Santiago Reyes Parada

Expediente 683/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
683/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Santiago Reyes Parada

Actuaciones

  1. Principal

    BMESA I B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE...V

  2. Principal

    MESA I B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Santiago Reyes Parada, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María Zoquitlan, Tlacolula, Oaxaca, y de otras autoridades, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 683/2019. Ahora, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en la presente instancia es: IV. ACTO RECLAMADO. De las Autoridades señaladas como ordenadora y ejecutora relamo, la posesión que han dado al comité de la capilla del barrio de los pósitos, de la superficie de terreno que está considerado como calle, y que a la vez es un arroyo en el paraje los pósitos. Y manifiesta como antecedente de dicho acto: con fecha 30 de junio del año 2019, me presente (sic) ante el síndico Municipal de mi pueblo para manifestarle que el comité de la capilla del barrio los pósitos estaban diciendo que se les iba a entregar para la construcción de una capilla del barrio el terreno que está frente a mi domicilio donde tengo sembrado árboles frutales, terreno que colinda con calles en su contorno, sin embargo el área que les están entregando es un área que se utiliza como camino, pero en temporadas de lluvia esta sirve de arroyo, y por consecuencia se trata de un área federal que no puede ser asignada o dada en posesión a ninguna persona, aparte de esto Santa María Zoquitlan está considerada por Resolucion (sic) presidencial como comunal, por ese motivo el Alcalde y el síndico carecen de facultades para poder realizar documento alguno respecto a esta área, sin embargo ésta autoridad lejos de hacerme caso están beneficiando con su actuar al comité de la capilla del barrio los pósitos, es más hasta ya han plantado polines marcando un área que mide al oeste 9 metros, al este 9, al norte 3.50, metros y al sur mide 8.00 metros como lo ilustro con la fotografía que anexo . En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; En principio, cabe resaltar que el interés jurídico previsto en la disposición legal transcrita consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. Asimismo, tal interés jurídico debe entenderse como aquel que las partes tienen en relación con los derechos o las cosas materia del juicio en que intervienen. Al caso sirve de apoyo la jurisprudencia 854, publicada en las páginas 582 y 583 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, cuyo texto es: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por su parte, el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. No obstante que los requisitos para probar el interés legítimo no son tan rigurosos como para acreditar el jurídico, tal flexibilidad no se reduce a la sola manifestación del interesado de que goza de un interés suficiente, ya que, la sola circunstancia de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que no deba acreditarse; por eso es indispensable que en materia de interés legítimo se deba identificar si el derecho tiene reflejo en el derecho objetivo; si la intensidad de la afectación es en sentido amplio e indirecto y, finalmente, si la calidad con que se defiende el derecho es individual o colectiva, en tanto que esta última característica es determinante para establecer la flexibilidad en la carga de la prueba. Al respecto se pronunció emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 50/2014 10a. publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I en la página 60, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado es la posesión que las autoridades ordenadoras y ejecutoras, han dado al comité de la capilla del barrio de los pósitos, de la superficie de terreno que está considerado como calle, y que a la vez es un arroyo en el paraje. Para demostrar el interés legítimo, el quejoso solamente manifestó "bajo protesta de decir verdad" que "con fecha 30 de junio del año 2019, me presente (sic) ante el síndico Municipal de mi pueblo para manifestarle que el comité de la capilla del barrio los pósitos estaban diciendo que se les iba a entregar para la construcción de una capilla del barrio el terreno que está frente a mi domicilio donde tengo sembrado árboles frutales, terreno que colinda con calles en su contorno, sin embargo el área que les están entregando es un área que se utiliza como camino, pero en temporadas de lluvia esta sirve de arroyo, y por consecuencia se trata de un área federal que no puede ser asignada o dada en posesión a ninguna persona, aparte de esto Santa María Zoquitlan está considerada por Resolucion (sic) presidencial como comunal, por ese motivo el Alcalde y el síndico carecen de facultades para poder realizar documento alguno respecto a esta área, sin embargo ésta autoridad lejos de hacerme caso están beneficiando con su actuar al comité de la capilla del barrio los pósitos, es más hasta ya han plantado polines marcando un área que mide al oeste 9 metros, al este 9, al norte 3.50, metros y al sur mide 8.00 metros como lo ilustro con la fotografía que anexo ." Empero dicha manifestación es insuficiente para acreditar una afectación a un interés jurídico, esto es, que realmente el acto de autoridad afecte a la esfera jurídica del peticionario. Atento a las consideraciones antes plasmadas, quien resuelve considera que el quejoso no demostró la titularidad del derecho subjetivo respecto del bien de referencia; o bien, prueba suficiente que acreditara una afectación a un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pudiera traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Máxime si como manifiesta, el bien en cuestión pertenece al régimen comunal, pues en todo caso a dicho colectivo agrario a quien compete definir y proteger el bien comunal, sin que pudiera estimarse un acto de autoridad. En tal circunstancia, actualizada la causal de improcedencia en mención, lo procedente con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Ramos Méndez, ya que su cédula se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco; asimismo, únicamente para recibir notificaciones, a las diversa personas que menciona. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." A

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