Santiago Mancera García
Expediente 547/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Santiago Mancera García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede la Ley de Amparo en su artículo 98, para la interposición del recurso de queja sin que hasta estos momentos lo haya hecho valer el quejoso en contra del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Asimismo, visto el estado procesal de los autos archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el caso por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos, por tanto dicho proveído en términos del artículo Vigésimo Primero, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido y dichos asuntos encuadran en los supuestos de expedientes susceptibles de destrucción. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su destrucción. Hágase del conocimiento del quejoso, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, de conformidad con lo previsto por el artículo vigésimo primero, del acuerdo ya citado. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito signado por el quejoso, en atención al mismo, ténganse por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo, tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis. Finalmente, en cuanto a su manifestación de que exhibe dos copias de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto a efecto de que se le conceda la suspensión del acto reclamado y se le notifique la misma a la autoridad responsable, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, debiendo estarse a lo determinado en auto de quince de los actuales; en consecuencia, agréguese el escrito de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE QUINCE DE MAYO DE 2023:" Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Quinta Sala, juez y secretario de acuerdos adscritos al Juzgado Segundo, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 547/2023-III, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desapareceran; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, se señala como acto reclamado la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca********************, que modificó el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil ********************, seguido por ******************** contra ********************, y determinó la sala responsable que respecto de los calificativos expresados por el demandado hacia la mandataria judicial del actor, aunque se tratara de una apreciación meramente subjetiva, no llegaban a faltar al respeto a dicha mandataria, tampoco al actor y menos hacia el juez del conocimiento y personal integrante de dicho juzgado, por lo que consideró innecesario conminar al demandado para que guardará respeto al actor, sus abogados, mandatarios, personal del juzgado, a menos de que insistiera imputar al aquí quejoso, solo porque le han sido adversas las resoluciones dictadas con sus escritos que presenta, pues en ese caso, si sería motivo de sanción en un momento dado, por lo que suprimió el apercibimiento de la corrección disciplinaria consistente en una multa por $********************.) al demandado en el juicio de origen ********************. Ahora bien, de la lectura de la demanda puede advertirse que el procedimiento es un juicio ordinario civil ********************, seguido por ******************** contra ********************, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; que como lo manifiesta el impetrante de amparo, se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que el treinta de enero de dos mil doce, el juez responsable declaró fundado el incidente de liquidación que hizo valer, en donde se condenó a ********************, al pago de ********************que ante dicho requerimiento de pago, el demandado interpuso incidente de pago y compensación, así como sendos amparos a efecto de que no se pudiera recibir el pago de lo condenado; que el catorce de septiembre de dos mil veintidós, el demandado promovió en desahogo a una vista de la expedición de copias certificadas de las constancias solicitadas por el peticionario de amparo y pidió que no fueran expedidas, toda vez que la mandataria judicial del actor se conducía con premeditación, alevosía y ventaja y se aprovechaba del estado de salud mental del actor; que el diecinueve de septiembre del año próximo pasado, el juez de origen en esencia, conminó al demandado para que guardara respeto y consideración debida, tanto para su contraria como para el personal que integraba dicho juzgado, pues si continuaba con su falta de decoro se le impondría una corrección disciplinaria consistente en una multa por $********************.). Que inconformes tanto el peticionario de amparo como el demandado con dicha determinación, interpusieron recurso de apelación, la cual correspondió su conocimiento a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien la radicó con el toca******************** y mediante resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, modificó el auto apelado, y suprimió el apercibimiento de la corrección disciplinaria consistente en una multa por $********************.) a ********************, en razón de que se trataba de una apreciación meramente subjetiva y consideró innecesario conminar al demandado para que guardará respeto al actor, sus abogados, mandatarios, personal del juzgado, a menos de que insistiera imputar al aquí quejoso, solo porque le han sido adversas las resoluciones dictadas con sus escritos que presenta, pues en ese caso, si sería motivo de sanción en un momento dado, lo que constituye el acto reclamado. En tal virtud, esta juzgadora considera que la determinación reclamada no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos del peticionario de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, toda vez que el acto que reclama constituye un acto emitido dentro de juicio y la consecuencia del acto reclamado es que la ejecución de sentencia continúe, y como lo dijo la sala responsable, si se sigue insistiendo en imputar hechos al quejoso, sí sería motivo de sanción en un momento dado; con lo que quedarían reparadas las violaciones que por esta vía combate y si no lo es, su ataque deberán realizarlo a través del amparo que se promueva; en este sentido, como quedó evidenciado, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación ya que el juicio de origen culminó, y se encuentra en ejecución de sentencia, aunado a que el juez del conocimiento quedará obligado a dictar la resolución correspondiente para que ésta quede cumplida y se vigile, si en algún momento habría motivo de sanción, lo que hace innegable la posibilidad que en su momento el peticionario de garantías puedan obtener una determinación con efectos favorables a su causa; por tanto resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata, y en virtud de que dicho acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos, de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar; por tanto, se concluye que la demanda de garantías resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).- anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de arácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así como la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, materia común, página 1539, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así como la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 16, marzo de 2015, tomo III, materia común, página 2317, de contenido siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quien también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso."
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