Santiago Montero Pava
Expediente 2353/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2353/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/08/2022
Partes del expediente
- Santiago Montero Pava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión principal 243/2022, al resolver se determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Santiago Montero Pava, respectos de los actos y para los efectos precisados en la sentencia aquí recurrida (.)" Los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional solicitada, son los siguientes: "SEXTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Santiago Montero Pava, para los siguientes efectos, para que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: Emita de manera inmediata la resolución correspondiente a la solicitud de condición de refugiado ingresada por el referido quejoso el dieciséis de junio de dos mil veintiuno y le sea notificada por escrito en términos del artículo 25 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. (.)" Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por comunicado COMAR/JUR/5261/2022, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en acatamiento al fallo protector, remite copia certificada de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, correspondiente a la solicitud de condición de refugiado (quejoso). Con lo cual, en proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, se emitió la resolución correspondiente a la solicitud de condición de refugiado (quejoso). En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Encargada del Despacho por vacaciones del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio número CCJ/ST/2213/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por el Secretario Carlos Alberto Galván Gutiérrez, que autoriza y da fe. NCM/CAGG/hmre
- Principal
Autoridad informa respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado COMAR/JUR/5261/2022, signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual, en cumplimiento al fallo protector, remite copia certificada de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintidós, correspondiente a la solicitud de condición de refugiado (quejoso). Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, indicando dicha circunstancia en la razón actuarial respectiva, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a uno de agosto de dos mil veintidós. Resolución de tribunal Colegiado. Ténganse por recibido el oficio suscrito por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada de la resolución celebrada vía remota por medios electrónicos el diecinueve de julio de dos mil veintidós, relativa a la revisión principal 243/2022 de su índice. Hágase del conocimiento a las partes que el referido órgano colegiado resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Santiago Montero Pava, respectos de los actos y para los efectos precisados en la sentencia aquí recurrida (.)" Bajo dicho tenor, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector emitido en este asunto, se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "SEXTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Santiago Montero Pava, para los siguientes efectos, para que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados: ( Emita de manera inmediata la resolución correspondiente a la solicitud de condición de refugiado ingresada por el referido quejoso el dieciséis de junio de dos mil veintiuno y le sea notificada por escrito en términos del artículo 25 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. (.)" Ahora bien, dada la naturaleza de las gestiones que se deben realizar a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es otorgar el plazo de tres días hábiles previsto en el artículo 192 Ley de Amparo. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo referido, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tengan para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mfcs
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinte de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de este sumario de amparo, se pudo advertir que mediante actuación de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en términos de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 49/2020 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se puso a la vista de los peritos los documentos ordenados recabar en el diverso auto de once de marzo de esta anualidad, "a fin de que determinen si ahí se advierten las coordenadas con las cuales podrían ubicar los predios de la parte quejosa", esto dentro del plazo de diez días hábiles. No obstante, en proveído de veintiuno de octubre pasado, se tuvo a la parte quejosa evacuando un requerimiento efectuado en auto de nueve de septiembre de la anualidad en curso, y al respecto, informó y acredito que los planos del Censo y Mapa Línea 2H02, del Municipio de Tonalá, Jalisco, se encontraban incompletos atentos a la documentación que anexo en alcance, por lo que acto seguido se ordenó requerir al Director de Catastro del Estado de Jalisco, a fin de que exhibiera dicha documentación completa. Previos varios requerimientos, en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta a la autoridad Director de Catastro del Estado de Jalisco, para dentro del plazo de tres días, valide los datos del documento de fotorcartografía remitido a este órgano jurisdiccional a través del oficio PFE-DCHE-JA-948 de seis del mes y año en curso, del cual se advierte la clave catastral 44-228-01, con los datos del nombre de predio y propietario. Bajo dicho tenor, se informa de nueva cuenta a los peritos designados en esta instancia que el requerimiento efectuado en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, comenzará a computarse a partir de que se cuente con los nuevos elementos que fueron requeridos en proveído de diecinueve del mes y año en curso. En la inteligencia que al momento de contar con éstos, se les hará personalmente de su conocimiento. Aunado a lo anterior, se pude destacar que se encuentra transcurriendo el término de tres días hábiles previsto en el numeral 24 de la Ley de Amparo, a fin de que el funcionario judicial encomendado haga del conocimiento a la autoridad en comento, del contenido del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós. Fijación de la nueva audiencia constitucional. Atento a lo expuesto, queda evidenciado que no se puede llevar a cabo la celebración de este asunto para emitir su resolución; por tanto, para dar margen acontezca lo anterior, se determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Pronunciamiento de la prueba testimonial. Ahora, del estado de autos se pudo destacar que mediante proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de los atestes Daniel Navarro Contreras, Fernando Salazar Ramírez y Simeón Rafael Arana Domínguez, la cual se llevaría a cabo en la audiencia constitucional. Asimismo, que en la ya referida determinación de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Administrador Regional de Zapopan Jalisco, para el efecto de que manifieste dentro del plazo de tres días, si es factible que sea proporcionada un área especial a fin de llevar a cabo la prueba testimonial a cargo del ateste Daniel Navarro Contreras, virtud de ser considerada persona vulnerable. No obstante a lo anterior, a fin de preparar la audiencia en comento, se generan los siguientes códigos para su ingreso a las instalaciones de Ciudad Judicial: Así como los diversos para las partes quejosa y los terceros interesados por si es su deseo comparecer: Apercibimiento. Se hace del conocimiento al oferente de la prueba que subsiste el apercibimiento decretado en auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, es decir, que en caso de no presentar a los referidos testigos, se le tendrá por desinteresado en el desahogo de dicho medio de convicción. Requerimiento a los peritos designados. Aunado a lo anterior, se requiere a los diestros designados Eduardo Corona López (oficial); José Refugio Oliden Tornero (quejosa) y Fernando Valdez Sánchez (terceros interesados Álvaro Claudio Rivera González y Claudio Rivera Murguía) a efecto de que se presenten en el día y hora que se señalen para la audiencia constitucional, para que se les realice las repreguntas correspondientes por motivo de la rendición de sus dictámenes periciales en materia topográfica recibidos en autos. Por lo anterior, se general los siguientes códigos para su ingreso: Lineamientos de los códigos QR generados. Los códigos deberán de ser presentarlos con cinco minutos de anticipación a la citada hora en la entrada principal de Ciudad Judicial Federal, a fin de que los elementos de seguridad le permitan el acceso, de manera rápida. Además, en atención a las condiciones físicas o médicas, sean de las personas vulnerables frente al SARS CoV-2 o una persona con discapacidad, por lo que de ser así, deberá de manifestarlo bajo protesta de decir verdad, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha programada, lo anterior con la finalidad de que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio. De igual forma, a fin de salvaguardar la salud de las personas que asistan a la diligencia en comento, tómense todas la medidas sanitarias pertinentes cuando tenga verificativo; en el entendido de que en caso de que algún compareciente no acate dichas medidas, será desalojado de inmediato de este recinto judicial. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, terceros interesados y a los diestros designados. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mfcs
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