Santiago González Tovar
Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Santiago González Tovar
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, ya transcurrió para la parte promovente Santiago González Tovar, promovida a su favor por Julio César Serna Ventura, por tanto, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de marzo de dos mil veintidós. Perito rinde dictamen. Agréguese el oficio signado por el perito oficial Roselio Lima Vázquez, mediante el cual rinde su dictamen en materia de contabilidad; en consecuencia, requiérase al citado experto, a través del Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, comparezca ante este Juzgado a ratificar el contenido y firma de su dictamen, para estar en condiciones de tomarlo en consideración al emitir el fallo correspondiente. Apercibido que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, visible en la página: 235, 1a./J. 7/2005, bajo el rubro siguiente: "DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 150 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala establece expresamente que "El perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia especial", sin hacer distinción respecto a si dicha disposición se dirige al oficial, al designado por las partes o al tercero en discordia. La referida obligación tiene por objeto establecer la autenticidad de la prueba mediante el perfeccionamiento formal que exige la ley, pues tratándose de una prueba constituida fuera de la intervención directa del juzgador, resulta indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente para hacer indubitable su valor, esto es, la ratificación de los dictámenes periciales impuesta por la ley hace que la prueba sea digna de crédito y, consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada; máxime si se toma en cuenta que el peritaje puede emitirse por una persona distinta de la designada, o puede ser sustituido o alterado sin conocimiento del perito nombrado, además de que también es admisible su modificación parcial o total en el momento de ratificarse. Es indudable que la opinión pericial no ratificada es una prueba imperfecta porque no cumple con la condición formal que la ley le impone para otorgarle certeza y seguridad jurídica, es decir, que quien la suscribe es efectivamente la persona designada para ello y que su opinión es verdadera, por lo que sin el mencionado requisito no es dable otorgar validez probatoria a los dictámenes emitidos, incluso los que provengan de peritos oficiales. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 142 del citado código exceptúe al perito oficial que acepte el cargo de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las diligencias, pues tal disposición únicamente lo exime de rendir dicha protesta, pero no de ratificar su opinión." Así también la Tesis aislada XXXIV/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Febrero de 2016, visible en la página: 673, bajo el rubro siguiente: "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE. Esta Primera Sala ha establecido, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.)¹, la inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, por vulnerar el derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que ofrezcan, pero obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina un desequilibrio procesal que conduce a considerar que la opinión pericial que no sea ratificada debe estimarse imperfecta y, en tanto no cumpla con dicha condición, carente de valor probatorio alguno; sin embargo, la desigualdad procesal advertida no da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados constituyan prueba ilícita que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente. Ello es así, en tanto que la formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, a la metodología y conclusión del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la imposibilidad de conferirle valor probatorio, se insiste, hasta en tanto el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. En consecuencia, a fin de restaurar la igualdad procesal entre las partes, basta con que se ordene la ratificación del dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para que el señalado vicio formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el juez." Por tanto, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento del experto que podrá ratificar el contenido del presente dictamen, mediante escrito dirigido a este órgano federal vía electrónica que contenga su firma electrónica. No obstante, si no puede hacerlo de esa forma, deberá observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En caso de generar la cita a través del código QR, deberá presentarse debidamente identificado con credencial oficial y vigente, a aceptar y protestar el cargo conferido en formal diligencia ante la presencia judicial. De igual modo, para estar en posibilidad de coordinar la diligencia de mérito, el perito deberá comunicarse al teléfono: 241 418 81 90 extensión 1308, (en un horario de ocho a trece horas de lunes a viernes) una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Se difiere audiencia incidental. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior y atento a la certificación secretarial que antecede, se difiere la audiencia relativa al incidente de liquidación señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista con cumplimiento. Agréguese el oficio, con anexos, signado por Aleyda Corona Cruz, Presidenta de la Comisión de Agua Potable de la Comunidad de la Ascención Huitzcolotepec, Municipio de Xaltocan, Estado de Tlaxcala, personalidad que acredita con copia certificada del nombramiento otorgado el uno de enero de dos mil veintidós, asimismo, en cumplimiento al auto de cuatro del mes y año en curso, manifiestan haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, debiendo correrle traslado con copia del oficio de cuenta y anexo, por el término de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Asimismo, se toma conocimiento de que Aleyda Corona Cruz actualmente es quien ostenta al cargo de Presidenta de la Comisión de Agua Potable de la Comunidad de la Ascención Huitzcolotepec, Municipio de Xaltocan, Estado de Tlaxcala, en ese sentido dígasele que en términos de los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se encuentra obligada a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, se toma conocimiento del domicilio de ********************anterior Presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ascensión Huitzcolotepec, Municipio de Xaltocan en el Estado de Tlaxcala. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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