Santiago Manrrique Real
Expediente 817/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santiago Manrrique Real
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Juicio de amparo 817/2022.. Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; se tiene por recibido el escrito signado por Adalberto Pérez Lira, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que se acompañaron al escrito inicial de demanda, así como copia digitalizada de todo lo actuado en el presente juicio, asimismo, se compromete a proporcionar dispositivo USB, para la transferencia del archivo. Acuerdo En atención a su contenido, dígase al promovente que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado a devolver la documentación que solicita, en virtud de que en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo recibida copia certificada del juicio de amparo 747/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por lo que no obra en autos los documentos que acompañó a su demanda. No obstante a lo anterior, en auto de siete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ofreciendo una prueba documental, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se pone a disposición de la misma, y se ordena su devolución previa copia y razón de recibido que quede agregada en autos. Por otra parte, con relación a la copia digitalizada de todo lo actuado en el juicio en que se actúa, dado que la parte promovente tiene autorizada la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario "RONYOZUNA", dígasele que a través de ese medio puede imprimir y obtener el número de copias que requiera por sus propios medios. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 817/2022, promovido por Santiago Manrrique Real, por propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, y otras autoridades. I. TRÁMITE DEL JUICIO 1 Santiago Manrique Real, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero,. 2.- Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero,. 3.- Dirección de la Policía Auxiliar, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero,. 4.- Séndica Procuradora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Gobierno del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero,. 5.- Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, Guerrero,. IV. ACTO RECLAMADO. De la primera a la cuarta autoridad responsable, le reclamo la emisión de la orden verbal o por escrito de aplicar descuento retención parcial de nuestras percepciones, como pensionados, actos que desconocemos materialmente, reservándonos el derecho de ampliar la demanda si son exhibidos por la responsable en el sumario al momento de rendir su informe justificado. De la cuarta autoridad responsable, también le reclamo la emisión, abstención o negativa de dar respuesta a nuestro escrito de 18 de julio de 2022. De la quinta autoridad responsable, le reclamo la ejecución de la orden verbal o por escrito realizada por las autoridades ordenadoras de aplicar los descuentos o retenciones parciales en nuestras percepciones como pensionados." 2. El dos de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional registró la demanda como expediente 817/2022; y la admitió a trámite. 3. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós se hizo del conocimiento a las partes que la designación de la actual titular de este juzgado, sin que alguna de las partes formulara manifestación al respecto. 4. La audiencia constitucional verificó con el resultado asentado en el acta de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que antecede a esta sentencia y forma parte de ella. II. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el similar 15/2022 que reformó aquél. Lo anterior, en virtud de que los actos que se combaten tienen ejecución material en el ámbito territorial en que este órgano judicial ejerce jurisdicción, de conformidad con el artículo 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo. III. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD., se precisa que el acto que el quejoso reclama es: De la Presidenta Municipal, Secretario de Seguridad Pública, Directora de la Policía Auxiliar Preventiva, Síndica de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, y Secretario de Administración y Finanzas, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez: *La orden de retención parcial de sus percepciones como pensionado, contenida en el SSP/DJ/2401/2022, de cuatro de julio del año en curso, emitido por el Secretario de Seguridad Pública. 2. De la Síndica de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez: *La omisión de dar respuesta al escrito de dieciocho de julio de dos mil veintidós. IV. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS A. Por lo que toca al acto 1 Las autoridades responsables Presidenta Municipal, Secretario de Administración y Finanzas, Directora de la Policía Auxiliar Preventiva, y Síndica de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto que se les reclama. Ante tal negativa, las autoridades responsables no tienen la obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, ni se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 123 de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde a la parte quejosa la carga de ofrecer pruebas para desvirtuar la negativa del acto atribuido a las autoridades responsables, debiendo acreditar la existencia de éste y su inconstitucionalidad. En ese contexto, es dable concluir que el motivo de la presente litis constitucional, respecto de las referidas autoridades, no existe, acorde con la jurisprudencia 284 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDO A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por tanto, queda acreditada la inexistencia del acto precisado con el número 1, atribuido a la Presidenta Municipal, Secretario de Administración y Finanzas, Directora de la Policía Auxiliar Preventiva, y Síndica de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez. En estas circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio constitucional, por cuanto a dichas autoridades concierne. B. Por lo que toca al acto 2 Por otra parte, la autoridad responsable Síndica de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no era cierto el acto que se le reclamó, ya que el escrito de dieciocho de julio de dos mil veintidós se tuvo por no presentado. Explicó que el veintiséis de julio de dos mil veintidós previno al ahora quejoso para que acreditara con los documentos idóneos su interés jurídico; acuerdo que le fue notificado por estrados el veintisiete de julio del año en curso. No obstante, ante la falta de desahogo, el tres de agosto de dos mil veintidós se tuvo por no presentada la petición; acuerdo publicado en estrados. Para acreditar su dicho, anexó a su informe los acuerdos respectivos (fojas 155 a 159 de autos), documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo del ordinal 2° de la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Documentos con los que se dio vista a la quejosa, sin que formulara manifestación al respecto ni ofreciera prueba en contra. En ese orden, en virtud de que la demanda de amparo se promovió el cinco de agosto del año en curso, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, era inexistente el acto recamado, como a continuación se explica. El artículo 63 de la Ley de Amparo, en la parte conducente, establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] De acuerdo al precepto transcrito, procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos, aparece demostrado que el acto reclamado no existe, o cuando no se prueba su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, del acuse del escrito de dieciocho de julio de dos mil veintidós, que la quejosa anexó a su demanda de amparo, se advierte que solicitó a la Síndica de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, el pago de la totalidad de las percepciones y beneficios que se le pagaban. Así, la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado copias certificadas con las que demostró la atención que brindó a la petición y el motivo por el que la tuvo por no interpuesta, previo a la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, cinco de agosto de dos mil veintidós, ya no existía en el mundo fáctico la abstención reclamada en esta sede constitucional; es decir, la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa, de fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós. Apoya a lo argumentado en párrafos que anteceden, la tesis número 2a. /J. 3/94, sostenida por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado identificado como número 2, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad señalada. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por lo que toca al acto 1, la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado, ya que giró el oficio SSP/DJ/2401/2022, de cuatro de julio del año en curso, en el que solicitó al Director de Recursos Humanos, que al personal operativo le fueran retirados los rubros denominados prima de riesgo, apoyos sociales y apoyos derivados del FORTASEG, y que únicamente se les cubriera el salario neto. Por tanto, ante el reconocimiento de la responsable, se tiene como cierto el acto reclamado. VII. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA Este juicio de amparo se promovió de forma oportuna, ya que la demanda se presentó dentro del plazo de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo . Lo anterior, en virtud de que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso se ostentó sabedor de los actos que reclama el quince de julio de dos mil veintidós. En esa medida, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para la promoción del amparo quedó comprendido del dieciocho de julio al cinco de agosto de dos mil veintidós, sin considerar los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio del año en curso, al ser inhábiles en términos del artículo 19, de dicho ordenamiento. En consecuencia, dado que la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Acapulco, el cinco de agosto de dos mil veintidós, es claro que se presentó dentro del plazo legal. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados a contrario sensu, respecto del acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, precisado como la orden de retención parcial de las percepciones del aquí quejoso como pensionado, contenida en el SSP/DJ/2401/2022, de cuatro de julio del año en curso. Lo que se afirma en virtud de que el acto reclamado deriva de una relación de coordinación entre las partes, con motivo de la relación laboral entre el promovente del amparo y la autoridad municipal llamada a juicio como responsable, por lo que no es susceptible de análisis a través del juicio constitucional, como se explica a continuación. Los preceptos de referencia establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo procede solamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, tiene la calidad de autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional que nos ocupa, aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, prevén la posibilidad de que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna disposición diversa al catálogo de supuestos previsto por el numeral 61. De manera que el análisis sistemático de ellos permite concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto que se reclame no provenga de una autoridad que, de manera unilateral y obligatoria, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas concretas sobre la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores notas ponen de manifiesto que, para considerar como autoridad responsable a una determinada persona, para efectos del amparo, sea física o jurídica, ésta debe vincularse con el gobernado en una relación de supra a subordinación. En ese aspecto, doctrinariamente se ha reconocido que entre el Estado y el gobernado, se desarrollan tres tipos de relaciones, a saber: 1. Las relaciones de coordinación, que se establecen entre particulares, en un plano de estricta igualdad; 2. Las relaciones de supra a subordinación, que determinan la actuación de los entes que actúan a nombre y para el Estado, en las cuales no se actualiza un plano de igualdad, sino que la autoridad se encuentra por encima de los particulares en atención a que desarrolla una función pública que resulta de mayor importancia para la supervivencia del Estado mismo; y, 3. Las relaciones de supraordenación, que nacen entre autoridades, esto es, entre entes públicos que actúan en beneficio del Estado. Derivado de lo anterior, se colige que para que se trate de un acto de autoridad susceptible de análisis a través del juicio de amparo, se debe tratar de una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad, que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo, a través del cual, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten a un particular, por virtud de una relación de supra a subordinación. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso compareció a juicio para reclamar de la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, la orden de retención parcial de sus percepciones como pensionado, contenida en el SSP/DJ/2401/2022, de cuatro de julio del año en curso. Así, del informe justificado y de las constancias que obran en el presente sumario, se advierte que el hoy quejoso fue Policía, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Urbana, de la Secretaria de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, y se encuentra de incapacidad permanente por cuestiones de salud. Así, queda demostrado que el reclamo en el juicio deriva de la relación jurídica surgida entre el quejoso y la señalada como responsable, en un ámbito de coordinación motivo de la relación laboral que los une. Lo que se afirma toda vez que, en este tipo de vínculos, quienes intervienen, actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad de condiciones, por lo que para dirimir sus diferencias tienen a su alcance los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; regulados por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral y en algunos casos, el administrativo. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en las relaciones de coordinación. Cabe recalcar que, tratándose de las relaciones de coordinación, es común que se pacten mediante un acuerdo de voluntades, con la intención de que una de las partes preste a la otra ciertos servicios para el cumplimiento de las obligaciones asumidas, lo que obliga acudir ante una autoridad determinada a fin de dirimir cualquier controversia suscitada en esa relación. Esto se debe a que todos los contratos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En cambio, en las relaciones de supra a subordinación los gobernantes actúan en un plano superior a los gobernados, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo expuesto se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos estatales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Luego, para definir el carácter de autoridad, debe analizarse si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, un juicio civil, mercantil o laboral e incluso, cuando se realizan actividades que originariamente competen al Estado, acudir ante la autoridad administrativa encargada de supervisar dicha función. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. En tal circunstancia, el acto aquí reclamado, no incide sobre derechos de la parte quejosa, en su calidad de gobernado frente a la autoridad señalada como responsable, en principio, porque la relación entre las partes nace en un plano de coordinación, dado que deriva de una relación laboral entre la promovente y la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez. Por tanto, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el ayuntamiento y el particular que presta sus servicios, y siendo así, primeramente debe acudirse ante las autoridades correspondientes, ya del orden civil, administrativo o laboral, a fin de dilucidar qué situación es la que debe prevalecer. Por lo que, si en el caso específico se reclama en esta vía constitucional la orden de retención parcial de mis percepciones como pensionada, contenida en el SSP/DJ/2401/2022, de cuatro de julio del año en curso, emitido por el Secretario de Seguridad Pública, es inconcuso que tal conducta no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, pues deriva de una relación de coordinación obrero-patronal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.10/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De ahí que, el asunto en comento, tiene lugar con motivo de la relación entre la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, y el particular, en un plano de coordinación, por lo que no es susceptible de dirimirse a través del juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues deriva de una relación de coordinación entre el quejoso y la señalada como responsable, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, estos últimos interpretado a contrario sensu. Por lo tanto, procede decretar el sobreseimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción V, del diverso 63, del mismo ordenamiento. Finalmente, Incorpórese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de la presente sentencia, así como los datos de registro que se requieren para garantizar el derecho de acceso a la información. Por lo expuesto y fundo SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Santiago Manrique Real, contra los actos y autoridades que se señalaron en el apartado tercero de esta ejecutoria. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo sentenció y firma Norma Angélica Ávila Veyna, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy nueve de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional, asistida de Montserrat Flores Cruz, secretaria que da fe.
- Principal
AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, QUE ESTABLECE...SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Santiago Manrique Real, contra los actos y autoridades que se señalaron en el apartado tercero de esta ejecutoria. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo sentenció y firma Norma Angélica Ávila Veyna, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy nueve de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional, asistida de Montserrat Flores Cruz, secretaria que da fe.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 817/2022. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTOS; TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO REMITIDO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO FORMULADO EN AUTO DE DIEZ DE NOVIEMBRE ACTUAL, INFORMA QUE CONFORME EL OFICIO SSP/DJ/954/2022, DE OCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL QUE SOLICITÓ SE DEJARA SIN EFECTO EL DIVERSO SSP/DA/2401/2022, DE CUATRO DE JULIO PASADO, EN DONDE APARECEN LAS PRESTACIONES DENOMINADAS PRIMA DE RIESGO, APOYOS SOCIALES Y APOYOS DERIVADOS DEL FORTASEG, QUE LE FUERON RESTABLECIDAS A LA AQUÍ QUEJOSA, CONTENIDAS EN SU RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y QUE REFIERE QUE DICHAS PRESTACIONES FUERON RESTABLECIDAS DE MANERA DEFINITIVA. CIRCUNSTANCIA DE LA QUE QUEDA ENTERADO ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, DESE VISTA Y CÓRRASE TRASLADO A LA PARTE QUEJOSA CON EL OFICIO Y ANEXOS REMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR EL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE AUTO, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA. FINALMENTE, SE ADVIERTE QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/705/2022, DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA JUEZA NORMA ANGÉLICA ÁVILA VEYNA, A ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL, CON EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; EN ESE SENTIDO, CON APOYO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 126 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 26 Y 51, ESTOS ÚLTIMOS DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO EL 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, PARA QUE, EN CASO DE ESTIMARLO PERTINENTE, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA LEGAL NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS RESTANTES PARTES
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes
- Santiago Ibarra Ruiz466/2017
- Santiago Ibarra Ruiz658/2018
- Santiago Ibarra Ruiz376/2022
- Santiago Ibarra Ruiz1068/2021
- Santiago Iván Molina Martínez367/2019
- Santiago Ivan Molina Martínez1309/2014
- Santiago Martínez Molina490/2015
- Santiago Méndez Villegas84/2017
- Santiago Ruiz Resendiz949/2019
- Santiago Salazar Bautista422/2018
- Santiago Salazar Bautista1225/2019
- Santiago Salazar Bautista912/2017