Santiago Salas Ferrari
Expediente 721/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Santiago Salas Ferrari
Actuaciones
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio 813/2023-E signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en atención a su contenido se provee: Ténganse por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintinueve de junio del año en curso, pronunciada por el citado Tribunal Colegiado en el impedimento 33/2023. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes; notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que calificó de legal el impedimento planteado por este Juzgado y ordenó remitirlo a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para el turno correspondiente. Archivo. Por otra parte, dado que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente asunto.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual comunica la admisión del impedimento planteado por el titular de este Juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Santiago Salas Ferrari, el cual quedó registrado bajo el consecutivo 33/2023, de su índice; de lo que se toma nota para conocimiento.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, téngase por recibido el oficio ******************** signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito al cual anexa el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 721/2023-V. Avoca a conocimiento de demanda. Del oficio de cuenta se advierte que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito calificó de legal el impedimento formulado por la Juez Segundo de Distrito en el Estado, para conocer del juicio de amparo antes señalado, por lo que este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad. Conocimiento a Juez de Distrito. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para los efectos legales a que haya lugar. Convalidación de actuaciones. Con fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se reconoce la legalidad de todo lo actuado por el juzgado remitente. Expediente físico y electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará únicamente con la demanda, los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el presente juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Impedimento. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, considera que en el caso se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al advertirse diversas manifestaciones denostativas en contra del suscrito juzgador. Marco normativo El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto constitucional transcrito establece el derecho fundamental que tiene todo individuo de acudir ante los tribunales a dirimir sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo, dicho numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; e (IV) imparcial. Específicamente, y por lo que aquí nos interesa, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente: "...La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten..." Como puede advertirse, la tutela judicial efectiva no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho, se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. Desde esa perspectiva jurídica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, pero igualmente esa legislación permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. Conforme a lo anterior, la institución jurídica de los impedimentos tiene por objeto garantizar la imparcialidad del juzgador, la cual significa asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se decante en favor de ninguna de las partes. Ahora bien, como se adelantó, el suscrito considera encontrarse impedido para seguir conociendo de este asunto en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. [.]". "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: [.] II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; [.]." En relación a la citada causa de impedimento, prevista por el primero de los preceptos legales transcritos con antelación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, sostuvo que este supuesto "se refiere a situaciones diversas a las que enumera la propia disposición (parentesco, amistad, enemistad, interés, entre otras) que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador". A partir de ello, dicho Tribunal de Alzada estimó que el legislador previó la posibilidad de que los juzgadores se declaren impedidos cuando: "se configure una causa de impedimento con base en elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador puede ser afectada, es decir, no contiene una causa de impedimento concreta, sino que en atención a las variadas situaciones que puede ofrecer el ejercicio diario de la impartición de justicia, redactó un supuesto normativo que protege la imparcialidad que debe caracterizar a todo proceso, con base en elementos objetivos. Por ello, la aplicación de esta disposición exige un examen de los elementos en su caso planteados, a fin de que se pondere si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 100/2018 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto se transcriben a continuación: "IMPEDIMENTO. LAS MANIFESTACIONES OFENSIVAS EXPRESADAS POR ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL JUZGADOR NO CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Esa disposición legal prevé que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse cuando ocurra, entre otras causas de impedimento, la relativa a que se encuentren en una situación diversa a las especificadas en el propio precepto, que implique elementos objetivos de los que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad. Ahora bien, ese supuesto normativo no se actualiza, por regla general, cuando una de las partes en el proceso formula manifestaciones ofensivas contra el juzgador de amparo, ya que si bien es cierto que se trata de expresiones que atentan contra su dignidad, también lo es que como rector del proceso, aquél desempeña una función pública, la jurisdiccional, que ejerce exclusivamente con base en el expediente que le toca resolver y en el derecho; pero sobre todo, su posición se debe distinguir por la templanza, así como por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar la causa sometida a su conocimiento, y es esto lo que impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. Esta conclusión no implica desconocer que las partes en el juicio de amparo deben conducirse con respeto hacia quienes formen parte de la relación procesal, es decir, no significa que puedan proferir ofensas, pues las conductas que impidan mantener el orden y exigir el respeto pueden dar lugar a la imposición de medidas disciplinarias, en términos del artículo 236 de la Ley de Amparo." A su vez, al resolver la contradicción de tesis 407/2019, la citada Segunda Sala, consideró que no debe perderse de vista que el impedimento planteado por los propios juzgadores constituye, por sí mismo, una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad. De ahí que resulte dable estimar que dichas manifestaciones permiten presumir, razonablemente, que un juzgador se encuentra imposibilitado para conocer de cierto asunto, sobre todo, cuando éstas son denostativas en contra de este juzgador. Caso concreto. En ese sentido, cabe resaltar que del escrito aclaratorio de ocho de marzo de dos mil veintitrés, ******************** por sí y en representación de "********************, Sociedad Civil" realizó las diversas manifestaciones: ".********************/ IMSS Inconformidades ********************/2020 y ********************/2020. Amparo Indirecto ********************/2021 (uso fuerza pública). Del amparo que interpuso ******************** contra el uso de fuerza pública del Estado para robarle un bien a la C. Rita Ferrari. El Juez Cuarto de Distrito encubre los delitos y no da vista a la Fiscalía General de la República de los delitos vistos y comprobados plenamente. Se demuestra la conexión que existe entre la delincuencia organizada y las autoridades mexicanas; al encubrimiento." ".Se interpone una queja en el Consejo de la Judicatura Federal, tienen pruebas plenas de los delitos cometidos por el Juez Cuarto de Distrito. La resolución demostrará si el CJF también está vinculado dentro de la Guerra Judicial del Estado contra las víctimas. No existe algún criterio que determine que actuó correctamente el Juez Cuarto ya que hay una Jurisprudencia la cual determina que es procedente el amparo: "AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL IMPUTADO A LA CELEBRACIÓN DE DICHA DILIGENCIA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA SU DERECHO SUSTANTIVO A LA LIBERTAD, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"." ".E 22 de septiembre del 2021, (Anexo 1,188, La inexistencia de la autoridad que fabrico un delito en contra de la quejosa, Amp ********************/2021, https://bit.iy/2XUgoJT). El Juez del Cuarto Juzgado de Distrito dictó un auto donde determinó la inexistencia de la autoridad anterior. Se demuestra como el Estado Mexicano fabrica delitos en contra de las víctimas, es decir, LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN CONTRA DE MÚLTIPLES DELITOS DE LESA HUMANIDAD." ".23 de febrero del 2022 / Amparo ******************** / Omisión de cambio de titularidad de RVOEs. La secretaria de educación determina que no es cierto el acto reclamado sobre la omisión del cambio de titularidad de RVOEs, es decir, está diciendo que la ******************** S.C. es quien representa a la Universidad Abierta, sin embargo, solo es una trampa procesal para que se deseche el amparo y luego vuelva seguir violentando los derechos humanos de la parte quejosa ( Anexo 1,.370, Informe Justificado donde no es cierto que existía una omisión sobre el cambio de titularidad de los RVOEs de la Universidad Abierta. ********************, https://bit.iy/3h8YUA7). La parte quejosa se impone al informe justificado ( Anexo 1,371, Imposición al informe justificado, ********************, https://bit.iy/3h9c8g7) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí/Juez Cuarto de Distrito." ".18 de julio del 2022/ Amparo ********************/ Amparo ******************** /(Detener, nuevamente todos los tramites de los alumnos) / Amparo ********************. El Juez Cuarto de Distrito se niega en determinar si hay cumplimiento de sentencia del 23 de junio del 2022. También determina que existe resolución sobre las dos repeticiones de acto reclamado LAS CUALES NUNCA FUERON NOTIFICADAS. Se demuestra el Modus Operandi del Estado: Me niego a resolver Le doy una segunda oportunidad a la delincuencia organizada para que cumpla con la sentencia Determinó que ya hay sentencias (que nunca he notificado) para que las víctimas no puedan defenderse y se tome como consentido dichas resoluciones." De lo anterior, se desprende que la parte quejosa refiere que el suscrito: (i) está inventando determinaciones judiciales para desechar su demanda de amparo, (ii) se están protegiendo intereses de la delincuencia organizada, (iii) con ello demuestra la existencia de un narco estado, (iv) es corrupto, ya que se cambia la materia de la litis para analizar lo que le convenga a ciertas partes. Así, de lo anterior se interpreta que la parte quejosa estima que el suscrito actúa de forma contraria a la ley y a la Constitución Federal, lo que demuestra que se pone en duda la manera en que este juzgador se conduce en sus actos judiciales, incluso, la parte quejosa asevera que el suscrito protege intereses de la delincuencia organizada. En ese sentido, dichas manifestaciones formuladas por ********************, hasta este momento influyen en mi ánimo y objetividad para conocer del juicio de amparo, pudiendo derivar en una enemistad manifiesta en términos del artículo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues producen animadversión, lo que pudiese afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, actualizando la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ello, pues como se señala, dichas manifestaciones que se han venido realizando de forma sistemática, influyen en mi ánimo y objetividad para continuar conociendo de este juicio toda vez que, se puso en duda la manera en que este juzgador se conduce en sus determinaciones, aunado a que afirma que protejo los intereses de la delincuencia organizada, y encubro delitos. Situación que, de seguir conociendo del presente juicio, hasta este momento, evidentemente podría derivar en una pérdida de imparcialidad; se reitera, pues dichas manifestaciones producen animadversión en mi ánimo y objetividad, por lo cual, se estima que existe causa justificada a fin de declararme impedido para continuar conociendo de este juicio. Aunado a lo anterior, esta circunstancia es conforme con los criterios definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente expuestos, que es precisamente el que debe estar provisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad de su actuación jurisdiccional, por ello, la sola manifestación de un juzgador en el sentido de que, derivado de una situación en particular, existe animadversión en su ánimo y en probable pérdida de imparcialidad en el juicio, tiene un peso importante y una presunción de veracidad dentro de nuestro sistema jurídico, en atención a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, en términos del artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 51, 52, 53, 54 y 58 de la Ley de la materia, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los autos originales de este juicio y su anexo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para la calificación de la causa de impedimento planteada. En el entendido que el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, únicamente contiene las constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones practicadas en autos. Actuaciones que se encuentran debidamente digitalizadas al expediente electrónico de este asunto, por lo que se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición del Tribunal la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de la Amparo, así como en el diverso 351 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "********************", la consulta del expediente electrónico. Notificaciones vía electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales se realicen por vía electrónica. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del citado Acuerdo General, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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