Santiago López Hernández
Expediente 717/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 48 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Santiago López Hernández
- Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Tabasco
- Santiago López Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de nueve de mayo pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de uno de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Santiago López Hernández y Rosa Elena Gómez Acosta, contra el acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal Tabasco y otras autoridades. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a las responsables el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido el catorce de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el cumplimiento al fallo protector. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. Por oficio recibido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, la responsable realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada del formato de referencia-contrareferencia de uno del precitado mes, así como el oficio 282433200200/058/2021. En auto de seis de abril de dos mil veintiuno, se declaró no cumplido el fallo protector, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del mismo. Por oficio recibido el diez de mayo de dos mil veintiuno, el apoderado legal de las autoridades responsables, comunicó que el doce del precitado mes, el Encargado de la Subdirección Médica del Hospital General Zona 46, realizaría gestión con el Comité de Diálisis, para el surtimiento de las mismas a los aquí quejosos. Debido a la contumacia de las autoridades responsables, en resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia y se turnaron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, mismo que fue registrado con el número 3/2021. Por oficio recibido el quince de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al actuario judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo testimonio de la sentencia pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 3/2021 de su índice, de la que se obtiene que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento de ejecución de sentencia, para tal efecto devuélvanse los presentes autos al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, a fin de que se requiera al superior jerárquico, Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Oficinas Centrales del IMSS, en la Ciudad de México, conjuntamente con las responsables, el cumplimiento de la sentencia a los quejosos, derechohabientes del régimen, del disfrute de prestaciones médicas en el Hospital General Zona del IMSS -HGZ- Número 46 "Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce", así como en la Unidad Médica Familiar -UMF- Número 48 -Prestación de Servicios Médicos- del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos de la referida ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo 717/2020-3. Mediante oficios recibidos el dieciocho de junio, seis de julio, veintiuno de agosto, dieciocho de octubre, todos de dos mil veintiuno, veintiuno y treinta y uno de enero, uno de marzo, cinco y veintiocho de abril de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el cumplimiento al fallo protector e informó que el quejoso Santiago López Hernández, falleció el dos de noviembre de dos mil veintiuno, y que debido a que dicha defunción no ocurrió en ninguna de las unidades pertenecientes a ese instituto, no contaba con el certificado correspondiente. Asimismo, manifestó que, en relación a la quejosa Rosa Elena Gómez Acosta, no cuenta con enfermedad renal crónica, por lo que no tiene indicación de diálisis peritoneal, por tanto, no es necesario el suministro de bolsa de diálisis. Con motivo de lo anterior, en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se requirió a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco, copia certificada del acta de defunción de mérito. Por oficio recibido el cuatro de mayo de dos mil veintidós, la precitada autoridad remitió copia certificada del acta de defunción número 14, asentada en el libro 01, número de oficialía 02, del municipio de Nacajuca, Tabasco, con fecha de registro 03/noviembre/2021, a nombre del aquí quejoso Santiago López Hernández. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal a las quejosas para que las autoridades responsables: Proporcionaran a los quejosos Santiago López Hernández y Rosa Elena Gómez Acosta, atención médica y suministro de bolsa de diálisis, en su caso, la oportunidad de ser revisados por un especialista y les expidieran los medicamentos acordes a sus padecimientos, de manera oportuna, continua y suficiente, mientras dure la actual contingencia sanitaria, en tanto sean derechohabientes y subsista su condición de salud" Al respecto, de las constancias relacionadas anteriormente, se obtiene que, mediante oficio recibido el veintiocho de abril de dos mil veintidós, las autoridades responsables informaron que el quejoso Santiago López Hernández, falleció el dos de noviembre de dos mil veintiuno, y que debido a que dicha defunción no ocurrió en ninguna de las unidades pertenecientes a ese instituto, no contaba con el certificado correspondiente. Lo cual fue corroborado con la copia certificada del acta de defunción número 14, asentada en el libro 01, número de oficialía 02, del municipio de Nacajuca, Tabasco, con fecha de registro 03/noviembre/2021, a nombre del aquí quejoso Santiago López Hernández, remitida por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco. CONCLUSIÓN En ese tenor, es evidente que, respecto del referido impetrante ha desaparecido el objeto de la tutela constitucional derivada de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, respecto de Santiago López Hernández. Por otra parte, en relación a la quejosa Rosa Elena Gómez Acosta, las autoridades de mérito informaron que no cuenta con enfermedad renal crónica, por lo que no tiene indicación de diálisis peritoneal, por tanto, no es necesario el suministro de bolsa de diálisis. Al respecto, en el fallo protector se estableció que las autoridades en cuestión debían proporcionarle atención médica, la oportunidad de ser revisada por un especialista y le expidieran los medicamentos acordes a su padecimiento, de manera oportuna, continua y suficiente, mientras dure la actual contingencia sanitaria, en tanto sea derechohabiente y subsista su condición de salud. Sobre el particular, la aludida quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, en relación con los informes que rindieran las autoridades responsables sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a fin de verificar si continúa recibiendo la atención médica correspondiente. En ese tenor, en cuanto a la precitada impetrante, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. No obstante, se le hace saber a la quejosa Rosa Elena Gómez Acosta, que, en caso de que las autoridades responsables reincidan en la omisión de proporcionarle atención médica, la oportunidad de ser revisada por un especialista y de expedirle los medicamentos acordes a su padecimiento, de manera oportuna, continua y suficiente, mientras dure la actual contingencia sanitaria, en tanto sea derechohabiente y subsista su condición de salud, en el contexto establecido en el fallo protector. Tendrá expedito su derecho de promover, dentro del término de quince días siguientes a ello, ante este órgano jurisdiccional federal, la denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, que instituyen lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Artículo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado. En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda. Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió". Como se aprecia, la repetición del acto reclamado se da en aquellos casos en que, otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable, al momento de dar cumplimiento al fallo protector, emite uno nuevo, distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, insistiendo en su conducta lesiva, en los mismos términos que el primero, no obstante el otorgamiento de la protección constitucional. De modo que, la repetición de acto reclamado se actualizará en aquellos casos en que, el nuevo se basa en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la determinación que fue materia de la ejecutoria que se tuvo por cumplida. Por tanto, la parte quejosa, en caso de que la autoridad responsable insista en repetir la omisión reclamada en este juicio constitucional, tendrá expedito su derecho para promover, en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 25/94, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo." También es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 5/94, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales." Así como la Jurisprudencia, con registro 2016694, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Libro 53 de Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.- Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo". Similar criterio se sostuvo en la ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de denuncia de repetición de acto reclamado 1/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el que se declaró fundada la resolución de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, relativa al incidente de denuncia de repetición de acto reclamado, emitida en el juicio de amparo 559/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, promovida por la parte quejosa el once de diciembre de dos mil dieciocho, por la repetición del acto reclamado relacionado con la sentencia concesoria de amparo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, y que se tuvo por cumplida el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Así como, el criterio emitido en la ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en el cuaderno de inconformidad administrativa 1/2020, en el que declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado pronunciada en el juicio de amparo 1578/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Así, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte el motivo por el cual al fedatario de la adscripción no le fue posible notificar personalmente al autorizado de los quejosos, el proveído de nueve de los actuales. No obstante, de la demanda de amparo se desprende que señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en departamento 11, calle Valle Real, manzana 2, lote 3, nivel 3, Fraccionamiento Pomoca Coralillo 3A, Nacajuca, Tabasco; en ese tenor, se comisiona al actuario realice la notificación de mérito en el precitado inmueble. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General del Registro Civil del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del acta de defunción número 14, asentada en el libro 01, número de oficialía 02, del municipio de Nacajuca, Tabasco, con fecha de registro 03/noviembre/2021, a nombre de Santiago López Hernández. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el referido oficio, así como con el informe recibido en auto de veintinueve de abril pasado, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio remitido vía correo institucional por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Encargada de la Defensa Jurídica de los intereses de dicha institución, mediante el cual informa que el quejoso Santiago López Hernández, falleció el dos de noviembre de dos mil veintiuno, y derivado de que dicha defunción no ocurrió en ninguna de las unidades pertenecientes a dicho instituto, no se cuenta con el certificado de defunción; asimismo, por lo que hace a la quejosa Rosa Elena Gómez Acosta, no cuenta con enfermedad renal crónica, por lo que no tiene indicación de diálisis peritoneal, por tanto, no es necesario el suministro de bolsa de diálisis. Por lo antes expuesto, requiérase a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado, si tiene algún registro de defunción a nombre del aquí quejoso Santiago López Hernández; quien falleció el dos de noviembre de dos mil veintiuno, con CURP: LOHS550725HTCPRN04, de ser así, remita copia certificada de la respectiva acta que acredite tal circunstancia. En el entendido, que de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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