Santiago Saenz Cárdenas

Expediente 115/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
115/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Santiago Saenz Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinte de julio del año en curso (foja 416), se formó legajo provisional en el juicio de amparo en que se actúa por los motivos ahí expresados; en consecuencia, toda vez que ya se dictó sentencia en el presente asunto, glósese a los autos el aludido legajo para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Directora de Asuntos Notariales, dependiente de la Coordinación General de Legalidad de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; atento a su contenido, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en el oficio de cuenta. Finalmente, téngase por recibido el sobre que remite la empresa de mensajería Estafeta, por el que devuelve el oficio 14531/2023, dirigido a la Directora de Asuntos Notariales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, devuelto con la anotación "cambio de domicilio"; por tanto, reexpídase dicha comunicación, al domicilio que señaló la citada responsable para oír y recibir notificaciones, ubicado en calle Manuel González (15) número 226, entre las calles José María Morelos y Mariano Matamoros, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 438). Notifíquese.

  2. Principal

    Se agrega unicamente el oficio del Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo anterior, toda vez que en auto de cuatro de octubre del año en curso, se tuvo por recibida dicha comunicación, la cual remitió la autoridad responsable vía electrónica, y se acordó lo conducente. Cúmplase.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio electrónico del Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y Secretario General de Gobierno, ambos con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de septiembre del año en curso, emitida dentro del presente juicio de amparo (fojas 343 a 356). En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, por lo que una vez notificadas las partes, y dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado; en ese tenor, obténgase fotocopias del escrito de agravios para correr traslado a las partes, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 100 de la ley de la materia, en virtud de haberse presentado vía electrónica el medio de impugnación de mérito. Córrase traslado al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por licencia de la titular; designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comunicada mediante oficio SEADS/2289/2023, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio Consejo, asistido de Cynthia González López, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 115/2023, promovido por ***, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. La autoridad responsable: Señalo como autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras al: a) Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. b) Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González. c) Directora de Asuntos Notariales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Guillermina Reynoso Ochoa. Adicionalmente señalo a la siguiente autoridad únicamente con el carácter de autoridad ejecutora: a) Director del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. IV. El acto reclamado: De las autoridades ordenadoras y ejecutoras, el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y el Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, reclamo: a) La resolución sobre nulidad de Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, de fecha 10 de febrero de 2023, publicada el 23 de febrero de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. b) Todo acto tendiente a ejecutar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023. De la autoridad ordenadora y ejecutora, la Directora de Asuntos Notariales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, reclamo: a) La inspección de mi expediente administrativo y solicitud de informe a los CC. *** y ***. b) La emisión del dictamen de fecha 18 de octubre de 2022 y su notificación al Ejecutivo del Estado, mediante el cual hizo del conocimiento del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas `resulta procedente la anulación de la patente de aspirante al cargo de notario público de ***´. De la autoridad responsable ejecutora, el Director del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, reclamo: a) La publicación en fecha 23 de febrero de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de la resolución sobre nulidad de patente de aspirante al cargo de notario público, en la que a página 288 aparece una fotografía del suscrito con mis datos personales." Señaló como preceptos Constitucionales violentados en su perjuicio, a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Ley Suprema. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés (fojas 100 a 103), registró la demanda con el número 115/2023, la admitió a trámite; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. Cabe destacar que las autoridades responsables Directora de Asuntos Notariales de la Coordinación General de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, y Secretario General de Gobierno, promovieron recurso de queja contra el auto de admisión de la demanda de quince de marzo del año en curso, los cuales fueron declarados infundados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja 115/2023 y 95/2023, respectivamente (legajo de antecedentes); y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se concluye que la parte quejosa ***, reclama lo siguiente: Del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas: i) La resolución sobre nulidad de Patente de Aspirante al Cargo de Notario Público, de diez de febrero de dos mil veintitrés, publicada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; ii) Todo acto tendiente a ejecutar la resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés; De la Directora de Asuntos Notariales del Gobierno del Estado de Tamaulipas: iii) La inspección de su expediente administrativo y solicitud de informe a los CC. *** y ***; iv) La emisión del dictamen de dieciocho de octubre de dos mil veintidós y su notificación al Ejecutivo del Estado, mediante el cual hizo del conocimiento del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, que "resulta procedente la anulación de la patente de aspirante al cargo de notario público de ***": y, Del Director del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas: vi) La publicación en veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de la resolución sobre nulidad de patente de aspirante al cargo de notario público, en la que a página 288 aparece una fotografía del quejoso con sus datos personales. Son de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 40/2000 y la tesis VI/2004, ambas sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título, subtítulo y texto, respectivamente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Director del Periódico Oficial del Estado y Directora de Asuntos Notariales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas (fojas 173 a 187, 324 a 325 y 127 a 130), al rendir su respectivo informe justificado admitieron la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen . Ahora, no obstante que la autoridad responsable Secretario General de Gobierno, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al rendir su informe (fojas 173 a 187), negó la existencia de los actos que se le atribuyen consistentes en la resolución sobre nulidad de Patente de Aspirante al Cargo de Notario Público, de diez de febrero de dos mil veintitrés, publicada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, y su ejecución, del contenido de la citada resolución reclamada (fojas 303 a 316) se advierte su rúbrica, motivo por el cual, se tienen por ciertos dichos actos. Lo anterior, se corrobora con las pruebas documentales que remitió la citada autoridad responsable a su informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Establecida la existencia de la omisión reclamada, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador las advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. En el caso, el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y Secretario de Gobierno (fojas 174 y 175), refieren que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y que ello conduce al sobreseimiento en el juicio, pues a su consideración el quejoso debió agotar el recurso de inconformidad previsto en el artículo 159 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas previamente a la interposición de la demanda de amparo indirecto. Es infundada la causa de improcedencia. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, invocado por las responsables, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; [.]." Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En el caso, la resolución reclamada fue emitida por el Ejecutivo del Estado y Secretario General de Gobierno, y no por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, como alude el citado precepto legal, de ahí que se no se actualice el referido motivo de disenso. Sin que se soslaye que el artículo 159 de la Ley del Notariado del Estado de Tamaulipas, prevé el mencionado recurso de inconformidad contra las resoluciones definitivas recaídas en los procedimientos de imposición de sanciones administrativas, el cual deberá presentarse por escrito ante el Secretario de Gobierno dentro del término de quince días siguientes a la notificación de la resolución recurrida, y que este recurso será eventualmente resuelto por el Gobernador Constitucional, pues el quejoso no estaba obligado a agotar previo a la promoción de este juicio de amparo, ya que la resolución reclamada tampoco deriva de algún procedimiento de imposición de sanción al aspirante a notario, entendido este procedimiento como aquel previsto en el artículo 134 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, en el que, previo a la aplicación de una sanción de las previstas en el artículo 133 , se deberá llevar a cabo visita que cumpla con las formalidades que la propia ley señala, además de garantizarle al notario el derecho de audiencia, hacer las manifestaciones que estime pertinentes, ofrecer pruebas y formular alegatos. Por su parte, la autoridad responsable Directora de Asuntos Notariales, con sede en Ciudad Victoria (fojas 127 a 131), hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo anterior, dado que aduce que al emitir el dictamen de dieciocho de octubre de dos mil veintidós que se le reclama, esa autoridad no ha creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorias u omitido el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con relación a la esfera jurídica del quejoso, por lo que, no debe considerarse como autoridad responsable. Se desestima la citada causa de improcedencia. Se considera así, pues contrario a lo que refiere, el acto que se le reclama sí crea una situación unilateral y obligatoria por parte de la autoridad, pues en él determina que resulta procedente la anulación de la patente de aspirante al cargo de notario público del ahora quejoso, lo que sirvió de base para que el Gobernador Constitucional emitiera la resolución reclamada, decretando tal anulación, de ahí que se considere que sí le reviste el carácter de autoridad responsable. En tal virtud, al no advertirse diversa causa de improcedencia que analizar, ni que las partes las hicieron valer, procede el estudio de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. En el caso, el promovente del amparo expresa que el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, al emitir la resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés, incurrió en una violación al derecho fundamental de indebida fundamentación y motivación contenido en el artículo 16 Constitucional, al declarar la nulidad de la patente de aspirante al cargo de Notario Público. Señala lo anterior, toda vez que la citada responsable fundamentó su actuar en los artículos 91, fracciones V y XXV de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, artículos 1, numeral 3, 3, 12 y 13, numeral 2, 14, 18, 19 20 y 23 de la Ley de Notariado para el Estado de Tamaulipas, los cuales, refiere, no resultan aplicables al caso concreto. Asimismo, motivó la resolución en la existencia de supuestas irregularidades en su expediente administrativo, bajo el argumento de que no comprobó el cumplimiento de todos los requisitos a los que alude la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, que no existe certeza de que cumpla con los requisitos exigidos por la ley, y que tampoco se tiene la seguridad de que garantice la impartición de una función notarial que atienda al orden público e interés social, y que por tanto, al otorgarse la patente de aspirante a notario público, en contravención a las disposiciones de la ley de la materia, es nula y no produce efecto legal alguno. El concepto de violación resulta fundado, toda vez que la normatividad en que se sustentó la resolución reclamada no resulta aplicable al caso, por lo que se está en el supuesto de una violación material o sustantiva que actualiza una indebida fundamentación y motivación, y debe considerarse inconstitucional el acto reclamado. Con la finalidad de sustentar la anterior aseveración, es necesario señalar que, la indebida fundamentación se verifica cuando en el acto de autoridad se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden su adecuación en la hipótesis normativa, esto es, se actualiza un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. (Antecedentes del acto) En el caso, mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, otorgó a ***, la patente de aspirante al cargo de notario público, por haber cubierto los requisitos del artículo 12 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas Asimismo, por dictamen de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Directora de Asuntos Notariales dependiente de la Coordinación General de Legalidad, puso en conocimiento del Gobernador Constitucional lo que consideró irregularidades en el otorgamiento de la patente de aspirante al cargo de Notario Público del Estado de ***. Derivado de lo anterior, en la resolución reclamada el Gobernador del Estado determinó emitir resolución sobre nulidad de Patente de Aspirante al Notario Público, y fundamentó su actuar bajo los preceptos legales siguientes: Constitución del Estado de Tamaulipas. "ARTÍCULO 91.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes: [.] V.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y decretos del Congreso, los acuerdos, reglamentos, circulares y demás determinaciones que expidan el Poder Judicial, los Ayuntamientos y los organismos autónomos de los Poderes debiendo promulgar y mandarlos publicar en el órgano institucional, de carácter único, permanente e interés público del Gobierno Constitucional del Estado, para su aplicación y observación debidas; asimismo, proveer en la esfera administrativa cuanto fuere necesario a su exacta observancia, expidiendo los reglamentos y demás disposiciones respectivas; [.] XXV.- Expedir los Fiats de Notarios y Títulos Profesionales con arreglo a las Leyes; [.]." Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. "ARTÍCULO 1. [.] 3.- En Tamaulipas la función notarial está a cargo del Estado, quien por conducto del Ejecutivo la delega a profesionales del Derecho, en virtud del fíat que para tal efecto les otorga de acuerdo con la facultad contenida en la fracción XXV del artículo 91 de la Constitución Política del Estado, a fin de que la desempeñen en los términos de la presente ley." "ARTÍCULO 3. 1.- El Ejecutivo del Estado expedirá fíat a Notarios de número y patente a los aspirantes al Notariado. 2.- Las notarías se numerarán progresivamente. 3.- Los nombramientos de los Notarios y de los aspirantes al Notariado se publicarán en el Periódico Oficial del Estado." "ARTÍCULO 12. El Ejecutivo del Estado expedirá patente de aspirante al cargo de Notario, a quien acredite las siguientes circunstancias: I. Ser mexicano, con 27 años cumplidos, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Ser abogado con la correspondiente cédula profesional y acreditar cuando menos 3 años de práctica profesional, a partir de la fecha del examen de licenciatura; estar en pleno ejercicio de sus derechos profesionales y tener, por lo menos 5 años de residencia en el Estado; III. Comprobar que, por lo menos, durante 12 meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la solicitud de examen, ha realizado prácticas notariales bajo la dirección y responsabilidad de algún Notario Público del Estado, quien avisará por escrito a la Dirección de Asuntos Notariales el día en que el aspirante inicie las prácticas y aquél en el cual las concluya. Para la validez de las prácticas notariales, el Notario comunicará a dicha oficina, de manera bimestral, lo siguiente: a).- El número de horas que haya practicado, las que en ningún caso serán menos de 10 a la semana; b).- El tipo de actos o hechos jurídicos sobre los que haya versado la práctica notarial, especificándose en qué consistió ésta; y c).- La fecha de terminación de la misma. IV. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional; V. No tener incapacidad física o mental que impida el desempeño normal del cargo; VI. No haber sido declarado en concurso civil o mercantil, excepto que haya sido restituido; VII. Ser una persona honesta, de buenas costumbres y haber observado constantemente una conducta que inspire confianza en la sociedad para el ejercicio de la función notarial; VIII. No haber sido inhabilitado para ocupar cargo público; IX. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; y X. Solicitar ante el Ejecutivo del Estado el examen correspondiente y ser aprobado en el mismo." "ARTÍCULO 13. [.] 2.- Ninguno de los requisitos que se fijan en el artículo anterior es dispensable. La patente otorgada en contravención a estas disposiciones será nula y no producirá efectos legales algunos." "ARTÍCULO 14. El otorgamiento de la patente de aspirante al cargo de Notario se comunicará a la Dirección de Asuntos Notariales y se publicará en el Periódico Oficial del Estado, debiendo registrar los aspirantes su firma en la Secretaría General de Gobierno." "ARTÍCULO 18. Los exámenes para obtener la patente de aspirante o el fíat de Notario, se desarrollarán en los términos previstos por esta ley. Los interesados deberán cubrir previamente los derechos que por concepto de examen fijen las disposiciones fiscales del Estado." "ARTÍCULO 19. 1.- Los exámenes señalados en el artículo anterior se sustentarán ante un jurado integrado por cinco miembros, que deberán ser licenciados en Derecho y tener práctica o conocimiento de las funciones notariales. 2.- Derogado (Decreto No. LXIII-167, P.O. Extraordinario No. 6, del 8 de mayo de 2017). 3.- Derogado (Decreto No. LXIII-167, P.O. Extraordinario No. 6, del 8 de mayo de 2017). 4.- Derogado (Decreto No. LXIII-167, P.O. Extraordinario No. 6, del 8 de mayo de 2017)." "ARTÍCULO 20. 1.- El examen para la obtención de la patente de aspirante al ejercicio del Notariado consistirá en sendas pruebas teórica y una práctica, que se realizarán el día, hora y lugar que oportunamente señale el Director de Asuntos Notariales. 2.- La prueba práctica consistirá en la redacción de un instrumento notarial y, en su caso, el cálculo de los impuestos correspondientes, cuyo tema será sorteado de diez propuestos por el Colegio de Notarios del Estado y aprobados por el Director de Asuntos Notariales. Los temas colocados en sobres cerrados, serán sellados por el Titular de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno y por el Presidente del Colegio de Notarios del Estado. 3.- La prueba teórica consistirá en las preguntas o interpelaciones que los miembros del jurado harán al sustentante, sobre el caso jurídico-notarial al que se refiera el tema que le haya correspondido. 4.- Al concluir las interpelaciones, a puerta cerrada, el jurado calificará los exámenes y a continuación comunicará al sustentante el resultado. 5.- Los miembros del jurado calificarán cada prueba en escala numérica del 10 al 100 y promediarán los resultados. La suma de los promedios se dividirá entre 3, para obtener la calificación final, cuyo mínimo para aprobar será el de 80 puntos. 6.- El Secretario levantará el acta correspondiente, que deberá, en todo caso, ser suscrita por los integrantes del jurado." "ARTÍCULO 23. [.] 13.- Concluido el procedimiento a que se refiere los artículos 20, 21, 22 y 23 anteriores, el Ejecutivo del Estado otorgará, en su caso, la patente de aspirante al Notariado o expedirá el fíat de Notario a quienes le corresponda, tomándole posteriormente la protesta legal del fiel desempeño de sus funciones. 14.- El Ejecutivo del Estado expedirá las patentes y fíats a que se refiere el artículo anterior, a quienes hayan resultado seleccionados en los correspondientes exámenes, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se le hubiere comunicado el resultado de los respectivos exámenes. 15.- Si después de extendida la patente o fiat en su caso, resultare que por causa superveniente, el favorecido estuviere sujeto a un impedimento o incapacidad para el desempeño de sus funciones notariales, quedará privado del derecho para ejercer la patente o el Fiat respectivo. 16.- El Ejecutivo del Estado podrá delegar en el Secretario General de Gobierno el acto de la toma de protesta legal del aspirante al cargo de Notario o del Notario." De los artículos transcritos, se advierte, como en parte se refiere en la resolución reclamada (fojas 73 a 99), que dentro de las facultades del Gobernador Constitucional del Estado se encuentra la de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y decretos del Congreso, los acuerdos reglamentos, circulares y demás determinaciones que expidan el Poder Judicial, los Ayuntamientos y los organismos autónomos de los Poderes, debiendo promulgar y mandarlos publicar en el órgano institucional, de carácter único, permanente e interés público del Gobierno Constitucional del Estado, para su aplicación y observación debidas; asimismo, proveer en la esfera administrativa cuanto fuere necesario a su exacta observancia, expidiendo los reglamentos y demás disposiciones respectivas. Asimismo, las disposiciones legales en cita señalan que el Gobernador Constitucional cuenta con facultades para expedir patente a los aspirantes al Notariado con arreglo a las leyes, señalando los requisitos para su otorgamiento, y que ninguno de esos requisitos es dispensable, por lo que, la patente otorgada en contravención a esas disposiciones, es nula y no producirá efectos legales algunos. De igual forma, prevén los exámenes que han de practicarse para su otorgamiento, así como la comunicación que se realiza a la Dirección de Asuntos Notariales, una vez otorgada y su publicación en el Periódico Oficial del Estado, Y que si después de extendida la patente o fiat en su caso, resultare que por causa superveniente, el favorecido estuviere sujeto a un impedimento o incapacidad para el desempeño de sus fundaciones notariales, quedará privado del derecho para ejercer la patente o el Fiat respectivo. Empero, como lo refiere el quejoso, esas disposiciones constitucionales y legales, no sustentan las facultades del Gobernador Constitucional para decretar de manera unilateral la nulidad de la patente a aspirante a Notario. Por tanto, para que la resolución reclamada estuviera debidamente fundada, el Gobernador Constitucional debió plasmar el o los artículos que expresamente lo facultan para conocer y resolver sobre la nulidad de la patente de aspirante al cargo de notario público, circunstancia que no aconteció en el presente asunto, dado que los artículos que invoca no son aplicables al caso, aunado a que no existe adecuación entre la normatividad aplicada y los motivos aducidos, de ahí que se concluya que el acto reclamado emitido por esa autoridad se encuentra indebidamente fundado y motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXIII.1o. J/1 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005. Si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para cumplir con el principio de fundamentación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que la autoridad administrativa precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, para lo cual debe citar, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente y, si el ordenamiento no lo contiene y se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente; así como que esa exigencia tiene como propósito que el particular afectado tenga el conocimiento y la certeza de que la autoridad que invade su esfera de derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica que le faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, que puede cuestionar esa atribución o la forma en que se ejerció, también lo es que dicha obligación no constituye un dogma que obligue a las autoridades a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones cuya constatación resulte evidente, y puedan entenderse con facilidad mediante el uso del buen entendimiento y la sana crítica." Cabe hacer la acotación que el Gobernador del Estado responsable, al emitir su informe justificado no complementó la fundamentación y motivación de la resolución reclamada (fojas 173 a 187), sino que reiteró los señalados en esta última (fojas 73 a 99), aduciendo que el acto está debidamente fundado y motivado, no obstante que le correspondía la carga de la prueba al estar constreñida a defender la constitucionalidad de la resolución reclamada, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo . En consecuencia ante la trasgresión puntualizada, procede otorgar al quejoso el amparo y protección de la justicia de la unión. Sin que se soslaye que el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas , y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas , señalen la acción que puede ejercer la autoridad para acudir ante ese Tribunal a promover juicio de lesividad con el fin de nulificar alguna resolución administrativa favorable a los intereses del quejoso, que considere haya sido emitida en forma contraria a la ley (como la que se reclama), pues tal procedimiento no tuvo verificativo por parte de la responsable y, por tanto, al emitir la resolución reclamada violentó en perjuicio del quejoso la garantía de seguridad jurídica. Es innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso, pues aunque resultaran fundados, no mejorarían lo alcanzado por el quejoso en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional." SEXTO. DECISIÓN Y EFECTOS. Ante lo fundado del concepto de violación examinado en el considerando anterior, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso ***, para el efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas realice lo siguiente: - Deje insubsistente la resolución sobre nulidad de Patente de Aspirante al Cargo de Notario Público otorgada al quejoso ***, de diez de febrero de dos mil veintitrés, publicada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. En el entendido que la autoridad queda impedida para corregir los vicios formales que presentó la resolución reclamada, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 124, párrafo tercero , de la Ley de Amparo en vigor, pues el presente asunto es de carácter administrativo y en la especie se consideró que la referida resolución está indebidamente fundada y motivada, sin que, como se dijo, la autoridad hubiese subsanado el vicio de forma al emitir su informe justificado, de modo que se estime que ese acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos atribuidos a las diversas autoridades responsables denominadas Secretario de Gobierno, Directora de Asuntos Notariales del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Director del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues su intervención en la creación y publicación de la resolución tildada de inconstitucional, no fue reclamada por vicios propios, sino como una consecuencia y precedente (en caso de la segunda de las citadas autoridades) de la existencia de la determinación emitida por el Gobernador Constitucional, la cual, ha quedado insubsistente. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos de las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, para los efectos señalados en el considerando penúltimo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, hasta hoy dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante asistida de Cynthia González López, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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