Santiago Mazari Hernandez
Expediente 715/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Santiago Mazari Hernandez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual solicita que de no tener inconveniente alguno, se informe sobre la determinación tomada en relación a la competencia declinada por ese Juzgado. Atento a su contenido, comuníquese a la autoridad oficiante que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal tuvo por recibido los autos del diverso juicio de amparo 676/2021, de su índice, promovido por Santiago Mazarí Hernández, por conducto de quien se ostentó como su defensor particular Marco Antonio Pavón Martínez; sin embargo en la misma fecha este Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer de la citada demanda y se ordenó remitir al Juzgado de Distrito en turno de Oaxaca, la cual le correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito de dicho Estado, mismo que se avocó al conocimiento de la misma, lo anterior se le hace del conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito, a través del cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 715/2021, y se advierte se avoca al conocimiento del asunto pues admitió la demanda de amparo de que se trata; en consecuencia, en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se toma conocimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con los artículos 20, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el cual este Juzgado Federal se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remite los autos del juicio de amparo 676/2021, promovido por Santiago Mazarí Hernández, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular Marco Antonio Pavón Martínez, en razón de que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró incompetente del mismo, en virtud de que fue señalado como autoridad responsable. 1).- Registro de demanda. Regístrese la demanda en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal bajo el número que le corresponda. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación. 3).- Incompetencia. Ahora bien, cabe señalar, que si bien este juzgado respetuosamente, considera que en el presente caso no se actualiza la competencia a su favor, ello no impide tener por recibida la demanda que remitió el juzgado declinante, y que éste juzgado la remita a quien considera competente. Lo anterior, puesto que si bien se considera que en el presente caso no aplica la regla excepcional de competencia prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo invocada por el remitente, en tanto que prevalece sobre ella la diversa regla contenida en el diverso numeral 37 de la Ley de Amparo, lo cierto, es que en virtud de lo anterior, este juzgado considera que quien resulta competente es un juzgado distinto al declinante. De allí que, ningún fin práctico tendría el rechazar la incompetencia planteada, para regresarla al declinante, pues ello crearía un formalismo sin razón ni fundamento, lo cual incluso impactaría el derecho de acceso a la justicia del quejoso, al mantener una inseguridad jurídica respecto al órgano jurisdiccional que en todo caso podría resultar competente para conocer del presente asunto. Por ello, atendiendo al principio pro persona contenido en el artículo 1º constitucional, y en lo particular, en su vertiente del principio pro actione, contenido en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este juzgado procede a exponer su planteamiento. Es en ese sentido, que en virtud de que del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama sustancialmente las órdenes de aprehensión dictadas en su contra, así como su ejecución; y toda vez que señala bajo protesta de decir verdad que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Número 13 "CPS, Oaxaca", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, es que de conformidad con lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito considera que le corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto reclamado. Así, debe estimarse de la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del precepto Cuarto, fracción XIII, del "Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito", conforme a los cuales es competente para conocer de la presente demanda, el Juez de Distrito en Oaxaca, con residencia en San Bartolo de Coyotepec, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Se arriba a la anterior determinación atendiendo a que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita, se desprende la competencia territorial de los jueces de Distrito, en tres supuestos: a) Cuando el acto reclamado deba de ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el órgano jurisdiccional en la residencia donde tenga lugar dicha ejecución. b) Cuando se trate de actos reclamados que por su ejecución se inicie en la jurisdicción de algunos de ellos o se concluya en otro. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, toda vez que el acto reclamado consiste en las ordenes de aprehensión emitidas en contra del aquí quejoso, se tiene que la misma requiere ejecución material, por lo que, conforme a la primer regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, en este caso, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción -en lo que interesa-, se trata de ejecutar el acto reclamado. Y es bajo ese enfoque, que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad en sus antecedentes que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Número 13 "CPS, Oaxaca", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, donde las autoridades ejecutoras, tendrían que ejecutar dichas órdenes. Dato objetivo que se tiene hasta este momento, y que resulta suficiente para sostener que el acto reclamado se pretende ejecutar en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y que por tanto, es a un juzgado en dicha jurisdicción -con residencia en San Bartolo de Coyotepec, Oaxaca-, a quien en este momento procesal -de presentación de la demanda de amparo-, le corresponde conocer del escrito inicial de análisis, tal como apoya en sus consideraciones la tesis II.3o.P.82 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro digital: 2021781, de la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 902, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato objetivo con que se cuenta." Lo anterior sin pasar desapercibido que el quejoso señale como autoridades responsables a jueces de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, no obstante, esa sola circunstancia no produce que por ello deba aplicar la regla excepcional de competencia establecida en el artículo 38 de la Ley de amparo, pues la misma no prevalece sobre la diversa contenida en diverso ordinal 37 en cita, cuando no se señalan todos los jueces de un mismo Distrito, tal como lo expuso en la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 2006160, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Cabe señalar que dicho criterio interpretó los artículos 36 y 42 de la Ley de Amparo abrogada, los cuales en lo que interesa, son sustancialmente similares a los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo en vigor, de allí tal criterio se encuentre vigente, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, y resulte obligatorio en sus consideraciones, al haber sido aprobado de fondo por unanimidad de votos, tal como establece el artículo 223 de la Ley de Amparo, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. Cabe señalar que similar criterio sostuvo este juzgado en el juicio de amparo 176/2021, en el que declinó competencia en virtud de que el quejoso se encontraba interno en un centro penitenciario con ubicación en el Estado de Puebla, cuya competencia fue aceptada por el Juzgado Primero de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del expediente 553/2021, de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para conocer por razón de territorio de la demanda de amparo presentada, por lo que, sin proveer trámite alguno, remítase la misma al Juez de Distrito en Oaxaca, con residencia en San Bartolo de Coyotepec, en turno, por las razones expuestas con antelación. Asimismo, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente, e infórmese al juzgado declinante de la presente determinación para los efectos legales conducentes. 4).- Respecto de la suspensión. No se realiza pronunciamiento alguno, en razón de que el acto reclamado no se ubica en las hipótesis a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo. 5).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados en los términos que solicita a las personas que menciona. 6).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 7).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe. En esta fecha se generaron los oficios
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