Santiago Morales García

Expediente 452/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
452/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Santiago Morales García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Notifíquese Personalmente al Promovente.

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de quince de octubre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Agréguese a los autos la comparecencia que antecede signada por el quejoso *** mediante la cual ratifica el escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en 1.- DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, El Anticonstitucional Convenio De fecha 16 de enero del año 2017, dentro expediente número 666/2016, mismo que es anticonstitucional el convenio realizado con esta fecha, toda vez que la pena convencional estipulada en la misma es de " 214.28 (Dos Cientos Catorce Pesos con Veintiocho Centavos Moneda Nacional) por cada día ya que es excesivo para su pago, es por tanto que como acto reclamado solicito, la realización y actualización de nuevo convenio, toda vez que si he cumplido parcialmente con el convenio ya antes mencionado, el cual queda estipulado en 3 pagos, realizando los pagos el primero de ellos el día 16 de Enero del año 2017, y siento el segundo de ellos el día 1ero de Marzo del 2017 y por último de ellos el día 30 de agosto del 2018; es por tanto que ya se cumplió con lo estipulado como pago principal del convenio realizado el día 16 de enero del año 2017." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; arábigo que en lo conducente dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley de la materia, sin promover dentro del mismo el juicio de amparo respectivo. En efecto, pues los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El numeral transcrito en primer término, en su parte inicial establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el segundo de los citados dispositivos prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a) Dicho plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b) El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquel en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos invocados hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora bien, como se mencionó en precedentes, la parte promovente reclama en forma destacada el convenio de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dentro del expediente 666/2016, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mismo que manifiesta haber comparecido ante la Junta responsable el dieciséis de enero de dos mil diecisiete a ratificar, realizando el mismo día el primer pago convenido; traducido lo anterior como el primer acto de aplicación del acto reclamado. Circunstancia que, manifestó bajo protesta de decir verdad el propio impetrante en el escrito inicial de demanda, por ello, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de que se queja, esto es, del convenio de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dentro del expediente 666/2016, del índice de la Junta responsable, desde el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, fecha en que compareció ante la responsable a la audiencia de conciliación, donde con juntamente con el trabajador Juan Carlos Fernández Cruz, realizó el convenio reclamado, ratificándolo en la misma fecha. Deposición la anterior que adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no sea ofertada expresamente como prueba, pues son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, a través de un escrito por el cual comparecen ante este juzgado de Distrito*** Así, de lo narrado con antelación, se pone de manifiesto que la parte promovente tuvo conocimiento del convenio de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, desde el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, día en que compareció ante la responsable a la audiencia de conciliación, donde con juntamente con el trabajador *** ratificó el convenio reclamado dentro del expediente 66/2016. Por su parte, la demanda de amparo que ahora nos ocupa fue presentada hasta el trece de septiembre de dos mil dieciocho, según se corrobora con la boleta respectiva y el sello de recepción estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Bajo esa óptica jurídica, es válido concluir que el plazo de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. Cierto, pues el plazo de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciocho de enero al siete de febrero, ambos de dos mil diecisiete, descontándose los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil diecisiete, al haber sido inhábiles según el contenido del numeral 19 de la Ley de Amparo*** En ese orden de ideas, es innegable que en el caso se actualiza de modo fehaciente la causa de improcedencia invocada*** En efecto, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (Énfasis es propio). De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, se advierte de los párrafos segundo y tercero, de la fracción IV, del referido numeral, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates (cual no es el caso, por no haberse llegado a dicha etapa en el trámite de ejecución), sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo*** Luego, si en el presente asunto los actos reclamados se hacen consistir, en los autos de once de junio y once de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, dictados (acorde a lo que informa en el capítulo de antecedentes de su demanda) en el expediente laboral 666/2016, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por medio de los cuales se actualizó el convenio de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, con motivo de la pena convencional por incumplimiento de pago y la Junta responsable acordó la petición del quejoso y determinó se estuviera a lo acordado en el convenio multicitado; por tanto, deviene inconcuso que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal examinada. Lo anterior porque como se anticipó, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario del convenio elevado a sentencia ejecutoriada, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución, pues no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que con esa decisión se está reactivando un auto que está procurando el cumplimiento de la determinación firme (el convenio elevado a esa categoría), concediendo un plazo para que voluntariamente lo acate la aquí parte quejosa, que por ende, mientras no transcurra y no se establezca por parte de la responsable la consecuencia que tendrá la eventual conducta de abstención que asuma dicha quejosa; no se está entonces ante uno de los supuestos que las normas de la materia prevén para estimarse procedente la instancia constitucional*** Sin que constituya obstáculo para la aplicabilidad de este criterio jurisprudencial en el caso que nos ocupa, el que se haya instituido bajo la vigencia de la ley de amparo anterior, puesto que la interpretación la formula esa Sala de la Suprema Corte con respecto a la procedencia del juicio de amparo tratándose de acto dictados después de concluido el juicio --en la fase de cumplimiento voluntario del fallo de que se trate, como en la especie, de ahí que sigue partiendo de los mismos principios rectores de procedencia ante ese tipo de actos--, que en la actualidad están plasmados en la fracción IV, del artículo 107, de la vigente Ley de Amparo, de ahí que es un criterio de observancia obligatoria para esta Juzgadora, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de esta ley*** establece que la razón medular del legislador para determinar la regla de procedencia del juicio de amparo relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. De ahí que, conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto mediante el cual se requiere al demandado por el cumplimiento voluntario de la sentencia de primera instancia condenatoria dictada en un juicio de desahucio, a pesar de que se encuentre pendiente de resolver el recurso de apelación, en virtud de que el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone que la sentencia que lo decrete será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin fianza; lo cual implica que, aun cuando no se trate de una sentencia ejecutoriada, aquel proveído es emitido en la fase de ejecución; por tanto, debe estarse a la regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, citado. Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, en el caso de que se proceda al remate de bienes a la resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, para impugnar las violaciones cometidas en el procedimiento, incluida la del lanzamiento que se llegara a ejecutar*** En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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