Santiago Hernández Oliveros

Expediente 302/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 38 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
302/2018
Año
2018
Actuaciones
38
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Santiago Hernández Oliveros
  • Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero
  • Santiago Hernández Oliveros y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de trece de junio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de inicio de investigación de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017, pero sólo en la parte en que determinó como medida cautelar la suspensión de funciones y de salarios equivalente al setenta por ciento (70%) de este último. 2. Dictara uno nuevo en el que, reiterando aquellas consideraciones que no son objeto de concesión, con libertad de jurisdicción se pronuncie de manera fundada y motivada, dentro del ámbito de sus facultades, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión preventiva de funciones en el caso concreto contra Santiago Hernández Oliveros, y de considerarlo procedente, realice la recomendación respectiva ante el Consejo de Honor y Justicia, quien deberá resolver al respecto. 3. Girara oficio a la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, en el que le señale que debe dejar sin efectos la medida cautelar impuesta al aquí quejoso derivada del acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado. Ahora bien, dicha sentencia fue recurrida por la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a través del recurso de revisión. Dicho medio de impugnación correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco, Guerrero, quien lo registró con el número 258/2018 y resolvió por unanimidad de votos bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se confirma la resolución impugnada. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida, la justicia de la Unión ampara y protege a Santiago Hernández Oliveros, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el primer resultando de la presente ejecutoria." Por tanto, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia de amparo. Continuamente, mediante proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, este órgano declaró cumplida la sentencia de amparo al considerar que la autoridad responsable dio cumplimiento a la misma dado que realizó las actuaciones para cumplir los tres efectos de la sentencia de amparo, esto es: Mediante oficio de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, adjuntó copias certificadas del auto de catorce de diciembre de la anualidad pasada, a través del cual dejó insubsistente la medida cautelar de la suspensión de funciones de salario, únicamente en lo relativo a su decreto que contiene la medida cautelar de suspensión de funciones y del equivalente al 70 % del salario de Santiago Hernández Oliveros; dejándose por tanto, intocados todos los demás aspectos que constituye dicho acuerdo. Además, determinó procedente recomendar al Consejo de Honor de la Policía Estatal, la medida cautelar las suspensión de funciones y como consecuencia del salario de Santiago Hernández Oliveros, con categoría de policía estatal, equivalente al 70% del mismo, dejando a salvo la parte proporcional del 30% de sus ingresos reales esto para salvaguardar sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, garantizando así el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del elemento policial de mérito. También remitió el acuse de recibo del oficio SSP/UCAI/03566/2018, dirigido al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, mediante el cual dejo sin efectos la aludida medida cautelar de funciones y de salario, decretada en contra de dicho elemento policial, mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho, ordenándose la restitución inmediata tanto de funciones como del salario del elemento policial de mérito. Inconforme con la aludida determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco, Guerrero, quien lo registró con el número 9/2019 y resolvió por unanimidad de votos bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de inconformidad". Lo anterior, debido a que el Tribunal de Alzada, consideró lo siguiente: "[.] En ese tenor, de acuerdo con los extremos expuestos, se tiene que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado responsable, a fin de justificar en forma plena el cumplimiento del fallo de amparo, a consideración de quienes ahora resolvemos, necesariamente debía efectuar lo siguiente: 1.- Dejar insubsistente el acuerdo de inicio de investigación de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017, pero sólo en la parte en que determinó como medida cautelar la suspensión de funciones y de salarios equivalente al setenta por ciento (70%) de este último. 2. Dictar un nuevo acuerdo en el que, reiterara aquellas consideraciones que no fueron objeto de la concesión, y con libertad de jurisdicción, se pronunciara de manera fundada y motivada, dentro del ámbito de sus facultades y siguiendo los lineamientos de la sentencia, sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión preventiva de funciones de Santiago Hernández Oliveros, y de considerarlo procedente, realizara la recomendación respectiva ante el Consejo de Honor y Justicia, quien debería resolver al respecto; y, 3. Girar oficio a la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en que le señale que debe dejar sin efectos la medida cautelar impuesta al quejoso derivada del acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017. Ahora bien, el primero de los aspectos reseñados, como incorrectamente se indicó en el acuerdo controvertido, no fue cabalmente cumplido por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado responsable, pues si bien mediante oficio sin número de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, adjuntó copias certificadas del diverso auto de catorce del mismo mes y año en mención, a través del cual pretendió justificar que dejó insubsistente el acuerdo de inicio de la investigación administrativa número INV/231/2017, en la parte en que decretó la medida cautelar de la suspensión de funciones y de salarios, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario de Santiago Hernández Oliveros. Sin embargo, como enseguida se verá, en el precisado acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, no ordenó que se dejara insubsistente el acuerdo de inicio de la investigación administrativa INV/231/2017, de quince de febrero de dos mil dieciocho, como se le ordenó que lo hiciera en la ejecutoria de amparo, sino que ordenó dejar insubsistente otro diverso de ocho de junio de dos mil diecisiete, lo que así se constata de la lectura del apartado relativo de tal determinación, que en lo que aquí importa, textualmente indica: Como se ve, pese a que en la ejecutoria de amparo que pretendía cumplimentar la autoridad responsable de que se trata, claramente se le indicó que debía dejar insubsistente el acuerdo de inicio de la investigación administrativa INV/231/2017, de quince de febrero de dos mil dieciocho, en la parte en que determinó como medida cautelar la suspensión de funciones y de salarios equivalente al 70% del impetrante del amparo, en la determinación transcrita no dejó insubsistente dicho acuerdo en tal apartado, sino uno diverso de ocho de junio de dos mil diecisiete; lo cual, indudablemente implica considerar que el diverso de quince de febrero de dos mil dieciocho, aún permanece subsistente. En las relatadas condiciones, es claro que, contrario a lo determinado por el secretario encargado del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el proveído materia del presente recurso, la sentencia de amparo no ha sido cabalmente cumplida por parte de la autoridad responsable que está obligada a ello, esto es, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, razón que justifica lo fundado del presente recurso, con total independencia de los restantes actos que hubiera ordenado este último, porque la irregularidad en que incurrió al no haber ordenado correctamente el acto que debía dejarse insubsistente, trasciende al resto de los actos emitidos en acatamiento a la ejecutoria de amparo. Virtud a lo cual, no puede más que concluirse que es incorrecta la determinación que adoptó el secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en que determinó que la sentencia de amparo estaba cabalmente cumplida, pues como ya se vio, ello no es así, motivo por el cual, debe revocarse el mismo, y devolvérsele lo autos para que con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo, continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, hasta que ella se encuentre correcta y debidamente cumplida." Posteriormente, mediante proveído de once de julio de dos mil diecinueve, este órgano declaró cumplida la sentencia de amparo al considerar que la autoridad responsable había dado cumplimiento a la misma. Inconforme con la aludida determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco, Guerrero, quien lo registró con el número 34/2019 y resolvió por unanimidad de votos bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de inconformidad". Lo anterior, al considerar lo siguiente: "[.] QUINTO. Estudio oficioso del cumplimiento. Por constituir el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público, previo al análisis de los motivos de disentimiento propuestos por el disconforme, se abordará el estudio oficioso respectivo para determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida, sin excesos ni defectos. En función de lo anterior, por analogía conviene invocar la jurisprudencia por reiteración 46/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, consultable en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, septiembre de 1996, materia común, novena época, de los siguientes rubro y texto: "INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA SUPREMA CORTE DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y EXAMINAR SI SE DIO O NO EL CUMPLIMIENTO.- Considerando que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de agravio de parte, sino que, aun cuando no exista agravio, la Suprema Corte debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia." Para ello, importa considerar de la lectura de la sentencia de amparo, que al inconforme Santiago Hernández Oliveros, le fue otorgada la protección constitucional que solicitó en contra de los actos que reclamó del Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, consistente en la medida cautelar decretada en el auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento de investigación administrativa INV/231/2017, consistente en la suspensión de funciones y del setenta por ciento de su salario, dejando a salvo como parte proporcional el treinta por ciento, y su correspondiente ejecución, que atribuyó al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Subsecretario del Sistema Penitenciario, ambos de la citada secretaría, por los motivos y para los efectos siguientes: "(.) Del normativo transcrito, no se advierte que la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, tenga la facultad de suspender de funciones y en consecuencia, del salario de los servidores públicos a los que les inicie una investigación como probables responsables de alguna responsabilidad en su encargo, como se aprecia de la fracción XIII, del articulo 12 antes transcrito, sino que, únicamente puede recomendar esa suspensión ante el Consejo de Honor y Justicia, quien, sí tiene la atribución de resolver al respecto, en cualquier momento del procedimiento, incluyendo la etapa de investigación, como se hace mención en la fracción VI del artículo 124 de la Ley 281 del Estado, por ende, la determinación de tres de enero de dos mil dieciocho, reclamada, carece de fundamentación y motivación, como lo señala el aquí quejoso.--- En esa virtud, de los artículos transcritos se prevé la competencia material que para la imposición de la medida cautelar que ahora se reclama, facultan exclusivamente al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; de esa forma, se reitera, dicho órgano colegiado es el único ente que cuenta con las atribuciones legales para decretar la suspensión preventiva de funciones respecto de un servidor público de la secretaría aludida.---- Como resultado, resulta inconcuso la falta de competencia material del Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado para emitir dicha medida cautelar, de ahí que en la especie, la suspensión temporal decretada en contra del quejoso, no colma los requisitos establecidos en el numeral 16 de la Constitución General de la República.--- De lo anterior se concluye que, la autoridad responsable mencionada en el párrafo anterior, al haber ordenado la medida suspensional impuesta al aquí quejoso, carecen de las atribuciones para ello, violentó sus derechos como Jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de la Unión, Guerrero, al no existir sustento jurídico alguno para su dictado; por lo que la potestad de imponer la suspensión de funciones corresponde al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sin que ello signifique que pueda convalidar una medida impuesta de propia autoridad por un órgano que no tiene las facultades para ello, de ahí lo fundado de los conceptos de violación del peticionario.--- SEXTO. Efectos de la concesión de la protección constitucional. En las relatadas consideraciones, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, realice lo siguiente:--- 1. Deje insubsistente el acuerdo de inicio de investigación de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017, pero sólo en la parte en que determinó como medida cautelar la suspensión de funciones y de salarios equivalente al setenta por ciento (70%) de este último.--- 2. Dicte uno nuevo en el que, reiterando aquellas consideraciones que no son objeto de concesión, con libertad de jurisdicción se pronuncie de manera fundada y motivada, dentro del ámbito de sus facultades, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión preventiva de funciones en el caso concreto contra Santiago Hernández Oliveros, y de considerarlo procedente, realice la recomendación respectiva ante el Consejo de Honor y Justicia, quien deberá resolver al respecto.--- 3. Gire oficio a la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, en el que le señale que debe dejar sin efectos la medida cautelar impuesta al aquí quejoso derivada del acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017.--- Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado." En ese tenor, de acuerdo con los extremos expuestos, se tiene que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado responsable, a fin de justificar en forma plena el cumplimiento del fallo de amparo, a consideración de quienes ahora resolvemos, necesariamente debía efectuar lo siguiente: 1.- Dejar insubsistente el acuerdo de inicio de investigación de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017, pero sólo en la parte en que determinó como medida cautelar la suspensión de funciones y de salarios equivalente al setenta por ciento (70%) de este último. 2. Dictar un nuevo acuerdo en el que, reiterara aquellas consideraciones que no fueron objeto de la concesión, y con libertad de jurisdicción, se pronunciara de manera fundada y motivada, dentro del ámbito de sus facultades y siguiendo los lineamientos de la sentencia, sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión preventiva de funciones de Santiago Hernández Oliveros, y de considerarlo procedente, realizara la recomendación respectiva ante el Consejo de Honor y Justicia, quien debería resolver al respecto; y, 3. Girar oficio a la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en que le señale que debe dejar sin efectos la medida cautelar impuesta al quejoso derivada del acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017. Ahora bien, el primero de los aspectos reseñados, contrario a la apreciación del juzgador Federal A quo, no se encuentra plenamente satisfecho como lo indicó el juzgador federal A quo en el proveído alzado, veamos porqué. En efecto, es verdad, como lo destacó el juzgador de amparo, que por oficio número 008264, suscrito el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, allegó al juicio de amparo, en copia certificada, el acuerdo de diecisiete de junio del mismo año, emitido por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública, en que consta que en acatamiento a la sentencia de amparo que se cumplimenta, dejó sin efectos el acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, de inicio de la investigación administrativa, únicamente en lo relativo a su decreto segundo que contiene la medida cautelar de suspensión de funciones y del equivalente al setenta del salario del disconforme Santiago Hernández Oliveros, dejándose intocados los restantes aspectos de dicho proveído, y que no fueron materia de la sentencia concesora. Pese a ello, también consta de la lectura de dicho proveído, que la mencionada autoridad textualmente precisó los aspectos siguientes: "(.) en tal virtud, gírese oficio al Titular de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de esta Secretaría, mediante el cual y en alcance al similar número SSP/UCAI/03566/2018, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se le remita copia fotostática del presente acuerdo, para los efectos legales correspondientes, sin que haya lugar a solicitar de nueva cuenta el trámite respectivo, toda vez que en dicho oficio se manejó la fecha correcta del acuerdo que se dejó sin efecto (quince de febrero del dos mil dieciocho), además de que a la fecha, ya se ha realizado el trámite correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, dejando sin efecto la medida cautelar de referencia y solicitándose la liberación del salario a favor del C. SANTIAGO HERNÁNDEZ OLIVEROS, a partir del quince de febrero del año dos mil dieciocho en la parte proporcional del 70% que le fue suspendido. (.)". Del apartado transcrito del acuerdo referido, consta que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, ordenó que se girara el comunicado correspondiente al Titular de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de esa Secretaría, en alcance al oficio número SSP/UCAI/03566/2018, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en que solicitó como efecto y consecuencia jurídica de haber dejado insubsistente la medida cautelar decretada en el acuerdo de inicio de investigación de quince de febrero de dos mil quince, que se dejaran sin efectos las consecuencias que aquélla generó, aunque precisó que no era necesario solicitar de nueva cuenta el trámite respectivo porque a esa fecha ya se había solicitado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la liberación del salario que correspondía al ahora disconforme Santiago Hernández Oliveros, a partir del quince de febrero del año dos mil dieciocho, por la parte proporcional del setenta por ciento, que con motivo de aquella medida le fue suspendido, obviamente, a fin de que éste le fuera entregado a aquél. En efecto, la parte conducente del oficio SSP/UCAI/03566/2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, textualmente dispone: "(.) En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos (.) le solicito instruya a quien corresponda, realice los trámites necesarios ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para solicitar la liberación del salario a favor del C. SANTIAGO HERNÁNDEZ OLIVEROS, desde la fecha en que fue suspendido y se le continúe pagando en los mismos términos previo a la suspensión decretada, solicitando informe ello a la brevedad posible, a esta Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, debiendo anexar las constancias que así lo acrediten (.)" Por su parte, el diverso oficio número SSP/UCAI/01646/2019, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos remitió, vía alcance al anterior, al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo que al caso importa, textualmente dispone: "(.) Por medio del presente y en alcance a mi oficio número SSP/UCAI/03566/2018, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual, se le notificó que se dejaba sin efecto la medida cautelar de suspensión de funciones y de salario, decretada en contra del C. SANTIAGO HERNÁNDEZ OLIVEROS, con categoría de Policía Estatal, mediante acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, ordenándose por tanto la restitución inmediata tanto de funciones como del SALARIO del elemento policial de mérito, al respecto adjunto al presente me permito remitir a usted para los efectos legales a que haya lugar, copia fotostática del acuerdo de esta fecha, dictado en el expediente de investigación disciplinaria número INV/231/2017, instaurado al elemento policial de referencia y en el cual se aclaró que por error involuntario se había establecido que se dejaba sin efecto un acuerdo diverso al de fecha quince de febrero del año dos mil dieciocho, lo anterior, en cumplimiento tanto a la ejecutoria pronunciada en el recurso de inconformidad administrativo número 9/2019, así como a la dictada en el amparo en revisión administrativa 258/2018, derivado del juicio de amparo indirecto número 302/2018." Como se ve, si bien es verdad que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública, como se indicó en la sentencia de amparo, dejó insubsistente el acuerdo de inicio de investigación de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017, en la parte en que determinó como medida cautelar la suspensión de funciones y de salarios equivalente al setenta por ciento (70%) de este último. Sin embargo, no existe constancia alguna en el expediente que justifique que los efectos que generó dicho proveído, como es, la suspensión del setenta por ciento del salario del ahora quejoso, también haya desaparecido como consecuencia de haberse declarado insubsistente la medida cautelar que las generó en el citado proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, dado que no existe información alguna respecto a si al ahora inconforme ha sido pagado el salario que le correspondía, en el porcentaje indicado, durante el tiempo que estuvo suspendido. De manera tal que, desde el punto de vista de quienes ahora resolvemos, no puede estimarse cumplido el primero de los aspectos de la ejecutoria que se pretende cumplimentar, porque conforme a lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión en tratándose de actos positivos, como se suscita en la especie, implica restituir al quejoso en el pleno goce del derecho que le haya sido violentado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y para que ello suceda, no sólo basta que se deje insubsistente la parte correspondiente del acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, que ordenó la medida cautelar que fue combatida por el impetrante a través del juicio de amparo, sino que sus efectos también se hayan destruido totalmente, y ello sólo podrá considerarse cumplido, una vez que se acredite que a aquél le han sido pagados o entregados los salarios que le fueron suspendidos, en el porcentaje ya precisado. Lo expuesto, encuentra plena correspondencia en el criterio de jurisprudencia 14/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, localizable en la página 478, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, materia común, novena época, número de registro 189950, que textualmente precisa: "INCONFORMIDAD. ES FUNDADA SI DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES SE DESPRENDE QUE EXISTEN ACTOS PENDIENTES DE CUMPLIRSE PARA EL ACATAMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL.- El efecto de la sentencia que concede el amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como lo prescribe el artículo 80 de la Ley de Amparo; de esta forma, si de la aplicación de las disposiciones legales correspondientes, se advierte que volver las cosas al estado que guardaban, requiere la realización de diversas actuaciones por parte de las autoridades responsables que no han cumplido, debe estimarse que la inconformidad es fundada y deben devolverse los autos al Juez de Distrito para que requiera de ellas el cumplimiento de la ejecutoria constitucional. Lo expuesto es más sostenible, si se pondera que por oficio sin número de nueve de enero de dos mil diecinueve, que puede consultarse en la página 379 del expediente de amparo, el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, allegó al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, el diverso oficio número SFA/SA/DGAyDP/NOM/2164/2018, suscrito el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por la C.P., Ma. de Luz Sánchez Avellaneda, en su carácter de Jefa del Departamento de Nóminas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en que textualmente informó al funcionario anterior, los aspectos siguientes: "(.) Por instrucciones superiores, y en atención a su oficio SAATyDH/DGDH/SPA/4547/2018, mediante el cual solicita Liberación de salario del C. SANTIAGO HERNANDEZ OLIVEROS, con categoría de Policía Estatal y número de empleado 50913, a partir de la fecha en que fue suspendido, en acatamiento al acuerdo recaído en el juicio de amparo 699/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, al respecto le manifiesto lo siguiente. Se ha realizado el trámite que corresponde tendiente a garantizar que al quejoso se le restituyan el salario que dejó de percibir correspondiente al 70% de su remuneración suspendida con motivo de la medida cautelar reclamada en el juicio de amparo en comento, correspondiente al período de ocho de junio al diecisiete de diciembre de 2017. Sin embargo no omito manifestar que corresponde a un recurso del año 2017, presupuesto ya ejercido en ese tenor se encuentra sujeto a que exista suficiencia presupuestal para ese rubro y el periodo de vacaciones en el gobierno del estado inicia a partir del 17 de diciembre al 7 de enero, en ese tenor la gestión se realizará a partir de que se reactiven las labores gubernamentales. (.)". Como se ve, no obstante que se materializaron las gestiones administrativas correspondientes para restituir al quejoso el salario que le fue suspendido, se informó que ello estaba supeditado a que existiera suficiencia presupuestal en el rubro correspondiente, dado que se trataba de recursos vinculados con el presupuesto del año dos mil diecisiete que ya se había ejercido, y asimismo, que el trámite correspondiente se materializaría una vez que se reanudaran las labores gubernamentales correspondientes en el Estado de Guerrero, derivado del período vacacional que abarcó del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho al siete de enero de dos mil diecinueve. Lo anterior, se insiste, sin que documentalmente exista información alguna que justifique lo sucedido en torno a dicho aspecto, y que como se dijo, también constituye un efecto que ha de cumplirse en acatamiento a la sentencia de amparo que otorgó al quejoso la protección constitucional. Ante tales circunstancias, se tiene que, contrario a lo determinado por el juzgador Federal A quo en el proveído alzado, la sentencia de amparo no ha sido cabalmente cumplida por parte de la autoridad responsable que está obligada a ello, esto es, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, razón que justifica lo fundado del presente recurso. Por las razones que al respecto la informan, resulta ilustrativo el criterio aislado número I.13o.A.38 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que comparte este similar, localizable en la página 808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005, materia común, novena época, número de registro 178195, que textualmente precisa: "INCONFORMIDAD. ES FUNDADA, SI AL DICTARSE UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO NO SE RESTITUYE AL AGRAVIADO EN EL PLENO GOCE DE LA GARANTÍA INDIVIDUAL VIOLADA.- El artículo 80 de la Ley de Amparo señala que la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, pues de estimarse lo contrario, se restaría eficacia a la sentencia de amparo, porque no se lograría reparar la violación cometida por la autoridad responsable. Ahora bien, si una autoridad responsable, en acatamiento de la ejecutoria de un Tribunal Colegiado, resolvió que el servidor público sí había reunido los requisitos para la permanencia en su cargo, resulta irrelevante que la sentencia de amparo se haya concedido para el solo efecto de que se valoraran pruebas, pues el hecho de que la valoración de dichas probanzas haya arrojado la inexistencia de la falta imputada, implica que en términos del citado artículo 80, las cosas deben volver al estado que guardaban antes de la violación de garantías, esto es, antes de la indebida valoración de pruebas que llevó a considerarlo administrativamente responsable. Por tanto, independientemente de que el efecto del amparo sólo haya sido para que se emitiera un nuevo fallo, si éste resulta favorable al particular, el cumplimiento de la ejecutoria debe comprender la reinstalación y el pago de salarios caídos, puesto que la restitución sólo se logra dejando sin efectos todas las consecuencias que trajo la indebida valoración de pruebas, principalmente, la remoción del quejoso. Consecuentemente, si la autoridad responsable al dictar una nueva resolución en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, no restituye al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, debe declararse fundada la inconformidad interpuesta." Como consecuencia de lo determinado, debe revocarse el acuerdo alzado y devolverse lo autos al Juez de Distrito para que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, hasta que ella se encuentre correcta y debidamente cumplida." Por tanto, mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Trámites de la autoridad responsable. Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional en veinte de junio de dos mil diecinueve, el Jefe de la Unidad de Contraloría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remitió el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de inicio de investigación de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente INV/231/2017; además, dejó intocados los demás aspectos de dicho proveído toda vez que no fueron motivos de disenso en la ejecutoria de inconformidad; asimismo, giró oficio a la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, mediante el cual en alcance al diverso oficio SSP/UCAI/03566/2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, le remitió copia del acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente INV/231/2017. Así también, indicó que no había lugar a solicitar de nueva cuenta el trámite respectivo, toda vez que en dicho oficio se manejó la fecha correcta del acuerdo que se dejó sin efecto (quince de febrero de dos mil dieciocho), máxime que a la fecha, ya se había realizado el trámite correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, dejando sin efectos la medida cautelar de suspensión de funciones y del equivalente al 70% (setenta por ciento) del salario, y se solicitó la liberación del salario a favor de Santiago Hernández Oliveros, a partir del quince de febrero de dos mil dieciocho, en la parte proporcional al 70% (setenta por ciento) del salario que fue suspendido. Mediante oficio recibido en veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remitió copias certificadas de las que se advierte que el lapso de tiempo que el quejoso Santiago Hernández Oliveros, estuvo suspendido del 70% (setenta por ciento) de su salario, fue del periodo comprendido del primero de julio de dos mil diecisiete al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y del dieciséis de marzo al quince de mayo de dos mil dieciocho, motivo por el cual el monto que se le retuvo fue de doce quincenas por la cantidad de $3,211.78 (tres mil doscientos once pesos 78/100 moneda nacional) en el ejercicio dos mil diecisiete; cuatro quincenas por la cantidad de $3,211.78 (tres mil doscientos once pesos 78/100 moneda nacional) y cuatro quincenas por la cantidad de $3,252.38 (tres mil doscientos cincuenta y dos pesos 38/100 moneda nacional), en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; así como el aguinaldo del año dos mil diecisiete, de $18,812.15 (dieciocho mil ochocientos doce pesos 15/100 moneda nacional, arrojando un total de $83,210.15 (ochenta y tres mil doscientos diez pesos 15/100 moneda nacional), cantidades que indica fueron depositadas en la cuenta 56738007539, de la institución bancaria Santander, la cual el quejoso tiene asignada para el cobro de sus salarios. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no controvirtió tal afirmación. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En acatamiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión será destruido; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el precitado punto del acuerdo, procédase a su destrucción. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió la medida cautelar; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se concede un plazo adicional a la autoridad responsable, consistente de diez días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que remita las constancias que denoten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual quedan vigentes los apercibimiento contenidos en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por medio del cual informa los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. De lo cual se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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