Santiago Quiroz Hernández

Expediente 978/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
978/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Santiago Quiroz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el resultado de la calificación registral solicitada por el quejoso, fue en sentido positivo, por lo que el quejoso deberá presentarse a esa delegación a fin de hacerle la entrega de su certificado de propiedad. Se requiere a la parte quejosa En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que comparezca con identificación oficial, a las trece horas del treinta de octubre de este año, en las instalaciones del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, ubicadas en Avenida Camelinas, número 2160, fraccionamiento Bosque de Camelinas, a fin de que la responsable, como lo informa en su comunicación de cuenta, le realice la entrega de su certificado de propiedad. Se requiere a la responsable Por tanto, requiérase a la autoridad responsable al Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, para que dentro del término de tres días siguientes, al en que comparezca la parte quejosa y se realice la entrega del certificado al quejoso en respuesta a la solicitud que le formuló, lo informe a este juzgado y remita las constancias con la que acredite esa actuación. Con la salvedad de que, como la autoridad responsable informa que ya sólo resta hacer la entrega de ese certificado al quejoso y dada la fecha lejana señalada para ese trámite, se instruye a la responsable para que en el caso de que la parte quejosa pueda acudir antes de la fecha programada, se le brinden las facilidades necesarias para que se realice la entrega correspondiente; lo anterior, obedece a que se trata de un trámite necesario para la cumplimentación de una sentencia de amparo. Subsiste apercibimiento En el entendido de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés******************** CUENTA CON AUTOS******************** Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de veinticuatro de agosto del año que corre, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rodolfo Estrada Rivera******************** DECLARACIÓN DE EJECUTORIA******************** Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°******************** ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO******************** Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno******************** REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE******************** Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo******************** APERCIBIMIENTO******************** Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia******************** REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO******************** Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento del Tribunal responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo consistente en: El Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera fundada y motivada, realice la contestación a la solicitud número 16220012636 presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, relacionada con la cesión de derechos agrarios; y correlativamente, notifique de ello al peticionario de amparo******************** ******************** NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo******************** Finalmente, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de doce de septiembre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa informando que la responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, lo que este órgano jurisdiccional tomó de conocimiento; sin embargo, se hace indispensable que el Tribunal responsable acredite dicho cumplimiento ante esta instancia constitucional******************** Notifíquese******************** Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza********************- Doy fe********************

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. SE RESERVA HASTA QUE SE CAUSE EJECUTORIA. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Santiago Quiroz Hernández, a través de cual informa a este juzgado que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a lo ordenado con la sentencia dictada en autos; asimismo, solicita se le haga la devolución de todos los documentos originales que exhibió con la demanda que generó el presente asunto. Atento a lo anterior, téngase por haciendo las manifestaciones que refiere, lo cual será tomado en cuenta en el momento en que este juzgado se pronuncie en torno al cumplimento. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de los documentos que menciona, previa copia que se deje en autos y acta de entrega que al efecto se levante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE V-978/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-978/2023, promovido por Santiago Quiroz Hernández en cuanto apoderado de Rodolfo Estrada Rivera contra actos del Registro Agrario Nacional (RAN), con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se certifica: Que el Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado aun y cuando obra acuse de recibo del oficio 13209 por el que se le requirió su informe justificado, mismo que fue entregado el veinticinco de julio de la presente anualidad, transcurriendo el término de quince días otorgado para tal efecto del dos al veintidós de agosto de la anualidad, excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes, sin que la autoridad haya cumplido con lo requerido. EL JUEZ: En relación con la certificación de cuenta, se tiene como omiso en rendir su respectivo informe justificado al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, sin que dicha omisión sea obstáculo resolver el presente asunto. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales que anexó a su libelo la parte quejosa; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 615/2023 recibido por este juzgado el veinticinco de julio de la presente anualidad. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número V-978/2023, promovido por Santiago Quiroz Hernández en cuanto apoderado de Rodolfo Estrada Rivera, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido en ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Santiago Quiroz Hernández en cuanto apoderado de Rodolfo Estrada Rivera compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán; en los términos siguientes: ".IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Registro Agrario Nacional, Delegación del Estado de Michoacán. Reclamo la grave omisión de resolver la solicitud 16220012636, presentada ante representación administrativa el día 14 de julio del 2022. Lo anterior, es debido a que tengo conocimiento fundado, que, una vez ingresada cualquier solicitud, la representación aludida tiene el improrrogable término de tres meses, para emitir acuerdo, sin embargo, no ha sido revisado y resuelto por el Registro Agrario Nacional, delegación Morelia, Michoacán, situación que ocasiona violaciones de derechos fundamentales a mi representado, al tenor del pliego de agravios que enseguida se exponen." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de diecinueve de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite la demanda bajo el expediente número V-978/2023, solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: Del Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán: La omisión de dar respuesta a la solicitud 16220012636 presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, en la que solicitó inscripción de una cesión de derechos ejidales. TERCERO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Delgado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en la audiencia constitucional, se le tuvo como omisa en rendir el informe solicitado que a su parte corresponde. Por tanto, se presume cierta la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Así, toda vez que no se hicieron valer causales de inejercitabilidad ni de oficio se observa su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Estudio de fondo. La quejosa medularmente argumenta la transgresión al artículo 8° Constitucional, dado que el Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad no le ha dado contestación a su solicitud presentada el catorce de julio de dos mil veintidós. Dicho planteamiento es esencialmente fundado. De inicio es necesario tener en cuenta lo que establece el numeral 8° del Pacto Federal, en el cual se advierte que, por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la constriñe acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Esa prerrogativa del particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa, 2. Dirigirse a una autoridad; y, 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término, b. Ser congruente con la petición, c. Estar fundada y motivada; y, d. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Apoya lo anterior, la tesis número XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, en el tomo Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.". Ahora bien, cabe precisar que cuando se reclama una violación al derecho de petición, existe una carga procesal compartida: por un lado, la parte justiciable deberá demostrar que formuló y presentó ante la autoridad responsable su solicitud o petición en forma respetuosa y pacífica, así como que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y, por otro lado, la responsable deberá acreditar que dio respuesta a la petición que le fue formulada en los términos referidos y que la notificó al solicitante. En el caso, la quejosa satisfizo su carga procesal con la documental que exhibió el acuse de recepción del pliego petitorio, con la cual acredita que elevó su solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en la que a su vez señaló un domicilio para recibir respuesta. Correlativamente, tal como lo manifiesta en su demanda, en el sumario no se advierte que la Delegación ante la cual se presentó, haya dado contestación a la solicitud de mérito, no obstante haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Pues como se precisó, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 8º Constitucional, la responsable está obligada a acreditar que dio respuesta por escrito a la petición que le fue formulada y que ésta le fue notificada al solicitante en el domicilio proporcionado, sin que se haya acreditado durante la tramitación de este juicio esa respuesta se efectúo con anterioridad a la presentación de la demanda. Así las cosas, en resarcimiento del derecho fundamental vulnerado, lo que se impone es conceder el amparo y protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Efectos de concesión. En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación examinados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para los siguientes efectos: I. El Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera fundada y motivada, realice la contestación a la solicitud número 16220012636 presentada el catorce de julio de dos mil veintidós, relacionada con la cesión de derechos agrarios; y, correlativamente, notifique de ello al peticionario de amparo. En la inteligencia de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada -sea que ésta sea procedente, improcedente, o bien, el estatus que actualmente guarda-, debiendo notificar oportunamente dicha respuesta. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) "PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración.". Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso, pueda acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable, a fin de que se le notifique la respuesta a su solicitud. No resta más que indicar que no se hará especial referencia al pedimento formulado por el representante social de la adscripción, en virtud de que no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Máxime que no forma parte de la litis. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Santiago Quiroz Hernández en cuanto apoderado de Rodolfo Estrada Rivera contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano