Santiago Narváez Herrasti

Expediente 765/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
765/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Santiago Narváez Herrasti

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia emitida por este Juzgado Federal. Archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 765/2022, promovido por ***************, por propio derecho, contra actos del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y, R E S U L T A N D O ... Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho, en contra del acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expresadas en el considerando sexto de este fallo. Lo resolvió Celina Angélica Quintero Rico, Jueza de Distrito del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Marco Antonio Ávila Rivera, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el acta de comparecencia signada por *******************, perito oficial en materia de valuación, mediante la cual ratifica el dictamen técnico que rindió en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el dictamen de dicho especialista, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga y hágase relación de tal evaluación como en derecho corresponda en la audiencia constitucional Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Director de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, mediante el cual informa que el dictamen de devolución número 06/IP/0231/22 a nombre del quejoso ******************, fue capturado con la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) ********, y enviada a la Dirección de Operación e Inversión de Fondos Adscrita a la Dirección General de Administración Financiera mediante oficio SAF/TCDMX/SAT/DAPRST/03572/2022, área encargada de efectuar el pago requerido por éste órgano jurisdiccional. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que respecto de las cuentas prediales *********************por circunscripción territorial le compete a la Subdirección Territorial en San Jerónimo; y, los inmuebles con cuenta ********************** por tales motivos, le corresponde a la Subdirección Divisional de Administración Tributaria en San Antonio; las cuales han omisas en dar cumplimiento a lo ordenado en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, no obstante encontrarse debidamente notificadas Ahora bien, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público, en el que existe un interés general en el sentido de lograr su eficaz cumplimiento, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo en favor de la parte quejosa, restituyéndola en el goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado, en resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno; y que en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo, requiérase en el término de diez días a: 1) La Dirección de Operación e Inversión de Fondos Adscrita a la Dirección General de Administración Financiera, en su carácter de autoridad vinculada, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, para que con base en sus atribuciones autorice el pago de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) ********, con número de dictamen 06/IP/0231/22 a nombre del quejoso *********************, es decir, se devuelva la cantidad correspondiente a la parte quejosa. 2) A la Subdireccción Divisional de Administración Tributaria en San Jerónimo y San Antonio para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, remitan las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de tres de febrero del año en curso, dictada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 163/2021, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos *********************, ****************** ambos de apellidos ******************, para los efectos siguientes: "En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, el efecto de una sentencia que concede la protección constitucional en contra de una norma fiscal, se traduce en que no se aplique al quejoso hasta en tanto no sea reformada o derogada y, en su caso, devolverle las cantidades que en cumplimiento a la misma haya enterado. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 112/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee bajo el rubro: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. En ese sentido, al quedar demostrado que los beneficios contenidos en los incisos a) y b) del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, son violatorios de la garantía de igualdad en su proyección de equidad en la contribución al gasto público, al excluir del sistema de aminoración del impuesto predial a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional que se ubican en los rangos H al P de la tarifa del artículo 130, fracción I, del código tributario de aquella entidad federativa, y toda vez que de las pruebas ofrecidas en el juicio quedó demostrado que los inmuebles de los quejosos son de uso habitacional y con excepción de dos, a saber, los departamentos 202 y 302, del inmueble ubicado en Patricio Sanz 453, colonia Del Valle Norte Benito Juárez, en la Ciudad de México (rango G), se ubican, al menos, en un rango superior al del inciso G, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los inmuebles que se ubican en los rangos H al P, para el efecto de que, para el cálculo y entero del impuesto predial en dos mil veintiuno y hasta en tanto no sea reformado el precepto declarado inconstitucional, la parte quejosa aplique el veinticinco por ciento -25%- de descuento sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo, por ser éste el último porcentaje de descuento previsto en el acuerdo administrativo reclamado. Lo anterior, porque los efectos del amparo fijados por el Juez, tuvieron como base la aplicación por analogía de la resolución de contradicción que dio origen a la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. Así, dado el estudio realizado en el considerando anterior se expresaron las razones de por qué dicho criterio no es aplicable; por tanto, lo que se impone es conceder el amparo para los efectos antes precisados, es decir, para que el cálculo y entero del impuesto predial en dos mil veinte y hasta en tanto no sea reformado el precepto declarado inconstitucional, la parte quejosa aplique respecto de los inmuebles que se ubican en los rangos H al P, el veinticinco por ciento -25%- de descuento sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo, por ser éste el último porcentaje de descuento previsto en el acuerdo administrativo reclamado. Dichos inmuebles son los siguientes: . En razón de que como quedo expuesto en este ejecutoria, en el precepto que se estimó inconstitucional, se establece un esquema de subsidios en apoyo para el pago del impuesto predial a los contribuyentes que sean propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se ubique en los rangos A a G de la tabla descrita en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, a saber, los de valor catastral que se ubiquen en los rangos A a D, se aplicará una cuota fija inferior, A $52.00, B$61.00, C $73.00 y D $88.00 y los rangos E a G, les será aplicable una reducción que va del 50% al 25% en el pago del tributo; al ubicarse en el rango G, esto es, dentro de los inmuebles a los cuales se les debe aplicar una reducción del 25%, los efectos del amparo deben ser, para que, en su caso, s eles aplique el subsidio establecido en el rango al que pertenecen, es decir el rango G, por ser éste el último porcentaje de descuento que se aplica de esa manera. Además, por virtud de la concesión de amparo, la autoridad administrativa está obligada a devolverle las diferencias que resulten a su favor al aplicarse el descuento respectivo a la contribución pagada. Los efectos de la concesión se orientan en los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos que dieron origen a la jurisprudencia que sirvió de base para el análisis de la constitucionalidad en este asunto, los cuales quedaron reflejados, a su vez, en la diversa jurisprudencia 2ª/J. 226/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 283, de contenido: "PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓNII, PUNTO 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008) (.)". Una vez que la parte quejosa manifieste su conformidad con la cantidad a devolver, éstas notifiquen a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios y a la Dirección General de Administración Financiera, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el término de diez días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos dicha notificación, den cumplimiento al fallo protector en el ámbito de su competencia. Es importante destacar que al tratarse de autoridades obligadas al cumplimiento, deben agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de mérito, se requiere también al Tesorero y Secretaría de Administración y Finanzas, ambos de la Ciudad de México en su carácter de superiores jerárquicos, respectivamente, de las autoridades Dirección de Operación e Inversión de Fondos Adscrita a la Dirección General de Administración Financiera, Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios y a la Dirección General de Administración Financiera, todas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el plazo de diez días, acrediten que ordenaron a sus subalternos acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad responsable, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también, se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 tercer párrafo, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO."1 En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en autos de veintiocho de febrero y veintinueve de marzo del año en curso, consistentes en: " Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, esto es, se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y;  Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente." Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y superiores jerárquicos que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Lo anterior con independencia de que al acreditarse la omisión de cumplir con la ejecutoria de amparo, se actualizaría el delito de violación a la ley de amparo, en su modalidad de incumplir con la sentencia de amparo o no hacerla cumplir, tipificada en la fracción I, del precepto 267 de la Ley de Amparo, que se sanciona con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos; y, para tales efectos, se daría vista al Fiscal Federal adscrito. Finalmente, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, por el cual Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remite el diverso signado por el Tesorero de la Ciudad de México, a fin de informar las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; situación que acredita adjuntando el oficio SAF/PF/SC/SJAIL/4092/2022, en el que instruyó a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, para que acredite ante este órgano jurisdiccional haber cumplido con el fallo protector en los términos ordenados por este juzgado; lo anterior, dado lo proveído en párrafos precedentes. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

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