Santiago Guillermo Dzul Eb
Expediente 390/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Santiago Guillermo Dzul Eb
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, pues se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que, después de haberse denunciado la inejecución de la Sentencia Ejecutoria el siete de diciembre del año próximo pasado, con la finalidad de cumplir con dicho fallo protector, obran en autos las siguientes providencias: 1. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunicó que se admitió el incidente de inejecución de sentencia, decretado en el presente asunto por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, el que se registró con el número de toca *********. 2. El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el memorial signado por la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, así como los anexos que al mismo acompañaron; con los que, por una parte, promovieron incidente innominado para el efecto de que se les precisara, definiera o concretara la forma o términos del cumplimiento de la sentencia ejecutoria, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo; y por otra, interpusieron recurso de queja en contra del acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho. A lo anterior, no se accedió a abrir el incidente innominado en el presente juicio constitucional, toda vez que en proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se determinaron los lineamientos con base a los cuales habrían de acatar la ejecutoria de mérito en su calidad de autoridades vinculadas a su cumplimiento, atendiendo para ello a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán e inclusive se les remitió de manera personal copia certificada de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, en la resolución emitida el cinco de abril de dos mil dieciocho en el recurso de inconformidad ******. Ahora bien, en cuanto al recurso de queja que se interpuso, toda vez que no obraban en los autos las tarjetas de acuse de recibo que acreditaran la oportunidad del referido recurso, ya que dichas autoridades tienen su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, se reservó proveer sobre la tramitación del medio de impugnación intentado, hasta que lo anterior aconteciera. 3. El ocho de enero de dos mil diecinueve, se dio trámite al recurso de queja antes mencionado y se ordenó notificar a las demás partes su interposición, para que en el plazo de tres días señalaran constancias, para remitir en copia certificada a la Superioridad. 4. En auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se agregó el escrito signado por Diego Adán Chan Viana, en su carácter de apoderado de la parte quejosa, mediante el cual señaló constancias para remitir en copia certificada a la Superioridad en relación al recurso de queja interpuesto por el Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, en contra del acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciocho. 5. En seis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 3381/2019-IV-A, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, se rindió el informe justificado, en relación al aludido recurso de queja. 6. En acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, se glosó el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusó recibo y comunicó esencialmente que se desechó el recurso de queja interpuesto por el Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. 7. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, así como el anexo que remitió en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. Del que se advirtió que en acuerdo de fecha doce de febrero del año en curso, el Tribunal responsable requirió por última ocasión al cabildo del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán; para el efecto de que en el término de diez días hábiles, celebrara una sesión extraordinaria, así como en ella previera el pago liso y llano de las cantidades laudadas y los salarios caídos generados en el expediente laboral 186/2007 de su índice. Razón por la cual este órgano jurisdiccional, tuvo el cumplimento de la sentencia ejecutoriada en vías de ejecución. 8. El catorce de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual comunicó esencialmente que precluyó el derecho de las partes, para impugnar el acuerdo de Presidencia, de fecha ocho de febrero último, en el que desechó el recurso de queja interpuesto por las antes citadas autoridades vinculadas. Como puede advertirse de la relatoría que antecede, hasta este momento las autoridades vinculadas al cumplimiento Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, permanecen en su actitud contumaz y evasiva de cumplir con la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, pues nada han informado al respecto a este juzgado que permita apreciar si hay un principio de ejecución. Por tanto, comuníquese lo anterior al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, para los efectos legales respectivos en la inejecución de sentencia 20/2018 de su índice. Ahora bien, toda vez que es un hecho conocido por el suscrito que en los autos del toca 14/2018, relativo al juicio de amparo indirecto número 742/2016-V-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, promovido por ROSA MARÍA UICAB MAAS, por conducto de su apoderado Diego Adán Chan Viana, se dictó una sentencia ejecutoria cuyo tema fundamental es similar al presente asunto, en la que, en lo que interesa, se determinó la siguiente: "...De lo narrado con anterioridad, se advierte de manera clara y patente que el tribunal responsable en la etapa de ejecución del laudo no ha dictado de manera eficaz y de manera pronta las providencias necesarias para vencer la contumacia del ayuntamiento condenando así como de las autoridad relacionadas con el cumplimiento, ya que no por la existencia una serie de actuaciones realizadas para cumplimentar el laudo en el juicio de origen, implica por consecuencia lógica, jurídica y necesaria que ha sido eficaz la ejecución del laudo. Ahora bien, para estimar que se han dictado las medidas convenientes con la finalidad de cumplir con el pago del laudo, implica evaluar los medios elegidos para dar cumplimiento y su idoneidad para ello, y no necesariamente que se intente en diversas ocasiones dar cumplimiento. Cabe señalar que de la resolución del cumplimiento sustituto 7/2015, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye un hecho notorio, se advierte que estableció que, para sostener que se han agotado los medios a su alcance, deben atenderse a los siguientes elementos normativos: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 157. El Tribunal sancionará la alteración del orden, y las faltas de respeto hacia el mismo en forma verbal o por escrito, sancionándolas, según la gravedad de la falta, con amonestación, expulsión del local del Tribunal o económicamente, a criterio del mismo, con una cantidad mínima de cien pesos, cuando se trate de trabajadores y de mil pesos cuando se trate de funcionarios. (.) Artículo 160. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer respetar y cumplir sus resoluciones, cuando fueren requeridas para tal fin. Artículo 160 bis. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer las mismas sanciones a que hace referencia el artículo 157 de esta Ley. Artículo 160 ter. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda; para lo cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios girará el oficio correspondiente. La Secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 161. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Artículo 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia Ley". REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 12. Además de las facultades establecidas en la Ley, y sin perjuicio de las mismas, el Presidente tendrá las siguientes: I. Representar legalmente al Tribunal; (.) IV. Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Pleno; (.) VI. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno; VII. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que les corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; (.) XVI. Gestionar ante la autoridad correspondiente los requerimientos del Tribunal (.)". LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 14. Los magistrados y jueces contarán con las condiciones normativas y materiales para lograr el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Las sentencias ejecutoriadas de los tribunales del Estado deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Artículo 15. El ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, los tribunales y juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. Adicionalmente, para el cumplimiento de sus funciones no jurisdiccionales, el Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y el Centro Estatal de Solución de Controversias". Sin embargo, como tales disposiciones no hacen referencia a mecanismos específicos para lograr el cumplimiento de los laudos, también se indicó que debe analizarse la normativa aplicable de actos que se pueden solicitar, instar e incluso exigir. Entre las cuales se encuentran las siguientes: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 1. Esta Ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de Administración Pública Centralizada, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los municipios del Estado de Yucatán. (.) Artículo 45. Son obligaciones de los Titulares a que se refiere el artículo 1 de esta Ley: (.) IV. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo (.)". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN: "Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: (.) VI. Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y las leyes de ingresos de los municipios, a más tardar, el día 15 de diciembre de cada año. Asimismo, deberá incluir en el Presupuesto de Egresos mencionado, las erogaciones plurianuales, aprobadas conforme a la Ley de la materia. Cuando inicie una administración gubernamental estatal en la fecha prevista en el artículo 48 de esta Constitución, el Congreso del Estado aprobará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 30 de diciembre del año en que se verifique dicho suceso. En caso de no aprobarse el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, continuará en vigor el autorizado para el año inmediato anterior, el cual se ejercerá mensualmente en una doceava parte del total, o de la disponibilidad de los recursos fiscales, con las actualizaciones que sean pertinentes, hasta en tanto se aprueba el del año fiscal respectivo. Determinar las bases, montos y plazos con que serán distribuidas las participaciones a los municipios, con arreglo a las Leyes respectivas. Atendiendo entre otros criterios, el esfuerzo recaudatorio; población y marginación; VII. Revisar y en su caso aprobar las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios, entidades u organismos de la administración pública paraestatal, paramunicipal, organismos autónomos y, en general de los recursos públicos que se destinen o ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica. La revisión tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajusta a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los respectivos programas de conformidad a lo establecido en las leyes aplicables; VIII Bis. Autorizar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma, los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes; (.) Artículo 55. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: (.) IX. facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones; (.) Artículo 82. La ley que reglamenta el funcionamiento y organización de los ayuntamientos, contendrá los lineamientos siguientes: (.) III. Los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas, de conformidad con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, siempre que: a) Constituyan deuda pública del Municipio, o de las entidades paramunicipales garantizadas por el Ayuntamiento o el Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, o b) Deriven de contratos relativos a proyectos para la prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a la ley de la materia". LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 38. Los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones siguientes: (.) III. De Hacienda: (.) b). Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad en su caso con el Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo proyecto que para tal efecto deberá someter a su consideración el Presidente Municipal en la segunda quincena del mes de diciembre anterior al año en que deba regir dicho presupuesto con excepción del año en que tome posesión el Ayuntamiento, que será formulado y presentado en la primera quincena de enero; (.) Artículo 72. Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal : (.) b) Efectuar los pagos de acuerdo con el Plan de Egresos aprobado por el Ayuntamiento con excepción de los correspondientes a sueldos, no podrá hacer ningún pago sin la orden respectiva del Presidente del Ayuntamiento, girada en la forma establecida; (.)". Lo subrayado es para resaltar. Debido a lo anterior, si se considera que todas las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal responsable, a efecto de que se cumplan sus resoluciones, mismo que dictará todas las medidas necesarias para la ejecución eficaz e inmediata de las mismas; y que los titulares de los ayuntamientos, deberán cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella, y pagarán en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo; entonces no puede concluirse que se ha dado cumplimiento al laudo, al poder instar a diversas autoridades para el cumplimiento puntual del mismo. En efecto, el Tribunal responsable debe dictar a las autoridades relacionadas con el cumplimiento del laudo los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, y en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago requerido, debe incluirse ese pago en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente. Así, aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las autoridades relacionadas con el cumplimiento del ludo están obligadas a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como podría ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, o su inclusión para el próximo ejercicio fiscal. Por tanto, debe requerirse a las autoridades que estén obligadas a realizar tales actos relacionados con la inclusión del pago en el presupuesto de egresos o que la deban incluir, en su caso, bajo el concepto correspondiente; con independencia de que incluso las autoridades correspondientes formen parte del mismo ayuntamiento condenado, pues si bien éste tiene el carácter de parte demandada en el juicio laboral, no debe soslayarse la obligación individual de sus titulares o funcionarios, como el presidente municipal, el síndico y los integrantes del cabildo, el tesorero o sus equivalentes, incluso diversos funcionarios dentro del mismo ayuntamiento. Lo anterior, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo". Del numeral transcrito se desprende que todas las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, están obligadas a realizar todo tipo de actos necesario para el logro de ese objetivo. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se puede vincular a las autoridades responsables y si estas o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a este para que ordene a aquella cumplir con dicha ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Asimismo, aun cuando los titulares de la autoridad demandada ya no estén en funciones (presidente y cabildo), pueden ser llamados como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese orden, es de precisarse que se genera responsabilidad de los funcionarios municipales acorde lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y 2, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, en tanto que el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los Municipios de denunciará ante la contraloría de dicha municipalidad. En tal virtud, el Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, junto con el Congreso del Estado de Yucatán, Secretario de Hacienda del Estado de Yucatán, Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa, son autoridades que se encuentran vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud que el primero elabora su presupuesto y las demás lo analizan y en su caso aprueban. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis 2ª. LVII/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia Administrativa, Novena Época, registro 169707, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO IMPLIQUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE DE GOBIERNO, AUN CUANDO NO SEA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE REALIZAR LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDEN CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EN ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA. Conforme al artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones de la entidad cuentan con autonomía de gestión financiera e, inclusive, el Jefe Delegacional puede decidir la transferencia de recursos; sin embargo, ello no debe interpretarse al extremo de considerar que corresponde a éstos determinar libremente el destino de los recursos asignados, sino en el sentido de que en su aplicación gozan de autonomía para administrarlos, pero deben observar las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central, además de que el ejercicio de esa facultad está condicionado a que no afecte los programas prioritarios, lo cual corresponde determinar a los órganos técnicos encargados de la administración financiera de los recursos de la entidad, que conocen el monto al que ascienden las partidas y demás elementos que permitan establecer el efecto de un ajuste presupuestario. En ese contexto, al reservar el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), constitucional, al Jefe de Gobierno la facultad para presentar la iniciativa de presupuesto de egresos y, en términos del artículo 112 del Estatuto de Gobierno relativo, al ejercer dicha atribución, proponer a la Asamblea Legislativa las asignaciones presupuestales para que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, cuando el acatamiento de una sentencia de amparo implique la erogación de recursos que corresponden a éstas, al indicado Jefe de Gobierno le asiste el carácter de autoridad vinculada a su cumplimiento, pues le corresponde proponer la programación de una partida para hacer frente a dichos fallos, así como realizar modificaciones presupuestarias para adecuarla a las necesidades sobrevenidas, lo cual ocurre necesaria e ineludiblemente al tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, esa circunstancia no le resta al Jefe de Gobierno el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de las ejecutorias ni implica postergarlo un ejercicio, dado que es él quien, durante el ejercicio, puede modificar los programas relativos y realizar los ajustes presupuestarios, como se establece en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, sin que la eficacia de las ejecutorias de amparo permita inobservar las demás disposiciones aplicables. Lo anterior sin perjuicio de que aun en ausencia de presupuesto aprobado, finalmente las ejecutorias de amparo han de cumplimentarse afectando partidas presupuestales diversas". Conclusión. Por lo expuesto, al ser el acto reclamado, violatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se impone conceder a la quejosa la protección constitucional, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa para que estas autoridades realicen las gestiones necesarias para la aprobación e inclusión de la cantidad objeto de la condena decretada en contra del Ayuntamiento de Motul, Yucatán en el juicio laboral 297/2007, a cuenta del presupuesto a destinar al citado Ayuntamiento en el próximo ejercicio fiscal, esto es dos mil diecinueve; y sean ellas mismas quienes instrumenten los mecanismos de transferencia a efecto de que se pague directamente a la quejosa Rosa María Uicab Maas. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Presidente adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán..." En mérito de lo anterior, a fin de establecer otra medida más, a fin de que el Tribunal responsable, esté en posibilidad de hacer cumplir el laudo, requiérase al Magistrado Presidente Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan sin demora con la ejecutoria de mérito, para lo cual deberán adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten, o bien, informen a este juzgado las gestiones que hayan realizado para dar cumplimiento a la misma, o en su caso, el impedimento que tienen para hacerlo. Para ello, el Magistrado Presidente, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria antes reseñada, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de esta propia entidad, para que auxilien tanto al Tribunal como al Ayuntamiento del Municipio de Conkal, Yucatán, a fin de que éste último ente, obtenga mediante los mecanismos eficaces que estimen pertinentes, los recurso necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural. Sin que lo anterior soslaye la circunstancia que tales instituciones gubernamentales pudieran alegar estar material y jurídicamente imposibilitadas para ello conforme a las normas que regulan los principios de la autonomía municipal y de que las partidas presupuestales son inembargables, así como que el presupuesto de egresos e ingresos se encuentran ya aprobados. Pues lo cierto es que lo que se pretende es que, sin dejar de observar las leyes que regulan los referidos principios, cumplan con lo que ordena la Constitución Política del Estado de Yucatán, en sus artículos 30 fracción VIII bis y 55 fracción IX, es decir, proporcionen el auxilio necesario al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para el ejercicio expedito de sus funciones. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
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