Santiago López Pérez
Expediente 1032/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Santiago López Pérez
- S. L. P.
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1032/2022, promovido por Santiago López Pérez, por propio derecho y en representación de su hermana menor de iniciales S.L.P., por alegada violación de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman del: Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán: La orden de desocupación del inmueble ubicado en Plan de Guadalupe, número 11, de la población de Churintzio, Michoacán, emitida en ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 401/2020. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que el acto que se reclama deberá tener ejecución dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en los autos originales del juicio ordinario civil 401/2020, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, primera parte, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;..". De estos preceptos se desprende que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca ser titular de un derecho o contar con un interés legítimo individual o colectivo. Ciertamente, ya no es requisito único para promover el juicio de garantías conforme a la actual legislación de amparo, que el impetrante cuente con interés jurídico, toda vez que se amplió la procedencia de la acción constitucional para los gobernados que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo. Sin embargo, a esta previsión general, el numeral en comento establece una excepción en tratándose de actos derivados de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos el solicitante del amparo sólo podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que lleva a sostener que no habrá cabida al reclamo de un interés legítimo. En ese orden de ideas, es necesario señalar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Sirve de sustento la Jurisprudencia 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." Siguiendo esta premisa, cabe indicar que de acuerdo con lo previsto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico se traduce como la facultad de ejercer la acción constitucional reservada sólo a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por el actuar de una autoridad o por las disposiciones de una legislación al derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De modo que la noción de perjuicio presupone en primer lugar la existencia de un derecho a favor del gobernado o particular que promueve el juicio, y en segundo, la trasgresión a ese derecho por parte de una autoridad ya sea legislativa, judicial o administrativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." De igual manera, la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Luego, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, tercer párrafo, de la ley de la materia, para que sea procedente el juicio de garantías contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es menester que la parte agraviada acredite de manera fehaciente el interés jurídico que le asiste y que el acto de autoridad le cause un agravio actual, personal y directo. Sobre este punto, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. CORRESPONDE DEMOSTRARLO AL QUEJOSO. Del hecho de que el Juez de Distrito haya resuelto que los actos reclamados no han sido consentidos, no se infiere la demostración del interés jurídico por parte de los quejosos, puesto que en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es a los promoventes del juicio a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos, ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio de garantías que debe estar plenamente probado con medios de convicción idóneos, sin que, por tanto, pueda establecer de manera presuntiva." Los quejosos tildan de inconstitucional el referido acto reclamado, porque afirman que la orden de desocupación del inmueble ubicado en Plan de Guadalupe, número 11, de la población de Churintzio, Michoacán, emitida en ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 401/2020 -en el que, el actor Santiago López González es el padre y la demandada Silvia Pérez Madrigal es la madre- constituye la casa familiar que inicialmente sus progenitores establecieron como hogar conyugal y del que se les despojará, sin haber sido informados debidamente para defender su derecho real de posesión; que la situación legal entre sus progenitores los deja en estado de indefensión porque cuando inició eran menores de edad; y, que su padre dolosamente sólo demandó a su progenitora como única posesionaria, siendo que ellos actualmente también están en posesión del inmueble. Abundan en las circunstancias de que su padre no se hace cargo de ellos, pues siempre les ha generado problemas debido a su adicción a las drogas y al alcohol, que por ello su progenitora los cuidó desde hace algunos años cuando se separaron. Asimismo, que sus progenitores inobservaron el criterio de rubro: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO", del cual -a decir de los quejosos-, se obtiene que la acción ejercida en el juicio natural es improcedente. En ese contexto, para acreditar el derecho que dicen les asiste, ofrecieron como medios de prueba sus respectivas actas de nacimiento. No obstante, tales probanzas resultan ineficaces para justificar que tienen la posesión o propiedad legal del inmueble que defienden, ya que con las documentales descritas, únicamente se demuestra el vínculo que los une con los contendientes en el juicio de origen, pero de ningún modo justifican que los peticionarios del amparo tengan en posesión el inmueble que defienden, precisamente porque no se trata de las pruebas idóneas para ello. En todo caso, el derecho aducido se trata de un derecho personal existente entre los quejosos y sus padres que no se encuentra sustentado en ninguna figura jurídica, y por ende, tampoco constituye un verdadero título de posesión que pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo, en razón a que el nexo filial entre padres e hijos no llega al extremo de confundir esa unidad familiar con los derechos que corresponden a unos y otros; pues aun en el caso de que los quejosos habiten en el inmueble, al no ejercer sobre el bien la posesión jurídica o derivada, deben considerarse como simples ocupantes o detentadores, y como tal, ninguna legitimación tienen para emprender su defensa, en tanto que la posesión que puede ser objeto de protección mediante el juicio de garantías es aquella que se funda en la realización de algún acto jurídico regulado por el derecho común, que sea susceptible de transferir su uso, goce o disfrute, lo que se reitera, no les asiste a los citados quejosos hijos de los contendientes en el juicio de origen. Al respecto, resulta aplicable la tesis, del tenor siguiente: "POSESIÓN. LA QUE DEL INMUEBLE POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR LES DA EL CARÁCTER DE SIMPLES OCUPANTES, SIN DERECHO PARA DEFENDERLA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Es evidente que la esposa y los hijos del titular de un derecho de posesión, quiénes solamente están viviendo en el inmueble por su relación con éste, son simples ocupantes que no detentan ningún derecho propio sobre el bien, que pueda ser protegible por la justicia federal, por lo que si el titular del derecho fue demandado en el juicio de origen y con la ejecución de la sentencia se ordena la desocupación y entrega del inmueble a actor, tales actos no les deparan perjuicios que puedan reclamar mediante el juicio de garantías, el que debe sobreseerse, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la cónyuge y sus menores hijos carecen de interés jurídico." Asimismo, aplica la tesis, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, CARECEN DE, LOS OCUPANTES DE UN INMUEBLE, FAMILIARES DEL POSEEDOR TITULAR. No es de aceptarse que los familiares del titular de un derecho de posesión, que únicamente viven en el inmueble por ese parentesco, tengan también el carácter de poseedores, por lo que si en juicio se demanda a quien ostenta el derecho y con motivo de la ejecución de esa resolución se ordena que desocupe y entregue el inmueble al actor, es evidente que tales actos tienen que pararles perjuicios materiales a sus parientes, pero de ahí no se sigue la existencia de algún interés jurídico, para que puedan reclamarlo en la vía constitucional, debido a que son simples ocupantes, que no detentan sobre él ningún derecho propio." Luego, al omitir ofrecer pruebas de las que se desprenda que cuentan con un título suficiente que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pese a que tenían obligación de hacerlo al ostentarse como terceros extraños al procedimiento de origen, es incuestionable que los quejosos carecen de interés jurídico para reclamar la orden de desocupación. Tiene aplicación, la Jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En efecto, como el interés jurídico no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, sino acreditarse plenamente, lo cual no hicieron los impetrantes de garantías, según quedó visto, resulta incontrovertible que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Es ilustrativa en este punto, la Jurisprudencia 2a./J. 16/94, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Asimismo, conviene citar la Jurisprudencia 1a./J. 1/2002, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." No resta mencionar que la esencial invocación al interés superior de la menor de iniciales S.L.P., no es causa para desatender las reglas de procedencia del amparo, pues si bien el Poder Judicial de la Federación, en virtud del interés superior del menor de edad, ha sido investido de facultades amplísimas para intervenir oficiosamente en esta clase de problemas relacionados con las niñas, niños y adolescentes, al grado de que puede hacer valer los conceptos o razonamientos que en su opinión conduzcan a la verdad y a lograr el bienestar del menor de edad, lo cierto es que la adopción del interés superior del menor de edad no se actualiza por una simple conexidad o vinculación lejana entre el caso planteado y los derechos de la niñez -por ejemplo como en el caso, simplemente porque la menor habite en el inmueble materia de la contienda de origen-, sino que cobra aplicación cuando efectivamente se adviertan daños o riesgo de daño a los derechos de las niñas, niños y adolescentes -sean directos o indirectos- derivado de la decisión jurisdiccional respectiva. En ese sentido, la afectación que dice resentir la menor de edad, debe presuponer la existencia de un derecho propio sobre el inmueble, distinto al de su progenitora que fue oída y vencida en el juicio, pero si como en el caso, la razón de la posesión que aduce tener la menor no es idónea para constituir un derecho propio, en ese caso no hay razón para que al amparo del interés superior del menor se desatiendan las reglas de procedencia del amparo, sobre todo porque no se advierte daños o riesgo de daño a los derechos fundamentales de la menor quejosa. Se insiste, en la especie, la causa aducida por la menor quejosa para habitar o "poseer" el inmueble sobre el que versa el acto reclamado, no es idónea para considerar la existencia de un derecho que le dé el interés jurídico para acudir al amparo, por lo que no hay razón para desatender las reglas de procedencia de éste. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al haber operado el sobreseimiento en este juicio de amparo, ello impide analizar las cuestiones de fondo que alega la parte quejosa. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Al margen de lo anterior, resulta necesario mencionar que el tercero interesado Santiago López González, en audiencia constitucional ofreció prueba documental consistente en Acta Destacada Fuera de Protocolo, suscrita por el Notario Público 130, en ejercicio y con residencia en Penjamillo, Michoacán, Cabecera del Municipio del mismo nombre, perteneciente al Distrito Judicial de La Piedad de Cavadas, Michoacán, por medio de la cual pretende demostrar que la menor de iniciales S.L.P., no habita el domicilio del que reclama la orden de desocupación ubicado en Plan de Guadalupe, número 11, de la población de Churintzio, Michoacán, sino que vive en otro diverso, que lo es en la calle Rodríguez López, sin número, de la colonia El Progreso de Churintzio, Michoacán, en los términos asentados en dicha acta. En ese contexto, si bien la fé pública que tienen los notarios no sirve, evidentemente, para demostrar plenamente cualquier cosa que está fuera de sus funciones, y no puede considerarse que, el acta notarial tenga alcance probatorio pleno -por ejemplo- para acreditar una posesión, por contener testimonios recibidos sin las formalidades que la ley exige, y sin la oportunidad para la contraparte, de repreguntar a los testigos; también lo es que ello, apreciado en sentido contrario y únicamente para el caso concreto, resulta ser un indicio que evidencia que la orden de desocupación, en todo caso, tampoco pondría en riesgo su necesidad relativa a la habitación, pues de su lectura se aprecian datos que permiten vislumbrar la circunstancia expresada por el tercero interesado. Sin que lo anterior, constituya fundamento de la sentencia, pues ésta se basa en la actualización de la causal de improcedencia analizada. Finalmente, respecto al alegato formulado por la fiscal de la adscripción; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Santiago López Pérez, por propio derecho y en representación de su hermana menor de iniciales S.L.P., contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Se reciben alegatos. Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese, y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 653/2022, de su índice, en razón de que no obstante que los quejosos señalan como acto reclamado la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil 401/2020 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, así como la posible orden de desalojo emitida en ejecución de la misma, sin embargo, acuden con el carácter de terceros extraños al juicio natural, lo que genera que la competencia para conocer corresponda a un Juez de Distrito. Acúsese recibo. 2. Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que remitió el Tribunal Colegiado, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, consistentes en el juicio ordinario civil 401/2020, identificándose como Tomo I. 3. Avocamiento. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Santiago López Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales S.L.P. 4. Radicación. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1032/2022. 5. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Santiago López Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales S.L.P., -carácter que se le reconoce de conformidad al artículo 8 de la Ley de Amparo, al tenor de las actas de nacimiento que anexa, de las que se advierte el parentesco entre estos, y que la menor cuenta con la edad de catorce años y es su voluntad designarlo como su representante, para lo cual firma el escrito de demanda en señal de aceptación -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán. 6. Suspensión. Se posterga la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto el promovente exhiba una copia necesaria de la demanda para su formación, ello pues exhibió cinco copias, de las que fueron necesarias una para la autoridad responsable y dos para emplazar a los terceros interesados, por lo que en este órgano jurisdiccional se recibieron las dos copias restantes, siendo necesarias una para correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos para formar el cuaderno incidental, el cual se tramita por duplicado y cuerda separada, siendo necesaria una más. Máxime, en el presente caso no opera la excepción que establece el precepto 110 de la ley de la materia, en razón de que no se trata de una demanda presentada en forma electrónica, por comparecencia, telegráfica o medios electrónicos, o que sea un asunto del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, afectación a intereses de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o que se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a. /J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." 7. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 8. Se da vista con informe justificado. Toda vez que ya obra el informe justificado de la autoridad responsable se tiene por rendido, y se ordena dar vista a las partes, en término del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental el expediente relativo al juicio ordinario civil 401/2020, que anexó como complemento de su informe justificado, misma que por su propia naturaleza se tiene por rendida y desahogada, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y tenerla por recibida en ese acto. 9. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 10. Tercero interesado. Virtud a que en autos obra el emplazamiento de Santiago López González, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado y se le tiene por emplazado. Por tanto, se ordena que el presente proveído de avocamiento le sea notificado por medio de lista que se publique en el portal del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a que fue omiso en señalar domicilio para recibir notificaciones. 11. No se reconoce carácter de tercero interesada. En las constancias remitidas obra emplazamiento realizado por la autoridad responsable a Silvia Pérez Madrigal, en cuanto tercero interesada, sin embargo, no ha lugar a reconocerle tal carácter dentro del presente juicio de amparo, en razón de que no se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, atendiendo a que no tiene interés contrario al de los quejosos, pues como se advierte del escrito de demanda el promovente refiere bajo protesta que habita con ellos en el domicilio del que pretender ser desalojados. 12. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad en la calle Juan B. Ceballos número 45 cuarenta y cinco, colonia Nueva Chapultepec, de Morelia, Michoacán, y autorizando para tal efecto a la persona que nombra, en el entendido de que gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas. 13. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación con efectos de notificación personal para el tercero interesado.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SANTIAGO LOPEZ PERES POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE S.L.P. LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 653/2022, de su índice, en razón de que no obstante que los quejosos señalan como acto reclamado la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil 401/2020 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, así como la posible orden de desalojo emitida en ejecución de la misma, sin embargo, acuden con el carácter de terceros extraños al juicio natural, lo que genera que la competencia para conocer corresponda a un Juez de Distrito. Acúsese recibo. 2. Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que remitió el Tribunal Colegiado, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, consistentes en el juicio ordinario civil 401/2020, identificándose como Tomo I. 3. Avocamiento. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Santiago López Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales S.L.P. 4. Radicación. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1032/2022. 5. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Santiago López Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales S.L.P., -carácter que se le reconoce de conformidad al artículo 8 de la Ley de Amparo, al tenor de las actas de nacimiento que anexa, de las que se advierte el parentesco entre estos, y que la menor cuenta con la edad de catorce años y es su voluntad designarlo como su representante, para lo cual firma el escrito de demanda en señal de aceptación -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán. 6. Suspensión. Se posterga la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto el promovente exhiba una copia necesaria de la demanda para su formación, ello pues exhibió cinco copias, de las que fueron necesarias una para la autoridad responsable y dos para emplazar a los terceros interesados, por lo que en este órgano jurisdiccional se recibieron las dos copias restantes, siendo necesarias una para correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos para formar el cuaderno incidental, el cual se tramita por duplicado y cuerda separada, siendo necesaria una más. Máxime, en el presente caso no opera la excepción que establece el precepto 110 de la ley de la materia, en razón de que no se trata de una demanda presentada en forma electrónica, por comparecencia, telegráfica o medios electrónicos, o que sea un asunto del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, afectación a intereses de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o que se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a. /J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." 7. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 8. Se da vista con informe justificado. Toda vez que ya obra el informe justificado de la autoridad responsable se tiene por rendido, y se ordena dar vista a las partes, en término del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental el expediente relativo al juicio ordinario civil 401/2020, que anexó como complemento de su informe justificado, misma que por su propia naturaleza se tiene por rendida y desahogada, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y tenerla por recibida en ese acto. 9. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 10. Tercero interesado. Virtud a que en autos obra el emplazamiento de Santiago López González, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado y se le tiene por emplazado. Por tanto, se ordena que el presente proveído de avocamiento le sea notificado por medio de lista que se publique en el portal del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a que fue omiso en señalar domicilio para recibir notificaciones. 11. No se reconoce carácter de tercero interesada. En las constancias remitidas obra emplazamiento realizado por la autoridad responsable a Silvia Pérez Madrigal, en cuanto tercero interesada, sin embargo, no ha lugar a reconocerle tal carácter dentro del presente juicio de amparo, en razón de que no se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, atendiendo a que no tiene interés contrario al de los quejosos, pues como se advierte del escrito de demanda el promovente refiere bajo protesta que habita con ellos en el domicilio del que pretender ser desalojados. 12. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad en la calle Juan B. Ceballos número 45 cuarenta y cinco, colonia Nueva Chapultepec, de Morelia, Michoacán, y autorizando para tal efecto a la persona que nombra, en el entendido de que gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas. 13. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación con efectos de notificación personal para el tercero interesado.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Santiago Ceja Ramos194/2018
- Santiago Correa Paniagua413/2021
- Santiago Cortez Ortiz69/2020
- Santiago Escobedo Ortiz247/2006
- Santiago Hilario García Estrada549/2023
- Santiago Jacobo Figueroa García863/2019
- Santiago Olea Girón691/2023
- Santiago Rico Estrada760/2021
- Santiago Samuel Villa Paredes468/2023
- Santiago Serafín Mora Valencia1211/2021
- Sara Barrera Villaseñor76/2020
- Sara Concepción Pérez Dimas519/2022