SANTIAGO NIEBLA CUESTA y Otros.

Expediente 91/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
91/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • SANTIAGO NIEBLA CUESTA y Otros.
  • RODOLFO RAMÍREZ FLORES y Otros.
  • Cefereso 9 Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua
  • Santiago Niebla Cuesta
  • Custodio Hernández Mendoza
  • Comisionado de Prevención Y Readaptación Social, Cdmx

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con vista a las partes agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, que rinden una de las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como a sus defensores.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con vista a las partes agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, que rinden una de las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como a sus defensores.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obran los informes relativos a la suspensión de plano de las autoridades responsables Secretaría de Gobernación del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Centro Federal de Reinserción Social 2 Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco, Centro Federal de Reinserción Social 3 Noroeste, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Centro Federal de Reinserción Social 7 Sureste, con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco, Centro Federal de Reinserción Social 10, con sede en Monclova, Coahuila, Centro Federal de Reinserción Social CPS 13 Oaxaca, con sede en Miautitlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, Centro Federal de Reinserción Social 15 CPS Chiapas, con sede en Villa Comaltitlan, Chiapas y CPF Islas Marías, con sede en Puerto Balleto, Nayarit, ni los acuses de recibo de los oficios 2838, 2846, 2847, 2850, 2852, 2855, 2857 y 2861 mediante los cuales se les solicitaron dichos informes. Asimismo, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables Secretaría de Gobernación del Estado de Baja California, Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, ambos con sede en Mexicali, Centro Federal de Reinserción Social 3 Noroeste, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Centro Federal de Reinserción Social 7 Sureste, con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco, Centro Federal de Reinserción Social 10, con sede en Monclova, Coahuila, Centro Federal de Reinserción Social, con sede en Ensenada, Baja California, CPF Islas Marías, con sede en Puerto Balleto, Nayarit, ni los acuses de recibo de los oficios 3003, 3005, 3012, 3015, 3017, 3025 y 3026 mediante los cuales se les solicitaron dichos informes. Por tanto, requiérase vía ordinaria y vía mensajería acelerada Estafeta a las autoridades de mérito, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen si recibieron los oficios antes señalados, mismos que se adjuntan al oficio mediante el cual se notifica el presente proveído; y, en caso afirmativo indiquen la fecha en que así fue, lo que podrán realizar vía correo electrónico 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx, solicitándoles que hagan referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número del oficio que se remite para su mejor identificación; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en lo particular una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTISEIS DE ENERO Y DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que los quejosos Santiago Niebla Cuesta, Rodolfo Ramírez Flores y Custodio Hernández Mendoza, ratificaron su demanda de amparo en los términos señalados mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso; asimismo, el quejoso Custodio Hernández Mendoza precisó que su nombre completo y correcto es como quedó asentado y no como fue precisado en el escrito inicial de demanda -Custodio Ramírez Mendoza-. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" asignada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que realice las anotaciones necesarias. Ahora, del análisis integral de la demanda, en relación con el acto reclamado consistente en el traslado de los quejosos en mención, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue omisa en cumplir con el principio de definitividad, como a continuación se verá. El precepto legal dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recursoel precepto transcrito se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; ello, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha señalado que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, ha sostenido que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nuli esas premisas, es dable destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las quejas 36/2020 y 46/2020, sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, toda vez que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, dicho numeral establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender loectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. En ese tenor, la Primera Sala concluyó que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto y, ante tales circunstancias, si el inconforme decide acudir a la instancia de amparo, previo a ello, tendrá que agotar los referidos medios de defensa. Las anteriores consideraciones fueron plasmadas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), con registroCon lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que, cuando se pretende impugnar son las ordenes de traslado de traslado de un centro penitenciario, previo a instar en la vía constitucional, la parte quejosa está obligada a cumplir con el principio de definitividad. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que los quejosos Santiago Niebla Cuesta, Rodolfo Ramírez Flores y Custodio Ramírez Mendoza, entro otros actos reclaman la orden de traslado del Centro Penitenciario Tijuana, donde actualmente se encuentran internos. Por tanto, conforme a lo antes explicado, es evidente que, previo a instar en esta vía constitucional, el quejoso debe agotar la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión que hasta este momento procesal, del contenido del escrito de demanda, no pueda advertirse, en forma fehaciente, si -en su caso- las ordenes de traslado reclamados constan -o no- en una resolución emitida por escrito, pues tal circunstancia en modo alguno desvirtúa la naturaleza de las actuaciones reclamadas, esto es, al margen de la forma en que se hayan emitido, lo cierto es que dichas instrucciones puede ser modificadas o revocadas a través de la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.27/2021 acto reclamado consistente en el traslado de los quejosos; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Por otra parte, en cuanto hace a los diversos actos reclamados malos tratos, azotes, palos, incomunicación y golpes en contra de los quejosos Santiago Niebla Cuesta, Rodolfo Ramírez Flores y Custodio Ramírez Mendoza, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Se señalan las once horas con diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Sin que resulte necesario pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada, toda vez que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en los malos tratos, azotes, palos, incomunicación y golpes en contra de los directamente agraviados Santiago Niebla Cuesta, Rodolfo Ramírez Flores y Custodio Ramírez Mendoza. Pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban los oficios en el que se les solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estimen pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho díanteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. En atención al esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, derivado del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remitan a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrán hacerse acreedoras a una multa establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado indiquen cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que las autoridades a quienes se encuentran dirigidas las comunicaciones es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a la autoridad responsable; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de icio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que de las constancias actuariales que anteceden, se advierte que los quejosos solicitan defensor de oficio; en consecuencia, se requiere al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente a los quejosos, en virtud de que - como se indicó- éstos se encuentran privados de su libertad, y por ende, en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, máxime que son dichos profesionales quienes cuentan con los conocimientos y capacidades técnicas para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para sus patrocinados, para otorgar una efectiva y real asistencia legal, pues conocen a razón de sus funciones, la legislación estatal. Apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, cción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy ijuana, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a lo solicitado en autos, y al efecto, informa que nombró a ********************, para que funjan como asesores jurídicas de los quejosos ********************y********************, en el presente juicio de amparo; por tanto, se les tiene como autorizadas de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en el oficio que se atiende por así haberlo solicitado expresamente; asimismo, se le tiene señalando domicilio para tal efecto. En ese sentido, se instruye al Actuario de este Juzgado para que notifique a las asesores jurídicas en cita el presente proveído, así como el de veintiséis de enero del año en curso, por el cual se admitió a trámite el presente juicio de amparo y los demás acuerdos dictados en el presente acuerdo; además, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, infórmesele que las subsecuentes notificaciones que le sean practicadas al quejoso, deberán llevarse a cabo en forma personal en el centro de reclusión en el que se encuentra interno, así como a los referidos profesionistas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión y a los asesores jurídicas ********************.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que a

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