Santiago Peralta Aguirrez

Expediente 1868/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1868/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Santiago Peralta Aguirrez

Actuaciones

  1. Incidental

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia incidental, sin que sea posible llevarla a cabo, en razón de que no se cuenta con los informes previos de las autoridades responsables Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Morelos la Montaña y Zaragoza, ni los acuses de recibo de los que conste que hayan recibido los oficios por medio de los cuales les fue requerido respectivamente. Para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental señalada para celebrarse en esta fecha se difiere para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. No pasa inadvertido que el artículo 131 de la Ley de Amparo indica tres días para llevar a cabo la audiencia incidental; sin embargo, se señala dicha fecha atendiendo a la lejanía de la residencia de las autoridades responsables, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 327, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, dado que las autoridades responsables se encuentran gozando su periodo vacacional, se instruye al Actuario Judicial adscrito, para que una vez que reanuden sus labores haga entrega de los oficios que deriven del presente proveído. Notifíquese.

  2. Incidental

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios enviados por el Encargado de la Dirección General de Reinserción Social en el Estado, Subsecretario del Sistema Penal Penitenciario Estatal y la Directora de Tratamiento Técnico Penitenciario de la Dirección General de Reinserción Social en el Estado, todos residentes en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos sus informes previos, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1868/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Por haberlo solicitado, tramítese por separado y duplicado, el incidente de suspensión. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a éste órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. *** De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  4. Incidental

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 1868/2019 promovido por ***contra actos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, se apertura por duplicado y separado el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de garantías. Se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a la autoridad responsable que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, debe señalarse de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como tal el siguiente: "La orden de traslado personal que sufrí, así como la calificación de legal del mismo, al ordenar la responsable y ejecutora el cambio de reclusión sin mandamiento administrativo ni judicial fundado ni motivado" También es menester observar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 constitucional, que señala que para proveer en torno a dicha medida cautelar, debe atenderse a la naturaleza de la violación alegada, lo cual resulta posible a través de la precisión del acto que se combate por esta vía constitucional. En ese sentido, cabe hacer mención que la medida cautelar se pide para que la autoridad ordenadora realice el traslado del quejoso. Al respecto, se considera pertinente establecer los requisitos señalados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo para su procedencia: "ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Precisado lo anterior, este juzgador se pronunciará únicamente respecto de las consecuencias del acto reclamado. Es aplicable a la anterior determinación, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, no ha lugar a conceder al quejoso, aquí incidentista, Santiago Peralta Aguirrez, la suspensión provisional del acto reclamado que solicita, en virtud de que se trata de un acto consumado, ya que bajo protesta de decir verdad en sus antecedentes que narró en su escrito de demanda manifestó el promovente que el diez de diciembre fue trasladado al Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, y respecto de ello resulta improcedente conceder la suspensión, pues de hacerlo, se estaría dando efectos restitutorios, lo que es único de la sentencia de amparo, en términos de artículo 77 de la ley de Amparo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia visible en la página 51, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, que textualmente dice: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si estos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Además debe decirse que de concederse la protección constitucional conforme al artículo 77 de la Ley de la Materia, el efecto será el de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, esto es, restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, de ahí que, de concederse la medida cautelar, como ya se dijo, se le darían efectos restitutorios, lo cual es propio, en su caso, del juicio principal. Por lo tanto, como ya se indicó resulta inadmisible conceder la suspensión de los actos en análisis, para que el aquí quejoso incidentista sea trasladado nuevamente al Centro Regional de Reinserción Social la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como lo pretende, toda vez que las medidas decretadas dentro del incidente de suspensión es únicamente un adelanto provisional del derecho para que no se consume de modo irreparable el acto reclamado y no para resolver en forma definitiva la cuestión planteada, pues la institución jurídica de la suspensión del acto se encuentra regulada en los artículos 125 a 169, de la Ley de Amparo, los cuales establecen que la suspensión tiene como finalidad paralizar los actos reclamados a efecto de que no se ejecuten de manera irreparable en perjuicio del quejoso, y con ello mantener viva la materia del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso en particular la tesis jurisprudencial 1871, que es del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al en que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo". Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Martínez Mejía, Rafael Mendoza Ventura, Noé Jiménez Reyes y Cruz Delgado García, toda vez que cuentan con registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir, notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que cita por no cumplir con el requisito anterior. Notifíquese.

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