Santiago Israel Huante García

Expediente 486/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
486/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
03/01/2019

Partes del expediente

  • Santiago Israel Huante García
  • Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia dle Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 12444 del índice de este Juzgado, a través del cual se le envió el billete de depósito número N764817 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), cuya prescripción a favor del erario federal se declaró en proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho; en ese orden, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Infórmese del contenido de este proveído a la encargada del libro de certificados de depósito, a fin de que haga la anotación correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que aún obra en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito N764817, que ampara la suma de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., que exhibió la parte quejosa, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo número 486/2016-III; en virtud de que el dos de agosto de dos mil dieciséis, se notificó el auto mediante el cual se declaró que quedaba firme el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, además de haber pasado el término de dos años previsto en los artículos 36 y 45 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, sin que la parte quejosa hubiera solicitado la devolución del referido billete, con apoyo en los preceptos en cita y además en los artículos 38 y 48 de la Ley de referencia, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL de la suma que ampara el mencionado certificado de depósito. En ese sentido, con transcripción de este proveído, envíese dicho documento transferido al Tesorero de la Federación; solicítese que acuse recibo, y en acatamiento de la circular DGT/04/2007, no se hace necesario informar sobre la transferencia a la Dirección General de la Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, infórmese del contenido de este proveído a la encargada de la caja de seguridad de este Juzgado, a fin de que haga la anotación correspondiente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En tanto que, el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en las hipótesis prevista en la fracción III párrafo segundo, del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, por lo que deberán conservarse las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Como resulta innecesario que en este Juzgado obren las constancias que remitió Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, devuélvanse las copias certificadas del proceso penal 4/2016-A, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio que suscribe el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, mediante en el cual, en vía de alcance a su informe justificado, remite copia certificada del auto de plazo constitucional dictado el seis de julio del año en curso, dictado en el proceso penal 4/2016-A de su estadística, la cual con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias que adjunta el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso penal 4/2016, de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el seis de julio de dos mil dieciséis, la Juez de la causa dictó la resolución de término constitucional en el proceso penal 4/2016 de su índice, en la que determinó decretar auto de formal prisión en contra del impetrante **********, al considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de fraude y usurpación de profesiones, el primero cometido en agravio de ********** y el segundo en perjuicio de la Fe Pública. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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