Santiago Gutierrez Pedraza
Expediente 804/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/07/2016
Partes del expediente
- Santiago Gutierrez Pedraza
- Policía Municipal de Toluca (Anastacuio Peña Dominguez)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (fojas 35 a 45), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Santiago Gutiérrez Pedraza, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sistema integral de seguimiento de expedientes y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Asimismo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio del cual informa: Cuando ratificó de legal la detención del ahora quejoso Santiago Gutiérrez Pedraza, y cuando le notificó dicha determinación. Si a la fecha ya dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso, la fecha de su emisión, así como la notificación al promovente de amparo; y, El estado procesal de la causa de origen. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De igual manera, agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el quejoso Santiago Gutiérrez Pedraza, mediante el cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento hecho en auto aclaratorio de diecisiete de junio de dos mil dieciséis (fojas 25 a 28), esto es, bajo protesta de decir verdad aclara los actos que reclama, asimismo, realiza una narración sucinta y cronológica de los hechos y abstenciones que constan los antecedentes del acto reclamado, e indica el estado procesal que guarda el asunto de origen. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, de una lectura íntegra a la demanda y escrito aclaratorio que se atiende, se aprecia que el peticionario de amparo señala como actos reclamados: El aseguramiento practicado por los policías Municipales de Toluca, Estado de México. La detención practicada por el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Mujeres de Toluca, Estado de México. Confirmación de detención por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, de veintitrés de noviembre de dos mil quince, dictada en contra del quejoso en la carpeta administrativa 2034/2015. Escrito de acusación del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Toluca, Estado de México, presentada en la citada carpeta 2034/2015. En razón de lo expuesto, este Juzgado considera que respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Lo anterior es así, en virtud de que en el escrito de desahogo, así como del oficio signado por el Juez responsable, se advierte que con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince se dictó auto de vinculación a proceso, en la carpeta administrativa 2034/2015, en contra del quejoso por el delito de violación. Bajo ese orden de ideas, se colige que ha cambiado la situación jurídica del aquí agraviado, pues pasó de indiciado a imputado, por ello, deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones que pudiesen contener los actos reclamados descritos en los incisos a), b) y c), consistentes en el aseguramiento y detención que dieron origen a la carpeta administrativa 2034/2015, así como el auto de control de detención que realizó el Juez de Control en la citada carpeta de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince; al haber sido sustituidos dichos actos por el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal de origen. En esas condiciones, resulta claro que se presentó un cambio de situación jurídica en la esfera de derechos del quejoso, lo que impide a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo del acto reclamado, y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esto, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Por tanto, al haberse emitido auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el hecho delictuoso de violación, en la carpeta administrativa 2034/2015, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, es evidente que el quejoso actualmente se encuentra sujeto a la jurisdicción del Juez responsable, con motivo del referido auto de vinculación, por ende, procede desechar la demanda de amparo respecto de los actos precisados en los incisos a), b) y c), consistentes en el aseguramiento y detención que dieron origen a la carpeta administrativa 2034/2015, así como el auto de control de detención que realizó el Juez de Control en la citada carpeta de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, por configurarse la causal de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese mismo orden de ideas, respecto al acto reclamado preciso en el inciso d), consistente en la acusación del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Toluca, Estado de México, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, dado que el escrito de acusación del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Toluca, Estado de México responsable en la carpeta administrativa 2034/2015; aspecto sobre el cual versa esencia el acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Esto es así, porque los numerales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y en el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo, a saber: el escrito de acusación del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 2034/2015, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; esto es, solo produce efectos intraprocesales, de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio oral de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme a lo previsto en las fracciones VI y XXI del artículo 173 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia definitiva favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia en el escrito de acusación del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Toluca, Estado de México responsable en la carpeta administrativa de origen. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en: El escrito de acusación del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 2034/2015, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez Estado de México. No reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente del escrito de acusación del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Toluca, Estado de México responsable en la carpeta administrativa de origen, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia definitiva que se llegue a dictar. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, como ya se indicó -ordinariamente- las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de cuya ejecución dependa la suerte de todo el juicio natural; sin embargo, en el caso particular, no se actualiza la excepción en comento. Esto es así, porque en el caso concreto se aprecia que el escrito de acusación presentado por el Agente del Ministerio Público responsable en la carpeta administrativa de origen, constituye una violación procesal que puede ser reparada en sentencia definitiva, si la sentencia que se dicte en el juicio oral le es adversa a sus intereses, lo cual podrá combatir como violación procesal, al momento de interponer demanda de amparo directo, de conformidad con el artículo 173 fracciones VI y XXI, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte; esto es, el escrito de acusación presentado por el Agente del Ministerio Público responsable en la carpeta administrativa de origen, solo afecta derechos adjetivos, los cuales no restringen en grado predominante o superior los derechos de la parte quejosa, y mucho menos se trata de determinaciones de las cuales dependa la suerte del juicio oral, habida cuenta que, precisamente en el momento de dictarse la resolución definitiva correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar tanto los medios de prueba de cargo como de descargo, a efecto de resolver si en el caso concreto se encuentra o no plenamente acreditado el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, así como la procedencia a la condena o no a la reparación del daño y, en su caso, el monto de los mismos, debiendo analizarse además, todos y cada uno de los medios de prueba admitidos y desahogados por las partes, a efecto de determinar si tienen o no el alcance demostrativo necesario de demostrar los extremos de la postura defensiva o teoría del caso, así como los planteamientos del Ministerio Público, y de la parte ofendida. Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. Esto es así, porque, como ya se indicó, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, ello aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, dado que podría impugnarla en amparo directo, como ya se dijo en términos del artículo 173, fracciones VI y XXI, de la Ley de Amparo. De ahí que, siguiendo la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo abrogada, el cual es de idéntico contenido al diverso 107, fracción V, de la ley de Amparo, así como lo determinado en la tesis aislada citada en último orden, debe concluirse que es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, dicha clase de determinaciones judiciales sean reclamables en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, concretamente dentro de la etapa intermedia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, contra actos dictados dentro del juicio siguen siendo las mismas; por tanto, dado que en criterio de quien esto resuelve, no se actualizan violaciones de gran trascendencia que implicaran una afectación relevante para el procedimiento, no puede considerarse que el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, o por algún tratado internacional. Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que la quejosa en el capítulo de conceptos de violación se duela del auto en el que el Juez de Control de origen tiene por recibido el escrito de acusación presentado por el Agente del Ministerio Público responsable en la carpeta administrativa de origen, pues aun y cuando no lo señala como acto reclamado destacado lo cierto es que respecto de dicho auto se actualiza también la causa de improcedencia analizada en los términos descritos en párrafos precedentes. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Sasntiago Gutiérrez Pedraza, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, de conformidad con el artículo 113 del mismo cuerpo de leyes.
- Principal
IV.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; mediante el cual comunica la determinación de quince de junio de la presente anualidad por medio de la cual se advierte que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia emitida en autos. glósese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, teniendo a la autoridad oficiante informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente sumario constitucional.
- Principal
III.-Vista la pieza postal de cuenta, misma que contiene el oficio 13077, dirigido al Comisionado de la Policía Federal Preventiva, con la leyenda "Rehusada la autoridad, es inexistente en el domicilio en cita"; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°; agréguese sin mayor pronunciamiento toda vez que mediante auto de treinta y uno de mayo del año en curso (foja 65), se dejó de tener con el carácter de responsable en el presente incidente de suspensión.
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