Santiago Palma Torres

Expediente 525/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
525/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Santiago Palma Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio número 687/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión en materia administrativa 246/2020, y los autos originales del presente juicio de amparo. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que dicho Tribunal, mediante resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, emitida en el incidente en revisión en materia administrativa 246/2020, confirmó la resolución recurrida y negó la suspensión definitiva; en consecuencia, háganse lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Por otro lado, toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Ahora bien, visto el estado de los autos, se advierte, con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejos SANTIAGO PALMA TORRES; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, tomando en consideración que el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, se encuentra pendiente por resolver el recurso de revisión 246/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; hágase de su conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 525/2020; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta población, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Santiago Palma Torres, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al fiscal general en el Estado de Oaxaca, oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (autoridades ordenadoras), director Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones (autoridades ejecutoras), consistentes en lo siguiente: ".ACTO RECLAMADO. De las autoridades que señalo como ordenadoras la orden expresa de privarme del derecho al trabajo y a los alimentos consistente en la revocación de mi nombramiento de agente de la policía judicial mediante un oficio de baja del servicio, cuando tengo casi 4 años en la corporación sin seguir el procedimiento marcado en la Ley Orgánica de la Fiscalía y su reglamento interno, ya que emiten un dictamen de baja sin seguir los lineamientos ni las reglas del procedimiento, ni fundar ni motivar su actuar, violando flagrantemente en mi perjuicio los preceptos legales 68, 69 y 80 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. . Y de las ejecutoras, la notificación de baja que pretenden realizarme del acto privativo de mi derecho al trabajo y a los alimentos, mediante un oficio y un dictamen carente de sustento legal, ya que quien emite el dictamen no se encuentra facultado para ello. ." Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, y 20, apartado B y 123, apartado B, de la Constitución Federal del País. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte (fojas 20 - 23), este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se requirió al quejoso para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo, respecto de la autoridad agente Estatal de Investigaciones Notificadora habilitada de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Pilar Teresa Salinas Porras, reclamándole la notificación de baja del acto privativo de su derecho al trabajo (foja 89). Por lo que mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, el quejoso amplió su demanda de amparo señalando como autoridad a la citada agente, a quien le reclamó la razón de catorce de septiembre de dos mil veinte, en que se le tuvo por notificado del oficio FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte (fojas 93 - 99). Posteriormente en acuerdo de catorce de enero del año en curso, se tuvo por hecha tal ampliación, por lo que se requirió a la aludida autoridad responsable su respectivo informe justificado (fojas 100 - 101). Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Dictamen número FGEO/DAJ/706/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte, signado por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en que determinó que el oficio FGEO/OM/1833/2020, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que dio por terminada la relación administrativa de Santiago Palma Torres, como agente Estatal de Investigaciones, se encuentra ajustado a los lineamientos invocados. Oficio número FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en que informó al quejoso Santiago Palma Torres, que a partir del treinta de septiembre de dos mil veinte, concluyó la relación administrativa que tenía con Santiago Palma Torres, agente Estatal de Investigaciones, nivel 05. La razón notificación de catorce de septiembre de dos mil veinte, en que la agente Estatal de Investigaciones Notificadora habilitada de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Pilar Teresa Salinas Porras, tuvo a Santiago Palma Torres por notificado del oficio de baja FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, dichos actos son los que se tienen como reclamados en este juicio. TERCERO. El fiscal general del Estado de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (fojas 30 - 31), servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 33), así como el jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, los dos últimos con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca (foja 41), al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 84, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Por otra parte, el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como la agente Estatal de Investigaciones, notificadora habilitada de la Oficialía Mayor, residentes en sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 35, 43 y 115 - 117); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que de las constancias que anexaron a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que: Fue el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien dictó el oficio número FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, en que informó al quejoso Santiago Palma Torres, que a partir del treinta de septiembre de dos mil veinte, concluyó la relación administrativa que tenía la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con él como agente Estatal de Investigaciones de confianza por designación especial, nivel 05. Y el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue quien suscribió el dictamen número FGEO/DAJ/706/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte. Por su parte, la agente Estatal de Investigaciones, notificadora habilitada de la Oficialía Mayor, el catorce de septiembre de dos mil veinte, notificó a Santiago Palma Torres, el término de relación administrativa con la Fiscalía General del Estado (fojas 115 - 117); por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Por tal razón, se estiman ciertos los actos que se les atribuyen. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV-Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". QUINTO. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la parte inconforme, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, se abordará el estudio de la procedencia del presente juicio de protección de derechos humanos, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en el numeral 61 de la legislación en consulta, haría imposible el examen de la litis constitucional. En relación con lo anterior, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." El fiscal general del Estado de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos, manifiesta que el quejoso debió agotar el principio de definitividad, pues en contra de los actos reclamados proceden los recursos ordinarios previstos en los artículos 98 y 166 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. No asiste razón a la responsable, debido a que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia XIII.2o.C.A. J/1 A (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, que aparece publicada en la página 2368, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL. Una de las excepciones al principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consiste en que la ley que rija el acto reclamado establezca la existencia de un juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto de autoridad, en el que se suspendan sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los previstos en dicho ordenamiento para conceder la suspensión definitiva. Al respecto, el numeral 215, fracción III, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece mayores exigencias que las señaladas en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado, al disponer como requisito que con la ejecución de éste se generen al solicitante daños y perjuicios de difícil reparación; elemento que no está previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la excepción señalada, la causal de improcedencia del juicio constitucional no es manifiesta e indudable, en términos del artículo 113 de la misma ley, por lo que la demanda de amparo o su ampliación no debe desecharse en el auto inicial con el argumento de que es necesario promover, previamente, el juicio contencioso administrativo. En cambio, este resolutor advierte que por lo que respecta a la razón asentada el catorce de septiembre de dos mil veinte, por la agente Estatal de Investigaciones, notificadora habilitada de la Oficialía Mayor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso no formuló conceptos de violación en contra de la citada razón. En efecto, los preceptos en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." La numerales transcritos prevén los requisitos que debe contener la demanda de amparo, entre los cuales destaca la formulación de conceptos de violación, entendiendo por ellos, aquel argumento en el que se mencione la lesión o agravio que se estima causa el acto reclamado y los motivos que lo originaron; es decir, la causa de pedir. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR. , en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Si bien, el quejoso en su escrito de ampliación, expresa agravios, esto lo hace respecto a los restantes actos reclamados, y solo al final del apartado respectivo argumenta que quien realizó la notificación reclamada carece de atribuciones para realizar una notificación; sin embargo, no da motivos, o razón en concreto por la que considere que la agente Estatal de Investigaciones, notificadora habilitada de la Oficialía Mayor, carece de facultades para llevar ese tipo de diligencias. Por tal motivo, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la agente Estatal de Investigaciones, notificadora habilitada de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Al no advertirse alguna otra causa de improcedencia, se procede a realizar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Los motivos de inconformidad expuestos son insuficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Como se anticipó, los actos reclamados se hacen consistir en el dictamen número FGEO/DAJ/706/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte, signado por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en que determinó que el oficio FGEO/OM/1833/2020, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se encuentra ajustado a los lineamientos invocados; así como en el oficio número FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, en que el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, informó al quejoso Santiago Palma Torres, que a partir del treinta de septiembre de dos mil veinte, concluyó la relación administrativa que tenía con Santiago Palma Torres, agente Estatal de Investigaciones, nivel 05, que son del tenor siguiente: Con relación a la inconstitucionalidad de ello, el promovente del amparo aduce que las autoridades responsables violentan en su perjuicio sus derechos pues no ha cometido delito o infracción alguna, y sin mediar el procedimiento escrito para la revocación de su nombramiento, le niegan el derecho de audiencia y de una defensa adecuada, así como de ser oído y vencido en juicio. El promovente también argumenta que la autoridad demandada es omisa en señalar las disposiciones legales, acuerdo o decreto que le otorgan las facultades para emitir el acto de molestia, y en caso de tratarse de una norma compleja debió de precisar con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y sub incisos, en que apoya su actualización, y al no hacerlo lo dejó en estado de indefensión. El quejoso continúa refiriendo que la autoridad facultada para instaurar un procedimiento en contra de algún miembro de la institución, así como su resolución es el Consejo Local, o a través de la comisión respectiva o de la Visitaduría General, como lo señala el artículo transitorio séptimo del Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado, y no el oficial mayor ni el director de Asuntos Jurídicos. Finalmente refiere que el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal excluye del régimen burocrático a los cuerpos de seguridad, por lo que para separar a un elemento policial de la función que le ha sido encomendada, en primer término, es necesario acreditar fehacientemente que ha incurrido en alguna causa que originen su remisión, o bien que no cumple con los requisitos de permanencia para continuar con el servicio. Tales motivos de disenso son infundados. En primer término, es importante señalar que de conformidad con lo previsto en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se rigen por sus propias leyes, por lo que las relaciones que mantienen no son "contratos de trabajo", sino que ostentan una naturaleza que en el derecho administrativo se denomina "acto condición". En efecto, los nombramientos que se otorgan a este tipo de servidores públicos, no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. Se trata de un acto en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento; cuyos efectos no son el fijar derechos y obligaciones entre Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual por sus caracteres se considera un acto condición. De tal manera, dicho acto representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, generalmente de forma escrita, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordinan su valor y subsistencia, según corresponda. Esto es, dicho acto que no puede crear ni variar la situación que establece dicho estatuto legal y que además permite la modificación de éste en cualquier momento sin necesidad del consentimiento del empleado es, como se dijo, el acto condición. En relación con lo expuesto, cobra aplicación la tesis emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Volumen 40, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, en materia Laboral y Administrativa, con registro 233457, que dice: "EMPLEADO PÚBLICO, NATURALEZA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL, CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN. CONSECUENCIAS. Las consecuencias del carácter legal de la naturaleza de la situación jurídica del empleado público con respecto a la administración, son: I) El empleado público tendrá frente a la administración, en cada momento, los deberes y derechos descritos en las leyes que regulan su régimen jurídico; 2) Tales derechos y deberes subsistirán en cuanto no se modifiquen las normas que los establecen, modificación a la que no pueden oponerse los empleados públicos; 3) El régimen establecido con carácter general en la ley no podrá ser fijado por la administración en beneficio o en perjuicio de alguno de los empleados públicos, en virtud del principio de legalidad; 4) Si la administración desconoce la situación descrita en la ley referida de los empleados públicos, sus actos podrán ser impugnados." De igual forma resulta ilustrativa sobre el tópico en comento la jurisprudencia 1a./J. 108/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, número de registro 163148, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, que aparece en la página 168, que dice: "EMPLEADOS PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA EN CARGOS PÚBLICOS CUYOS NOMBRAMIENTOS SE EXPIDEN COMO ACTOS CONDICIÓN, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Quienes pretenden ingresar a un cargo público y quienes, ya en el mismo, deseen permanecer en éste, no se colocan en una misma situación. Esto puede valorarse al observar las diferencias entre los requisitos de ingreso, que deben cubrirse para tener acceso a diferentes cargos públicos y se encuentran establecidos en las normas aplicables vigentes en el momento del acceso al cargo, y los requisitos de permanencia; conforme a éstos, si después del ingreso, el interesado desea continuar en el desempeño de la misma función, deberá observar las condiciones para la subsistencia del acto administrativo de nombramiento que, por esta razón, debe considerarse un acto condición. Ahora bien, si la expresión permanencia significa mantenerse sin mutación o cambios en una misma posición o lugar que se ocupa, una persistencia en un estado o calidad que se representa por una duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad o estancia, es claro que se trata de un concepto que actúa hacia el futuro y siempre con posterioridad al ingreso. Es decir, la permanencia, por sí sola, no puede actuar hacia el pasado ni afectar situaciones que podrían llegar a constituir derechos adquiridos, por referirse a acontecimientos que necesariamente se presentarán en tiempo futuro y cuyo contenido sólo podrá ser satisfecho al porvenir. Sin embargo, conforme al principio de irretroactividad de la ley contenido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el problema de los efectos de una ley en su ámbito temporal de validez descansa en la diferencia entre un efecto inmediato y otro retroactivo, por lo que resulta inconcuso que los requisitos de permanencia no pueden verse afectados por dicho principio constitucional, ya que éstos tienen efectos sobre situaciones en curso y hacia lo que pudiera ser próximo, pero no sobre situaciones pasadas; esto es, los interesados podrán continuar en el desempeño del cargo siempre que satisfagan los requisitos previstos en todas las disposiciones vigentes durante el encargo y las demás que estén por sobrevenir. Por tanto, los requisitos de permanencia no violan el principio de irretroactividad de la ley, ya que en tales supuestos no se afectan situaciones anteriores de la persona que desea continuar en el cargo y, por lo mismo, no se le priva de derechos adquiridos conforme a una ley anterior; no obstante, lo anterior está referido exclusivamente a las características abstractas de una ley, con independencia de la forma específica de actuación de la autoridad encargada de observar el cumplimiento de la norma, lo cual sólo podrá valorarse en cada caso concreto." Ahora bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se entiende por designación especial, el nombramiento que realiza la Fiscalía General de un policía de investigación de la Agencia Estatal de Investigación, entre otros, dispensando la convocatoria en su caso, así como el requisito de concurso de ingreso y selección. En efecto, el numeral invocado, en lo conducente establece: "Artículo 36. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Fiscal General, de conformidad con el Reglamento, podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de agentes del Ministerio Público, policías de investigación de la Agencia de Investigación, peritos y facilitadores. Se entiende por designación especial, el nombramiento que hace el Fiscal General de los elementos antes señalados, dispensando la convocatoria en su caso, así como el requisito de concurso de ingreso y selección, debiendo satisfacer los demás requisitos que refieren los artículos 44, 45 y 46 de la presente Ley Orgánica para ingresar al Servicio, respectivamente. Las personas nombradas por designación especial no serán consideradas como miembros del Servicio." Por otra parte, los numerales 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como 24, fracción X, y 28 fracciones IV y XVIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, disponen: Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. "Artículo 37. En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento por designación especial, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que refiere el Capítulo IX del Título Tercero de esta Ley Orgánica. ." Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. "Artículo 24. La Oficialía Mayor, además de las atribuciones genéricas previstas en el artículo 10 del presente Reglamento, tendrá las siguientes atribuciones: . X. Expedir las constancias de nombramiento de los servidores públicos de la Fiscalía General, autorizar los movimientos y resolver los casos de terminación de los efectos del nombramiento del personal de confianza, previo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos; ." "Artículo 28. La Dirección de Asuntos Jurídicos, además de las atribuciones genéricas previstas en el artículo 10 del presente Reglamento, tendrá las siguientes atribuciones: . IV. Emitir opinión jurídica respecto de las consultas que formule el Fiscal General, las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares; . XVIII. Emitir opinión jurídica, dictaminar y validar sobre la procedencia de los proyectos legislativos, normativos, instrumentos jurídicos y administrativos, así como los demás documentos administrativos que elaboren las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares en el respectivo ámbito de su competencia, cuya suscripción corresponda al Fiscal General; ." De los preceptos antes transcritos, se desprende que los efectos del nombramiento por designación especial, podrán darse por terminados en cualquier momento, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que refiere el Capítulo IX del Título Tercero de la Ley Orgánica. Asimismo, que la Oficialía Mayor, entre otras atribuciones, resolverá los casos de terminación de los efectos del nombramiento del personal de confianza, previo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Luego, como ya se dijo, resultan infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso. Efectivamente, de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, se advierte que no se entabló procedimiento administrativo alguno en contra del solicitante del amparo; que fue expedido a Santiago Palma Torres, nombramiento por designación especial por dos meses quince días, del dieciséis de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 55), con el cargo de agente Estatal de Investigaciones; que mediante dictamen número FGEO/DAJ/706/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte, con fundamento en lo previsto por los artículos 29 y 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 24, fracción X, 28, fracciones IV y XVIII de su reglamento, el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, determinó que el oficio FGEO/OM/1833/2020, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en que dio por terminada la relación administrativa del quejoso, se encontraba ajustado a derecho; además, mediante oficio número FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, el oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 29, 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y 241, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, informó al quejoso Santiago Palma Torres, que a partir del treinta de septiembre de dos mil veinte, concluyó la relación administrativa que tenía con Santiago Palma Torres, agente Estatal de Investigaciones, nivel 05 . De donde se concluye que el motivo de la conclusión del cargo de agente Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, derivó exclusivamente de la terminación del nombramiento de por designación especial, que le había sido otorgado, sin que en la especie se hubiese actualizado supuesto alguno de cesación anticipada del referido nombramiento; motivo por el cual, es claro que dicha terminación, contrario a lo alegado por la parte quejosa, no da lugar a que las responsables tengan obligación de llevar a cabo procedimiento de separación alguno, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En ese orden de ideas, puede decirse que los actos reclamados, consistentes básicamente en la terminación de la relación administrativa basada en el nombramiento de agente Estatal de Investigaciones, no conculcan en perjuicio del quejoso derecho humano alguno, pues como se precisó con anterioridad y tal como lo señalaron las autoridades responsables, dicha separación o remoción del cargo, deriva únicamente de la conclusión de la vigencia del nombramiento que en su momento le había sido otorgado. Por tanto, resulta evidente que al concluir la vigencia del nombramiento del quejoso, y al tratarse dicho nombramiento de un acto condición, debe considerarse que no implica como lo pretende la parte quejosa, que con la obtención de un nombramiento por tiempo determinado, se adquiera el derecho de permanecer en el cargo de forma indefinida (derecho de estabilidad y permanencia), hasta en tanto se le siga el procedimiento de separación correspondiente, sino que dichos derechos se contraen al cumplimiento de las condiciones y temporalidad en el asentados; máxime que en atención a lo expuesto, es evidente que no se violaron las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa, puesto que se insiste, en el particular no se actualiza la figura de cese o separación injustificado de un nombramiento, sino que en la especie, se advierte que el nombramiento que fue otorgado al promovente, llegó al fin de su vigencia y esa fue la razón por la que se le expidió el oficio número FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre, y el dictamen número FGEO/DAJ/706/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte, materia de reclamo en este amparo. Lo antes expuesto atiende a las razones establecidas en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia de la Primera Sala, número 1a./J. 104/2010, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible en la página 371, de rubro y contenido, siguientes: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO "ACTOS CONDICIÓN". Los nombramientos a cargos públicos, como los de Policía Federal Ministerial, representan actos administrativos condicionados, también conocidos como "actos condición", en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato, porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. Por ende, se trata de actos diversos en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del acto administrativo del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, de manera que esta modalidad representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona necesariamente con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordina tanto el valor como la subsistencia del acto. Por tanto, los nombramientos de los agentes policiales, siendo actos condición, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo esa expulsión el fin constitucional perseguido con la introducción de esa regulación, concretada mediante el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, en cuya exposición de motivos se mencionó que era necesario establecer bases constitucionales para un régimen protector de los empleados al servicio del Estado en términos semejantes -no iguales- a los previstos en el apartado A, por una parte, pero con la precisión, por la otra, de que de dicho estatus se haría la exclusión expresa de cuatro grupos: militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, lo que a la fecha permanece a pesar de las reformas constitucionales posteriores." Por tanto, al haber gozado la quejosa de un nombramiento por tiempo determinado, mismo que, según se advierte de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, se le expidió del dieciséis de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, causando baja al día siguiente (uno de abril de dos mil diecinueve), por virtud de que éste lo formaliza el poder público con la aceptación del particular, el cual no es un acto unilateral, ni un contrato entre partes iguales, sino un acto condición que surge de la concurrencia de dichas voluntades; entonces, así como la duración de la relación laboral no puede quedar sin efecto, ni ser reducida unilateralmente por la entidad pública emisora, tampoco puede ser ampliada por la sola pretensión del servidor público. Además, contrario a lo que asegura el quejoso, en el oficio y dictamen reclamado, se expusieron los motivos por los que se dio por terminada la relación administrativa y se citaron los preceptos en que se basó esa determinación, como: 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; así como 24, fracción X, y 28, fracciones IV y XVIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Asimismo, opuesto a lo que manifiesta el quejoso, el oficial mayor y director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se encuentran facultados para dar por terminada la relación administrativa del quejoso con la Fiscalía, conforme a lo estipulado en los artículos 24, fracción X, y 28, fracciones IV y XVIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En razón de lo expuesto, es evidente que no se violó en perjuicio de la solicitante de amparo derecho humano alguno tutelado por la Constitución Federal, ya que ante la falta de nombramiento vigente, la separación del cargo que desempeñó el quejoso como agente Estatal de Investigaciones, no puede constituir un acto que transgreda en su perjuicio algún derecho. Además, no se afecta el derecho de estabilidad en el empleo, ya que con motivo del nombramiento por designación especial, carece de varias prerrogativas, entre ellas, la de estabilidad en el empleo, en la medida que no pueden reclamar afectación a sus derechos adquiridos en su nombramiento, como lo es la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia del citado acto condición, con motivo de la terminación del plazo para el que fue designado. Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis III.7o.A.24 A (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registro 2016856 del Semanario Judicial de la Federación, que lleva los siguientes rubro y texto: 'ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO PUEDEN RECLAMAR AFECTACIÓN AL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la relación jurídica entre un ente estatal y los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, es distinta a la de los trabajadores al servicio del Estado, ya que no es laboral, sino administrativa, lo cual tiene su fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es coincidente con los principios del derecho internacional, el cual se ha ocupado ampliamente del trato innovador que modernamente se dispensa a esos servidores públicos. Ahora, derivado de las reformas a esa disposición constitucional, se plasmó la concepción del acto condición, como aplicable a los nombramientos de estos cuatro grupos de servidores públicos, en cuyo contexto, debe considerarse que los policías carecen de varios derechos laborales, entre ellos, el de la estabilidad en el empleo, regularmente considerado como adquirido. Por tanto, los elementos de las instituciones de seguridad pública del Estado de Jalisco no pueden reclamar afectación a derechos adquiridos en su nombramiento, como lo es la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de éste, con motivo de la terminación del plazo para el que fueron designados, máxime que esta causa de conclusión del servicio se encuentra prevista en el artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para dicha entidad federativa.' En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, este juzgador estima procedente NEGAR a SANTIAGO PALMA TORRES, el amparo y protección que de la Justicia Federal que solicita contra el dictamen número FGEO/DAJ/706/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como el oficio FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, signado por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 525/2020, promovido por Santiago Palma Torres, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Santiago Palma Torres, contra los actos reclamados consistentes en dictamen número FGEO/DAJ/706/2020, de tres de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como el oficio FGEO/OM/1904/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, signado por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en términos del último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la agente Estatal de Investigaciones, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado, sin que haya lugar a dictar providencia alguna, toda vez que en proveído de diecisiete de marzo del año en curso, se proveyó respecto de sus contenido. NOTIFÍQUESE.

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