Santiago Gutiérrez Rodríguez

Expediente 2/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2017

Partes del expediente

  • Santiago Gutiérrez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, el suscrito advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto de veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. El suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó dentro del término de tres días que le fue concedido, el requerimiento que se le formuló en proveído de doce de enero de dos mil diecisiete, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de la respuesta de la autoridad responsable Director Estatal de Profesiones del Estado de Colima, se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho auto y atendiendo al contenido de la constancias que anexó la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, en lo que aquí interesa, que mediante oficio DP001/2017 de nueve de enero de dos mil diecisiete, dio respuesta a la quejosa, mismo que le fue notificado el diez de enero de dos mil diecisiete. Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de dar respuesta a su escrito de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, misma que ya dio respuesta a la petición citada y le fue notificada el diez de enero del año en curso, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal al quejoso, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la Novena Época, número 2ª./J.59/99, del Tomo IX, Junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito informa que es fundado el recurso de queja; por tanto, se revoca el auto que declaró ejecutoriada la sentencia en el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Colima, Colima, tres de enero de dos mil diecisiete. Admisión. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115 y, 117, de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías que promueve********************; contra actos de la DIRECTORA ESTATAL DE PROFESIONES DEL ESTADO DE COLIMA. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 2/2017. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 128, fracción I, de la ley en cita. Audiencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Requerimiento a Autoridades. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la propia ley en comento vigente, PÍDASE A LA AUTORIDAD, RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibida que en caso de que no rinda el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo haga sin remitir las constancias que se le solicitan, se hará acreedora a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal. Cabe precisar que el acotamiento del plazo para la rendición del informe requerido, obedece a la naturaleza del acto reclamado -dilación procesal-, a fin de no transgredir en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional; máxime que los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en su orden, establecen que la audiencia constitucional se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda de garantías, y que las responsables tiene el deber de rendir su informe de ley dentro del plazo de quince días, respectivamente, entendidos como el tiempo máximo para cumplir tales formalidades, empero ello sin perjuicio de que se procure otorgar mayor efectividad en la integración del procedimiento en beneficio de la tutela de los derechos humanos de los gobernados, sin que con ello se violen las reglas del procedimiento. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes y autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento. Por ser parte en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el trámite del presente juicio, en el entendido que la copia de la demanda, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado; asimismo se hace del conocimiento de dicha representante federal que sin promoción alguna podrá solicitar las copias que estime pertinentes, salvo las que solicite certificadas. Lo anterior, por no tratarse de un amparo indirecto promovido contra normas generales. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Autorizados y Domicilio. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, con las limitantes que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ******************** debido a que su cédulas profesional no se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco y para el solo efecto de imponerse de los autos a PERLA KARINA MORENO NOGALES. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 3°, fracciones II y VI, 4°, fracción III, y 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 26, fracción I, 30, 34 y 47 del Reglamento de la anotada ley, 2°, fracciones VIII, IX, XII, XIV, XV, XXI y XXII, 3°, 5° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Acuerdo General 11/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma diversos Acuerdos Generales del propio consejo, con el objeto de actualizar atribuciones y procedimientos en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, se hace del conocimiento de las partes que al dictarse la ejecutoria correspondiente se elaborará en versión pública a fin de proteger sus datos personales. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Cruz Orozco Llamas, quien da fe.JCOL/meug*

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