Santiago Ramírez Espinosa
Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2020
Partes del expediente
- Santiago Ramírez Espinosa
Actuaciones
- Principal
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por *****, contra actos de la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en esta ciudad, consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO: La falta u omisión de extender la constancia de vencidad solicitada por el hoy quejoso desde el día lunes nueve de noviembre del año 2020". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 655/2020-IX. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional la omisión de dar respuesta a su escrito presentado ante la responsable el diez de febrero de dos mil veinte. Ahora bien, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones Xll y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, 5, fracciones l y ll, del mismo ordenamiento. Se estima así, dado que la quejosa, solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de la omisión por parte de la autoridad responsable en dar respuesta a la petición realizada el nueve de noviembre del año en curso. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, ya que deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. En efecto, de la demanda que nos ocupa, según el dicho de la parte quejosa, que le causa agravio que la autoridad designada como responsable haya hecho caso omiso a su petición planteada, violándose con ello lo establecido en el artículo 8° constitucional; empero, dicha actuación de ninguna manera puede concluirse que por el momento le ocasione un perjuicio en su esfera de derecho, pues a decir de la propia parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señala que la petición se realizó el nueve de noviembre de esta anualidad. Por lo que, se considera que a la fecha no ha transcurrido un "breve término", para que la autoridad dé contestación a tal petición, ya que, desde la presentación de ésta, a la de la presentación de la demanda de amparo únicamente transcurrieron cuatro días hábiles; es decir, no existe un término transcurrido razonable y suficiente; entre otras palabras, no se advierte que materialmente se le cause una afectación real y actual a su esfera jurídica, de ahí que la substanciación de este juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada. De igual forma, resulta aplicable al particular, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen Xll, tercera parte, página 60, registro electrónico 268600, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE.- Si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae al mismo, se viola la garantía que consagra el artículo 8° constitucional.1" Así mismo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen XXXVI, tercera parte, página 59, registro electrónico 267898, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN.- El artículo 8° constitucional se ciñe a prevenir que las autoridades han de resolver las peticiones de los particulares y poner en conocimiento del interesado el acuerdo recaído, todo esto dentro de "breve término", pero sin que el precepto de la Carta Magna determine el sentido preciso de tal expresión. Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, ordena que se impongan, como sanciones, la destitución del cargo, una multa de cien a dos mil pesos y de uno a nueve años de prisión (artículo19, fracción VIII), al funcionario o al empleado que incurran en la conducta de "volver nugatorio el derecho de petición, no comunicando por escrito, al peticionario, el resultado de su gestión, dentro de los treinta días, siguientes a la presentación de la solicitud (artículo 18, fracción XXXVI)". En consecuencia, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en las fracciones Xll y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, 5, fracciones l y ll, del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que una vez que transcurra un término prudente, que este juzgador estima de dos meses, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no constituye cosa juzgada, por el contrario, la violación al derecho de petición sí se actualizaría cuando transcurran términos mayores sin que se obtenga una respuesta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el domicilio que indica en su escrito de demanda; y por autorizado en términos amplio del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, y en términos restringidos del citado numeral a *****, toda vez que su respectiva cédula no se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al promovente.
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