamente el expediente, en los términos que señala el artículo 75 de la Ley de Amparo, es claro que no fue emitido de manera unilateral por parte de la señalada como responsable, sino en acatamiento al requerimiento formulado dentro del juicio en que se actúa, respecto del que inclusive, se le apercibió con la imposición de una multa, en caso de incumplir con lo solicitado por este juzgado; asimismo, tampoco se considera que sea imperativo dado que no impone acto alguno al particular, contra su voluntad y tampoco coercitivo, porque ni se requiere que la quejosa cumpla con alguna obligación ni se le apercibe con la imposición de una sanción específica. Y en ese contexto, se estima que la emisión del oficio ******************, que se señala como acto reclamado, no pueda considerarse como un acto de autoridad, por no reunir los requisitos antes descritos. Se invoca como apoyo a la determinación anterior, por las razones que la sustentan, la tesis XXVII.3o.27 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, "INFORME RENDIDO POR LAS AUTORIDADES FISCALES ANTE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON), CON MOTIVO DE LA QUEJA PROMOVIDA POR UN CONTRIBUYENTE EN SU CONTRA. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. En relación con esto, el artículo 5o., fracción II, del mismo ordenamiento refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Así, la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente aquel a quien se le considera autoridad frente a los gobernados; siendo éstas las de supra a subordinación, supraordinación y coordinación y, conforme a ellas, sólo será autoridad responsable para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de las del primer tipo frente a los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por su parte, de los artículos 5, fracciones III y IX, 19, 20, fracción I, 23, 24 y 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), se advierte que corresponde a ese organismo conocer e investigar las quejas de los contribuyentes contra las autoridades fiscales, para lo cual se establece un procedimiento en el que se requiere a éstas la presentación de un informe como responsables - sobre actos que se les atribuyan en la queja o reclamación-, donde se hacen constar los antecedentes del asunto, fundamentos y motivaciones de los actos reclamados, si efectivamente éstos existieron, acompañándose las constancias necesarias para apoyarlo. Así, dicho informe es una carga impuesta en un procedimiento a quien tiene el carácter de parte; de ahí que no se da en una relación de supra a subordinación frente a los particulares. Y si bien su rendición se presenta en el marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procedimental" que de incumplirse, por regla general, hace que se sancione a la obligada en términos del artículo 28, fracción I, numeral 1, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe aludido no es un acto que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo." 3 Registro digital: 2013333. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común, Administrativa. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1743. Tipo: Aislada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, en relación con el numeral 61, fracción XXIII y con el dispositivo 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la ampliación de demanda intentada por la parte quejosa, respecto del acto que reclamó del Maestro******************, Director de Normatividad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que hizo consistir en la falta de fundamentación y motivación del oficio ******************. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los autos y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis el cumplimiento Sentencia. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: ".I. Deje insubsistentes el oficio DPSH 024.300.302.6.0236/2022 de seis de mayo de veintidós y los descuentos subsecuentes que hubiere realizado con posterioridad por el pago de la pensión por viudez 1874211, otorgada al quejoso y, en su caso, restituir el monto total de la pensión. II. Deje de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.". Fallo que fue confirmado por ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el amparo en revisión 650/2022. Acciones de cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficios recibidos en este juzgado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós y tres de febrero de dos mil veintitrés, la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que dejó insubsistentes el oficio DPSH 024.300.302.6.0236/2022 de seis de mayo de veintidós y los descuentos subsecuentes que se realizaron con posterioridad por el pago de la pensión por viudez 1874211, otorgada al quejoso, que restituyó el monto total de la pensión retroactiva, pagando al quejoso la cantidad de $475,138.10 (cuatrocientos setenta y cinco mil ciento treinta y ocho pesos 10/100 moneda nacional) y, que dejará de aplicar a la parte quejosa, en lo presente y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, mediante proveído dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con los oficios de referencia, para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin haber realizado manifestación alguna. Por tanto, en virtud de las actuaciones señaladas, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por cumplida En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.
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