Santiago Rodríguez Morales
Expediente 73/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santiago Rodríguez Morales
Actuaciones
- Principal
Principal 73/2023-I-A El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la suscrita María Chávez Valencia, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, certifica: 1. Que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara a través del recurso de queja el auto de treinta de enero del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Santiago Rodríguez Morales, le transcurrió del diez al dieciséis de febrero actual, sin contar los días once y doce, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo hayan hecho así; 2. No se tramitó incidente de suspensión; y 3. No obra agregado documento exhibido por el quejoso. Lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.- La secretaria María Chávez Valencia CUENTA. En la misma fecha, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guarda este sumario. Conste.- La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Santiago Rodríguez Morales, haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de treinta de enero pasado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la razón actuarial en la que la actuaria judicial adscrita hace constar los motivos por los cuales no logró la notificación al quejoso Santiago Rodríguez Morales, del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele dicho auto por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, para los efectos legales conducentes, así como las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio procesal en esta ciudad, o bien, proporcione mayores datos de localización del señalado en autos. En otro orden, debido a que del escrito de demanda, se advierte que el quejoso solicitó la autorización del usuario "bailonrg99"; para la consulta del expediente electrónico y la presentación de promociones vía electrónica. Por tanto, como lo solicita expresamente el quejoso se autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "bailonrg99", por lo que deberá dársele de alta en el MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por ello, se instruye al oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este juzgado federal, a efecto de que verifiquen que la parte quejosa cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de treinta de enero de dos mil veintitrés. Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Santiago Rodríguez Morales, contra actos del Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, Sector Renacimiento, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. En ese sentido, regístrese con el número 73/2023-I-A y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al que resuelve de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??????????????? procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. La parte quejosa en su escrito de demanda reclama la omisión de las autoridades responsables de realizar las investigaciones y diligencias necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación 12030290400771191022, así como de recabar los datos de prueba encaminados a esclarecer los hechos denunciados. En el caso en estudio, se estima actualizada la causal de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual instituye que el juicio de amparo será improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De dicho precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración número I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 187016, que al rubro dispone: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 Así también, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, 2ª ./J115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 193142 del rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Ello, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." A su vez, la fracción XXI del artículo 109 y el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??????????????? La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Por lo cual, del referido numeral constitucional se desprende que la víctima u ofendido tienen derecho a impugnar ante el Juez de Control las actuaciones u omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Además, de acuerdo con los artículos mencionados del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que, en su caso, las víctimas u ofendidos podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, en el término de diez días ante el Juez de Control, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; esto es, cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que los actos citados, deben ser reclamados en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, el diverso 109 fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar los actos que aduce la peticionaria de amparo por lo que, es imperativo para la parte quejosa agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Lo anterior es así, porque si bien el problema jurídico que se analizó en la contradicción de tesis 233/2017, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la de determinar si contra las omisiones del Ministerio Público de realizar las diligencias correspondientes en la etapa de investigación, previamente a promover el juicio de amparo MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 indirecto, debe agotarse el recurso ordinario o medio de defensa que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no implica que dicho recurso únicamente sea procedente contra esas omisiones. Pues a partir del análisis plasmado en dicha ejecutoria, se puede advertir que el recurso innominado que se contiene en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es procedente contra todos los actos u omisiones del Ministerio Público, en el desempeño de su labor investigadora y así resguardar, los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos. Lo anterior es así, ya que al efecto, nuestro Máximo Tribunal destacó -entre otras consideraciones- que la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. Concluyó, a partir de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Asimismo, especificó que dicha circunstancia conducía a estimar que tales determinaciones "no se limitaban a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal)" sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??????????????? tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Bajo ese tenor de argumentación, puntualizó que el recurso innominado tiene por objeto que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de la investigación, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese orden de ideas, la omisión del Ministerio Público que reclama la parte quejosa, se trata de una abstención que está relacionada con el desempeño de su labor investigadora, por lo que se estima sujeta a control judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el juez de control verifique si el agente del Ministerio Público investigador cometió o no alguna negligencia en el desempeño de sus funciones durante la etapa de investigación y en su caso conminarlo a que cese ese estado de las cosas. Además, no debe perderse de vista que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver la contradicción de tesis 233/2017, también destacó que otra de las finalidades de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio sean resueltos de forma expedita y en breve término. Al respecto, puntualizó que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, representa un beneficio para estos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal suerte que, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión en que MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 incurrió la fiscal responsable respecto a sus facultades de investigación, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional, y por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, página 945, registro 2017641, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materias Común, Penal, página 943, registro 2017640, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que es notoria y manifiesta, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, y como su autorizado con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??????????????? de la Ley de Amparo, a Guillermo Bailón Ramos, Sergio Peralta Delgado, Miguel Betancourt Ramírez y Luis Alejandro Arzate Calvillo, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Uriel Bailón Mendoza y Rodrigo Barrios Gallegos, por designación expresa. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??????????????? Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al peticionario del amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial; sin embargo, en este punto, se hace del conocimiento de las partes que actualmente, los órganos jurisdiccionales Federales en este puerto de Acapulco, carecen de un centro de fotocopiado en el interior de las instalaciones que ocupa en Poder Judicial de la Federación; ello, no obstante que desde que esa circunstancia inició, han transcurrido varios meses; por tanto, a efecto de materializar la presente autorización, se les solicita que al momento de elevar su petición, proporcionen una cuenta de correo electrónico a fin de que les sean remitidas por personal de este juzgado en formato PDF. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??????????????? de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Principal 191/2020-I CUENTA. El treinta de enero de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 1214. Conste. La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por la Delegada del área de amparos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, informa que se turnó el oficio DJUP-03/766/2023 al Secretario de Administración y Finanzas de dicho Ayuntamiento, para que expida el cheque respectivo a favor de la parte quejosa, y solicita una prórroga para exhibir el título de crédito respectivo. Con lo anterior, se le tiene informando las gestiones que realiza para dar cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con relación a la prórroga de diez días que solicita para dar cabal cumplimiento al fallo protector, dígasele que tomando en cuenta las providencias que le faltan por desahogar para informar el cumplimiento del fallo amparador, este juzgado conforme a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, estima pertinente conceder CINCO DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo que nos ocupa. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 Plazo que se fija, tomando en cuenta que este juzgado ya otorgó treinta días hábiles para esos efectos, y dentro del cual las autoridades responsables únicamente se han limitado a informan las gestiones que realizan para tal efecto. Apercibida que de no hacerlo, o de no manifestar oportunamente la imposibilidad que tenga para ello, se le hará efectiva la multa con que se conminó en proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, notificado mediante oficios 19283, 19285, 19286, 19287 y 19288 el veinticuatro siguiente. Notifíquese.
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