Santiago Mendoza Carreto
Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Santiago Mendoza Carreto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, en el que estampó sus huellas Santiago Mendoza Carreto, en su carácter de albacea a bienes de Enrique Mendoza Mendoza, personalidad que acredita indiciariamente con la copia simple de la diligencia de aceptación del cargo de albacea de dos de julio de dos mil ocho, ante el Juez y Secretaria, ambos del Juzgado Segundo de Primera de Instancia del Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimento al requerimiento que se le hiciera por auto de veinticinco de julio del año en curso; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo que presentó contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, en esta ciudad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 741/2022-I-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en: La resolución del recurso de revocación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se resolvió que debía quedar firme el auto de cuatro de mayo del año en curso, en el que se determinó que no ha lugar al cambio de perito Ricardo Antonio Hazz Ortega Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1625/2010/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" (Lo resaltado es propio). De la anterior transcripción, se desprende que el primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, únicamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que por actos de imposible reparación se entiende aquellos que afectan derechos sustantivos, que de acuerdo con la doctrina, son los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, por ejemplo los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil, la libertad personal, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. Mientras que los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. En ese orden de ideas, los actos de imposible reparación no incluyen violaciones formales, adjetivas o procesales, porque éstas inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable y, una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Así, para que un acto se considere de esa índole necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. De una interpretación de los artículos citados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen, actos emitidos en juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación. Aunado a lo anterior, es conveniente destacar lo previsto por los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." (.) (Lo resaltado es propio). De dichos preceptos legales, se aprecia que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; entonces, por excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, considerando que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la resolución del recurso de revocación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos juicio ordinario civil 1625/2010/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en la que se resolvió que debía quedar firme el auto de cuatro de mayo del año en curso, por el cual se determinó que no ha lugar al cambio de perito Ricardo Antonio Hazz Ortega Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, dentro del aludido juicio, es inconcuso que contra dicha determinación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, debido a que el acto reclamado únicamente viola derechos adjetivos dentro del procedimiento que conlleva a formalidades que no afectan de manera irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en este momento procesal se desconoce si las violaciones que refiere haber resentido, vayan o no a trascender en la sentencia que se dicte dentro del expediente precitado. En ese sentido, se insiste en que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que las violaciones alegadas en su escrito de demanda respecto a la resolución del recurso de revocación que deja firme el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se determinó que no ha lugar al cambio de perito dentro de los autos del juicio civil 1625/2010/I del índice de la autoridad responsable, resultan ser efectos meramente procesales, que pueden quedar subsanadas en el momento en el que se dicte sentencia en aludido juicio civil, si no resultara favorable a la parte quejosa el fallo que se emita. Apoya lo anterior por analogía la jurisprudencia 3a20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". Por lo tanto, la resolución del recurso de revocación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se resolvió que debía quedar firme el auto de cuatro de mayo del año en curso, en el que se determinó que no ha lugar al cambio de perito Ricardo Antonio Hazz Ortega Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1625/2010/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, constituye una circunstancia que puede ser combatida como violación procesal mediante amparo directo en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, si la parte quejosa estimara que afectó su defensa y trascendió en el sentido de la sentencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. No pasa desapercibo por el suscrito que el promovente Santiago Mendoza Carreto, en su ocurso de cuenta, únicamente colocó su huella dactilar, y si bien es cierto que la firma al calce de su escrito, es un requisito indispensable para la tramitación del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, en su fracción I y el diverso 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resultaría necesario que el promovente ratifique dicho ocurso; sin embargo, no menos cierto es, que a efecto de procurar la pronta y expedita administración de justicia, dicha actuación resultaría innecesaria, toda vez que en términos del artículo 113 de Ley de Amparo, el resultado del caso concreto sería el mismo, al ser notoria e indudable la causa de improcedencia planteada con anterioridad, por lo que no habría lugar a ratificar dicho escrito. Notifíquese personalmente al promovente de amparo.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
(.) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "(.) Téngase por recibido el escrito de cuenta, en el que estampó sus huellas Santiago Mendoza Carreto, en su carácter de albacea a bienes de Enrique Mendoza Mendoza, personalidad que acredita indiciariamente con la copia simple de la diligencia de aceptación del cargo de albacea de dos de julio de dos mil ocho, ante el Juez y Secretaria, ambos del Juzgado Segundo de Primera de Instancia del Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimento al requerimiento que se le hiciera por auto de veinticinco de julio del año en curso; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo que presentó contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, en esta ciudad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 741/2022-I-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en: La resolución del recurso de revocación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se resolvió que debía quedar firme el auto de cuatro de mayo del año en curso, en el que se determinó que no ha lugar al cambio de perito Ricardo Antonio Hazz Ortega Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1625/2010/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" (Lo resaltado es propio). De la anterior transcripción, se desprende que el primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, únicamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que por actos de imposible reparación se entiende aquellos que afectan derechos sustantivos, que de acuerdo con la doctrina, son los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, por ejemplo los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil, la libertad personal, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. Mientras que los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. En ese orden de ideas, los actos de imposible reparación no incluyen violaciones formales, adjetivas o procesales, porque éstas inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable y, una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Así, para que un acto se considere de esa índole necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. De una interpretación de los artículos citados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen, actos emitidos en juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación. Aunado a lo anterior, es conveniente destacar lo previsto por los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." (.) (Lo resaltado es propio). De dichos preceptos legales, se aprecia que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; entonces, por excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, considerando que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la resolución del recurso de revocación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos juicio ordinario civil 1625/2010/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en la que se resolvió que debía quedar firme el auto de cuatro de mayo del año en curso, por el cual se determinó que no ha lugar al cambio de perito Ricardo Antonio Hazz Ortega Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, dentro del aludido juicio, es inconcuso que contra dicha determinación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, debido a que el acto reclamado únicamente viola derechos adjetivos dentro del procedimiento que conlleva a formalidades que no afectan de manera irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en este momento procesal se desconoce si las violaciones que refiere haber resentido, vayan o no a trascender en la sentencia que se dicte dentro del expediente precitado. En ese sentido, se insiste en que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que las violaciones alegadas en su escrito de demanda respecto a la resolución del recurso de revocación que deja firme el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se determinó que no ha lugar al cambio de perito dentro de los autos del juicio civil 1625/2010/I del índice de la autoridad responsable, resultan ser efectos meramente procesales, que pueden quedar subsanadas en el momento en el que se dicte sentencia en aludido juicio civil, si no resultara favorable a la parte quejosa el fallo que se emita. Apoya lo anterior por analogía la jurisprudencia 3a20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". Por lo tanto, la resolución del recurso de revocación de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que se resolvió que debía quedar firme el auto de cuatro de mayo del año en curso, en el que se determinó que no ha lugar al cambio de perito Ricardo Antonio Hazz Ortega Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1625/2010/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, constituye una circunstancia que puede ser combatida como violación procesal mediante amparo directo en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, si la parte quejosa estimara que afectó su defensa y trascendió en el sentido de la sentencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. No pasa desapercibo por el suscrito que el promovente Santiago Mendoza Carreto, en su ocurso de cuenta, únicamente colocó su huella dactilar, y si bien es cierto que la firma al calce de su escrito, es un requisito indispensable para la tramitación del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, en su fracción I y el diverso 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resultaría necesario que el promovente ratifique dicho ocurso; sin embargo, no menos cierto es, que a efecto de procurar la pronta y expedita administración de justicia, dicha actuación resultaría innecesaria, toda vez que en términos del artículo 113 de Ley de Amparo, el resultado del caso concreto sería el mismo, al ser notoria e indudable la causa de improcedencia planteada con anterioridad, por lo que no habría lugar a ratificar dicho escrito..."
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda, la diligencia de ratificación de huellas de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Santiago Mendoza Carreto, ratificó como suyas las huellas estampadas a su escrito de demanda; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en auto de dieciocho de julio del año en curso. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el promovente Santiago Mendoza Carreto, a través del cual pretende desahogar el requerimiento que se le formulara mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso; sin embargo, el ocursante omite manifestar de manera expresa "bajo protesta de decir verdad", tal y como se le requirió en dicho auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual es un requisito formal en la demanda de amparo, y por ende en el escrito aclaratorio, que es un complemento de la misma, en consecuencia, no se tiene por cumplimentada la prevención formulada. Es aplicable al caso, por los datos que la informan, la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Por otra parte, dado que el ocurso de cuenta se presentó en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito el veintidós de julio del año en curso; es decir, antes de que comience a correr el término que para tal efecto se le concedió, toda vez que de autos, se advierte que fue notificado del auto de dieciocho de julio pasado, el veintidós de los cursantes; en consecuencia, dígasele que se le concede el plazo de cinco días contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, a fin de que de cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído antes señalado; de igual modo, indíquesele que subsiste el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de julio de la anualidad en curso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese personalmente al promovente de amparo.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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