Santiago Pelcastre Rosales
Expediente 856/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/08/2017
Partes del expediente
- Santiago Pelcastre Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cinco de julio del año en curso (fojas 88 a 90). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 2279 signado por la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 187/2017 con número de orden 300/2017 de la estadística de este órgano jurisdiccional, ante la imposibilidad que tuvo el Diligenciario non adscrito al Juzgado oficiante, para notificar el contenido del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, a la parte quejosa Santiago Pelcastre Rosales en el domicilio ubicado en Calle Azucena, Número 8, Colonia San Andrés Huayacatitla, San Martín Texmelucan, Puebla, toda vez que no fue posible localizar en mencionado domicilio y al preguntar con los vecinos del lugar, fue informado no conocer a dicha persona. En consecuencia, se ordena la notificación del acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, por medio de lista; así como las subsecuentes aún las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, dese de baja en el libro de registro, la citada comunicación oficial y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente sumario, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Santiago Pelcastre Rosales acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente 1791/2013, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, mediante oficio recibido el treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 60 a 65), se pronunció el laudo dentro del expediente 1791/2013. Para corroborar lo anterior, la Junta responsable, a través de su presidenta remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 1791/2013 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictara el laudo en el expediente 1791/2013 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, la junta responsable emitió dicha resolución dentro del juicio de origen. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que les había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con catorce minutos del veintisiete de julio de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. No es obstáculo a la anterior determinación la circunstancia de que a la fecha en que sea actúa se encuentre pendiente por emplazar a la parte tercera interesada "Industrias Unidas Maritex", Sociedad Anónima de Capital Variable, al no obrar en autos su emplazamiento encomendado; ya que a nada practico conduciría seguir insistiendo en alcanzar su emplazamiento, pues no se considera que con ello no se dé oportunidad de defenderse debidamente en el presente juicio de garantías atento a las razones antes apuntadas que concluyeron con el sobreseimiento y que en nada le perjudica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 531, visible a página 349, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, con número de registro 394487, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario José Manuel Brodeli Vélez Torres que autoriza y da fe. En la misma fecha, el suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, CERTIFICO: Que una vez que el auto que antecede, así como la promoción y anexo, fueron integrados al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se dio fe que los mismos son coincidentes en su totalidad tanto en el expediente impreso como en el electrónico, lo que se hace constar en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en la ciudad de Puebla, visto su contenido, téngasele remitiendo copia certificadas de la constancia de notificación realizada a las partes respecto de la resolución en forma de laudo de veintinueve de mayo del año en curso dentro del expediente laboral 1791/2013, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiendo que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 54 a 56), fue enviado el despacho 187/2017 con número de orden 300/2017 de la estadística de este órgano jurisdiccional al Juez de lo Civil, con residencia en Huejotzingo, Puebla, en Turno, para el efecto de notificar a la parte quejosa Santiago Pelcastre Rosales en el domicilio ubicado en Calle Azucena, Número 8, Colonia San Andrés Huayacatitla, San Martín Texmelucan, Puebla, el contenido del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso dictado dentro del juicio de amparo 856/2017-III; a quien por turno le correspondió conocer de dicha comunicación al Juzgado Segundo Civil de Huejotzingo, Puebla. En tales condiciones, gírese oficio al Juez Segundo Civil de Huejotzingo, Puebla, para el efecto de que, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto devuelva la comunicación oficial de que se habla en el párrafo que antecede; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las diez horas con catorce minutos del veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Notifíquese.
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