Santiago Prado Anaya
Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Santiago Prado Anaya
- Salvador Prado Anaya, albacea de la sucesión a bienes de María de Jesús Prado Granados
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente le corresponda el oficio 289 signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por medio del cual acusa recibo del oficio 2764, por el que se le remitieron los autos originales de primera y segunda instancia, en tres tomos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, en el que se causó estado el auto que desecho la demanda de amparo, se omitió ordenar la devolución de los autos que remitió la autoridad responsable para la substanciación de juicio de amparo. En tales condiciones, a fin de evitar violaciones procesales en perjuicio de las partes, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, y al efecto devuélvanse (1) los autos originales del toca I-27/2020, del índice de la Sexto Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en un tomo y (2) autos originales del juicio ordinario civil 437/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán en dos tomos, a la autoridad Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán. Solicítese acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en atención al oficio 4558 del proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, informa que se notificó a los quejosos el proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda que se tramita en este órgano jurisdiccional por medio de listas que se publicaron en los estrados del tribunal oficiante el veinticuatro de enero de dos mil veintidós. En ese contexto se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. ...NOTIFÍQUESE.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 6978, que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por los Magistrados que integran el citado órgano jurisdiccional, dentro del juicio de amparo directo civil 737/2021, de su estadística promovido por Santiago Prado Anaya y Salvador Prado Anaya, por derecho propio y este último también como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María de Jesús Prado Granados y/o Ma. de Jesús Prado Granados, contra actos que atribuyen al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, por considerar que carece de competencia, toda vez que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de procedencia del amparo directo. Asimismo, remite las constancias siguientes: Cuaderno de Amparo Directo Civil 737/2021, del índice del Tribunal oficiante. Copias de traslado. Autos originales del toca I-27/2020, del índice de la Sexto Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (un tomo). Autos originales del juicio ordinario civil 437/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán (dos). ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. En tales condiciones, y en virtud de que el juicio de amparo de que se habla, fue turnado a este órgano jurisdiccional, fórmese expediente y regístrese el mismo con el número 1/2022, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado de Distrito; asimismo, fórmense cuadernos de pruebas por separado, identificados como tomo I, II y III. Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de que se trata, por lo que, estimó que es al Juez de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, a quien le resulta competencia para conocer de la litis constitucional planteada por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Por otra parte, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA. Así como la diversa I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Asentado lo anterior, del análisis íntegro del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán en los autos del toca de apelación I-27/2021, interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 437/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, en la que se ordena dejar insubsistente la sentencia definitiva apelada y reponer el procedimiento del citado juicio, para el efecto de que lleve a cabo el desahogo de las pruebas testimoniales ofertadas en autos, debiendo apercibir con las medidas de apremio establecidas en la ley. Así pues, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama la resolución dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán en los autos del toca de apelación I-27/2021, interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 437/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, en la que se ordena dejar insubsistente la sentencia definitiva apelada y reponer el procedimiento del citado juicio, para el efecto de que lleve a cabo el desahogo de las pruebas testimoniales ofertadas en autos, debiendo apercibir con las medidas de apremio establecidas en la ley. Por tanto, para determinar si los efectos de dicho acto son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio, que la sentencia dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán en los autos del toca de apelación I-27/2021, interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 437/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, en la que se ordena dejar insubsistente la sentencia definitiva apelada y reponer el procedimiento del citado juicio, para el efecto de que lleve a cabo el desahogo de las pruebas testimoniales ofertadas en autos, debiendo apercibir con las medidas de apremio establecidas en la ley no es acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros y solo implicará que habrá de continuar el trámite del juicio; y, en todo caso, de existir violación en el acto reclamado únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería el agravio formal de que se duele. Apoya lo anterior la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la página 1539, Tomo III, Mayo de 2014, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su letra expone: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)..... Se citan en apoyo de lo expuesto, la jurisprudencias EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL., EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO) y "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime que con lo anterior, no significa que el promovente quede sin defensa, puesto que al tratarse de un derecho procesal, puede llegar a analizarse y, en su caso, restituirse a través del juicio de amparo directo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO..... .... Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Jesús Martín Castellanos Gudiño y Salvador Vargas Segura, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, dígase a los ocursantes que no ha lugar a tenerles señalando correo electrónico para oír notificaciones, toda vez que no es un medio legalmente establecido para notificar a las partes, y de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, solo puede autorizarse a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. No obstante lo anterior, téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico jesusmartincastellanos@hotmail.com, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, lo anterior, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIÓN A LOS PROMOVENTES. Toda vez que los promoventes Santiago Prado Anaya y Salvador Prado Anaya, por derecho propio y este último también como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María de Jesús Prado Granados y/o Ma. de Jesús Prado Granados señalaron como domicilio para recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado declinante, gírese atento oficio Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a para solicitarle que de no tener inconveniente, le notifique a los quejosos Santiago Prado Anaya y Salvador Prado Anaya, por derecho propio y este último también como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María de Jesús Prado Granados y/o Ma. de Jesús Prado Granados, el presente acuerdo. Asimismo, se les requiere a los quejosos para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario y/o Actuaria de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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