Santiago Ramirez Diaz
Expediente 1006/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Santiago Ramirez Diaz
- Jennyfer Diaz Gasca
- Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1) Deje sin efectos la interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio de controversia familiar 419/2018-1. 2) Dicte una nueva, la que deberá motivar, razonar y justificar esa decisión, donde deberá ponderar el riesgo a la salud del menor de llevarse a cabo de manera presencial, con motivo de la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), la cual deberá realizar con plenitud de jurisdicción; en la inteligencia de no justificar esas terapias psicológicas ordenadas al menor, deberá abstenerse en decretar. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, por no reclamarse por hechos propios. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, ya que mediante oficio 992 del veinticinco de mayo de dos mil veintidós y oficio con terminación 477/05/2022 de veinticinco de mayo del citado año, respectivamente, remitieron copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación de veintidós de octubre de dos mil veinte, en autos del juicio 419/2018, relativo a la controversia familiar y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y la autoridad responsable procedió a informar que no se ejecutó ninguna orden decretada por el juez ordenador; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación de veintidós de octubre de dos mil veinte, en autos del juicio 419/2018, relativo a la controversia familiar y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar determinó no desahogar evaluación alguna a cargo del menor S.R.D., por su parte la autoridad ejecutora determinó no llevar a cabo terapia o evaluación alguna que decretara el juez ordenador; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje sin efectos la interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, emitida en el juicio de controversia familiar 419/2018-1, dicte una nueva, la que deberá motivar, razonar y justificar esa decisión, donde deberá ponderar el riesgo a la salud del menor de llevarse a cabo de manera presencial, con motivo de la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), la cual deberá realizar con plenitud de jurisdicción; en la inteligencia de no justificar esas terapias psicológicas ordenadas al menor, deberá abstenerse en decretar; concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, por no reclamarse por hechos propios. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación de veintidós de octubre de dos mil veinte, en autos del juicio 419/2018, relativo a la controversia familiar y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar determinó no desahogar evaluación alguna a cargo del menor S.R.D., por su parte la autoridad ejecutora determino no llevar a cabo terapia o evaluación alguna que decretara el juez ordenador; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.-
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal al quejoso Santiago Ramírez Díaz y al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Órgano Jurisdiccional, del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que vincule las constancias de notificación realizada a las citadas partes, y en caso de no haberse realizado la notificación correspondiente notifique de manera personal al quejoso y a la representación social de dicho auto. Notifíquese personalmente a las partes antes citadas respecta de la vista. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Diana Gabriela Pinzón Ortíz, Subprocuradora de Representación y Restitución de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias del Sistema Dif Morelos, mediante el cual informa que a la fecha no ha recibido instrucción alguna por parte del Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para llevar a cabo terapias psicológicas al menor, ni se ha requerido a psicóloga alguna para protestar cargo alguno en dicha materia; lo que comunica para los efectos legales conducentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejos con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por e plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Diana Gabriela Pinzón Ortíz, Subprocuradora de Representación y Restitución de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias del Sistema Dif Morelos, mediante el cual informa que a la fecha no ha recibido instrucción alguna por parte del Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para llevar a cabo terapias psicológicas al menor, ni se ha requerido a psicóloga alguna para protestar cargo alguno en dicha materia; lo que comunica para los efectos legales conducentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejos con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por e plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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