Santiago Olivares García

Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1148/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Santiago Olivares García
  • Comisión Federal de Electricidad

Actuaciones

  1. Principal

    ***** Ciudad de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Por recibidos los oficios de cuenta suscritos por el Actuario adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales, informa que admite a trámite los recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quedando registrados con los números Q.A. 367/2022, Q.A. 368/2022 y Q.A. 369/2022, de su índice. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agregan a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio en que el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia y del Titular del ramo, todos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de julio del año en curso, realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y a la imposibilidad que se tiene para atenderla; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda. Ahora, a efecto de dar respuesta a lo señalado por la autoridad oficiante y esclarecer la confusión en que se encuentra para cumplir con el fallo protector, es conveniente precisar los aspectos que refiere, los cuales consisten, esencialmente, en los siguientes: PRIMERO. En atención a lo solicitado, deja sin efectos el oficio SSPC/UT/1706/2020 de dos de marzo de dos mil veinte, por haber sido emitido por la extinta Unidad de Transición. SEGUNDO. Aclara que no es autoridad legalmente competente para emitir respuesta alguna sobre los exámenes de control y confianza, pues conforme a la legislación vigente, siendo que el resultado del proceso de evaluación de control y confianza es integral, único e inapelable. TERCERO. Precisa que existe imposibilidad jurídica y material para dejar sin efectos el oficio SSPC/UT/5017/2020, porque según fue emitido por la referida desaparecida Unidad de Transición, conforme a los preceptos legales que invoca y por los motivos que expone. CUARTO. Señala que es imposible que deje sin efectos jurídicos el contenido del aludido oficio SSPC/UT/1706/2020 (el cual ya lo había dejado insubsistente en el numeral primero), aunado a que afirma que lo determinado en la sentencia no se encuentra en las facultades otorgadas a dicha autoridad, al no ser sustituta de la otrora Policía Federal. QUINTO. Invoca en apoyo a sus consideraciones el artículo sexto del "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve y expresa que se carecen de atribuciones sobre el área de aplicación de evaluaciones de control de confianza de la Guardia Nacional. SEXTO. Remite copia certificada de la resolución del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, con que demuestra la separación del quejoso, Alfonso Iván Rojas García, como Policía Federal. En ese orden se acuerda lo siguiente: En principio, resulta evidente la incongruencia en que incurre la autoridad oficiante, porque es contradictorio entre sí, lo señalado en los numerales primero y cuarto, al dejar sin efectos el oficio SSPC/UT/1706/2020 de dos de marzo de dos mil veinte (sin que hubiere demostrado fehacientemente tal extremo) y posteriormente expresa la imposibilidad jurídica y material para tal efecto, lo cual, no tiene una lógica jurídica, pues, atendiendo a lo determinado en auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, del cual tiene pleno conocimiento la autoridad oficiante, pero no en el sentido que ella refiere, el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es autoridad directamente obligada para efectos del procedimiento de cumplimiento de sentencia en el presente asunto, al haberse extinto la figura del Titular de la Unidad de Transición, conforme al "ACUERDO por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.", publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de octubre de dos mil veintiuno. De manera que, el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es quien absorbió y sustituyó a la autoridad que desapareció legalmente, quien es el directamente responsable y obligado a cumplir con la ejecutoria de amparo. En esa tesitura, todo procedimiento ilegal, trámite innecesario o confusión que presente la autoridad obligada a cumplir con el fallo de amparo, se traduce en un retraso en su acatamiento, que contraviene el artículo 17 Constitucional, en la vertiente de impartición de justicia en la etapa de cumplimiento de las sentencia ejecutorias y pueda hacerse acreedora a la multa establecida en el artículo 193 de la Ley de Amparo, con independencia de las demás sanciones que pudieran imponerse, en términos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. (Registro digital: 2007914. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 58/2014 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11. Tipo: Jurisprudencia). Por tanto, tomando en cuenta que el aludido oficio SSPC/UT/1706/2020 de dos de marzo de dos mil veinte, junto con el diverso SSPC/UT/5017/2020, son materia de la ejecutoria de amparo, que es la verdad legal y no pueden ser controvertidas sus consideraciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, razón por la que, es irrefutable e incuestionable su cumplimento, sin que sean motivos suficientes los señalados por la autoridad oficiante, para no cumplir con la sentencia de amparo. Al respecto, es aplicable, por mayoría de razón, la jurisprudencia siguiente: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Época: Novena Época. Registro: 168959. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, septiembre de 2008. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 85/2008. Página: 589). Por tanto, la obligación impuesta por mandato constitucional debe ser atendida indefectiblemente sin dilaciones ni pretextos por toda autoridad y en los términos perentorios de se disponen, sin que pueda discutirse en forma alguna los alcances de ésta, máxime que los argumentos expresados encaminados a desconocer la relación y sujeción al mando que se tiene con el quejoso, por ser una cuestión que pueda ser debatible ante el otorgamiento de la protección constitucional. De manera que, se encuentra constreñida indefectiblemente a realizar todos los trámites y gestiones necesarias, así como a vigilar y hacer cumplir los trámites necesarios para lograr el cabal acatamiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, a fin de evitar que se le apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Asimismo, cabe señalar que el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se conmina a la referida autoridad obligada al cumplimiento, que se abstenga en formular apreciaciones encaminadas al desconocimiento de la obligación que en ella recae de acuerdo a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 294/2021. De ahí que, todo argumento que tenga como objeto el excusarse de cumplir con la mencionada ejecutoria de amparo, NO deben ser considerados para excusarse o evadir el cumplimiento de las obligaciones impuestas por mandato constitucional, que ante la conducta omisiva mostrada por la autoridad oficiante y poco entendimiento de los alcances jurídicos de la materia de la ejecutoria de amparo, se reitera que de manera inexcusable, debe cumplir con lo siguiente: 1) Dejar insubsistente los oficios reclamados SSPC/UT/1706/2020 de dos de marzo de dos mil veinte y SSPC/UT/5017/2020 de ocho de septiembre del año pasado. 2) Con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, emitir unos nuevos oficios. En esa tesitura, NO es el caso tomar en cuenta lo señalado por la autoridad oficiante en los numerales primero, tercero y cuarto de la promoción que se acuerda, pues los oficios a que alude son materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo y atendiendo a lo señalado, es autoridad obligada para cumplirla. En atención a los razonamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, NO ha lugar a considerar lo precisado en el número segundo del oficio en comento, por tratarse de cuestiones diversas, diferentes y no tener relación alguna con la materia de cumplimiento del fallo protector. Respecto a los argumentos contenidos en el numeral quinto del aludido oficio, y como se determinó desde el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad oficiante, Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es directamente obligada para efectos del procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto, conforme al "ACUERDO por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.", publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de octubre de dos mil veintiuno, razón suficiente para NO considerar los planteamientos que propone. Por lo que hace a lo manifestado en el número seis, deberá estarse a lo acordado en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, en que se tuvo por recibida la resolución a que se refiere la autoridad oficiante, misma que es insuficiente para no cumplir con la sentencia protectora. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE de nueva cuenta al Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS, (tomando en consideración los actos a realizar), contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excusa ni pretexto, exhiba las constancias fehacientes de las que se desprenda el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos señalados. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, así como el artículo 7º fracción II, inciso B), numeral 1 y 1.2 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, REQUIÉRASE al SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA en su carácter de superior jerárquico del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo conminen a cumplir con el fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado respectivamente el cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejercen sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, se les impondrá, a cada una de las personas físicas que ostenten los cargos precisados, una multa de cien días la unidad de media actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora General de Recursos Humanos y por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Titular, todas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, informan las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al requerimiento ordenado en proveído de uno de julio del presente año, y se solicita una prórroga. Como lo solicita la Directora General de Recursos Humanos de la citada Fiscalía; con apoyo en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE CONCEDE UNA PRÓRROGA DE DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, lo anterior en virtud de la naturaleza de los efectos del amparo. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de uno de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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