Santiago Nolasco Martínez

Expediente 428/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
428/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Santiago Nolasco Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA III. CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL. El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Además, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que la demanda promovida por ***************, fue turnada como nuevo ingreso y quedó registrada con la orden ************; para lo cual, agrega la boleta de turno correspondiente; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Mesa III. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE ABRIL ACTUAL, EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN EL CUAL EN ESENCIA SE DETERMINÓ: "Toluca, Estado de México; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. DESAHOGA PREVENCIÓN. En otro contexto, glósese a los autos para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, por medio del cual desahoga la prevención realizada en proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho; por tanto, se tiene por desahogado el requerimiento de que se trata y se provee lo conducente, en relación con el ocurso inicial de demanda. SEPARACIÓN DE JUICIOS. En ese orden, del análisis íntegro de la demanda de amparo y del escrito que se provee, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) Al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, la integración de la carpeta de investigación número ******, con número económico **/2017. b) Al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente ***/2014 de su índice; y, Al caso es de aplicación la tesis aislada P. VI/2004, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, después de hacer un análisis del contenido de la demanda de amparo, resulta que los actos impugnados emanan de diversos procedimientos donde lo reclamado guarda autonomía en cada caso y versa sobre diversas materias penal y civil; en esas condiciones, cada acto deberá ser examinado de manera independiente y autónoma también. Luego, si en el caso, de la demanda de amparo se advierte con claridad que se reclaman actos emanados de juicios diversos desvinculados entre sí y diversas materias a estudio, a saber la carpeta de investigación número ***** del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres y el expediente civil ***/2014 del Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, respectivamente, es procedente decretar la separación de juicios. Se cita en apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 76/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, septiembre de 1997, página 118, con número de registro 197671, que establece: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. En tales condiciones, por el orden que se advierte del escrito de demanda, este juzgado se hará cargo en este asunto, del estudio del acto reclamado descrito en el inciso a); lo anterior, en virtud de que de la manifestaciones realizadas por el promovente en el libelo de garantías, se aprecia que primero tuvo conocimiento del acto destacado, consistente en la integración de la carpeta de investigación número *****; y, que como consecuencia, fue que se enteró del auto que le reclama al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Consecuentemente, se ordena obtener un tanto de copias certificadas de la demanda de amparo en la que conste la fecha respectiva de su presentación en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, así como de las diversas constancias que integran este asunto, con los traslados necesarios y una vez efectuado lo anterior, se remitan a la citada Oficina de Correspondencia, para que se le dé el trámite de registro respectivo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b) relativo al auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro del expediente 1037/2014 de su índice. Así, una vez efectuada la separación de juicios, este Juzgado procede a acordar lo correspondiente sobre la demanda por lo que respecta al acto reclamado descrito en el inciso a) consistente en la integración de la carpeta de investigación número ***** contra el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido, es pertinente precisar que de una lectura integra al escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado en esta instancia se hacen consistir en:  La integración de la carpeta de investigación número ***** contra el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres. Hecha tal precisión, el suscrito estima que respecto del citado acto controvertido se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual se encuentra previsto en el artículo 6º y la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en el artículo 21 de la Constitución Federal, como se expondrá de forma siguiente: En efecto, los artículos 6° y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Asimismo el artículo 21 Constitucional, dispone: Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. El precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al imputado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado. Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Al caso es de aplicación la jurisprudencia visible en la página 2592, del libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función investigadora, de manera casuística, en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa estima le causa el hecho de que las responsables realicen las diligencias de preparación e integración de la carpeta de investigación, es susceptible de ser contrarrestado mediante la determinación del juez de librar o no la orden de captura que eventualmente le fuere solicitada. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Es aplicable, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), visible en el Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, que expone: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Al efecto conviene citar el referido artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, en el caso el acto reclamado consistente en integración de una carpeta de investigación contra el peticionario de amparo realizada por la responsable, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece los actos que son procedentes reclamar en amparo indirecto y que sean atribuidos al Ministerio Público. Por consecuencia, es improcedente la demanda de amparo, en relación con tales actuaciones atribuidas al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, al actualizarse, la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en el artículo 21 de la Constitución Federal. Por tanto, con apoyo en los citados preceptos legales y el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Francisco Javier Santin López, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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